“Ese mismo día, se toma una segundad muestra, de la que se conocen los resultados el día 29, en el que, como todos los años, se cierra por mantenimiento, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Se confirma la presencia de la bacteria en el circuito del agua caliente sanitaria pero no en los vasos de baño ni en las duchas, por lo que el baño en las piscinas nunca ha supuesto un riesgo para los usuarios”, precisó.

El 30 de marzo, se hizo una limpieza del circuito ACS y está programada una nueva toma de muestras para esta semana “para confirmar la eficacia” del tratamiento realizado.

“La información publicada la semana pasada, en la que calificó de bulo la existencia de legionela, se debió a que no había sido informado rigurosamente previamente por la empresa que gestiona el servicio de los resultados de los análisis”, aseguró el concejal.

“De haberlo sabido, no habríamos negado la existencia de este brote. En ningún momento ha habido peligro para los usuarios de la piscina, al contar con un circuito independiente de las duchas. A partir de ahora, se espera la realización y resultados de los análisis que permitan la reapertura de las duchas”, recalcó.

La Concejalía de Deportes apuntó que “se han tomado las medidas oportunas para mejorar los sistemas de información y evitar que, ante este tipo de problemas, la Institución municipal emita mensajes que no se corresponden con la situación real”.

“Enorme gravedad”

En este contexto, el Partido Popular de Zamora consideró de “enorme gravedad” el caso de legionela y pidió la dimisión del concejal de Deportes, especialmente, después de que el edil “saliera, hace unos días, desmintiendo el positivo, tranquilizando a la población y haciéndose eco el propio Ayuntamiento en sus canales oficiales”.

Los ‘populares’ incidieron en que la “responsabilidad” de las instalaciones deportivas municipales recae en el concejal de Deportes y calificaron de “intolerable” que “se pueda llegar a poner en riesgo las salud” de los ciudadanos por” incapacidad, negligencia o falta de comunicación”.

De esta forma, reclamaron la asunción de responsabilidades políticas y la dimisión del concejal “por la incompetencia mostrada en este caso y por haber mentido, por desconocimiento o por incapacidad, a todos los zamoranos”.

“Falta de rigor”

Asimismo, Zamora Sí pidió el cese del edil de Deportes tras las explicaciones expuestas en rueda de prensa sobre al brote de legionela. “Evidencian una falta de rigor y responsabilidad en un asunto de salud pública Zamora. El propio concejal ha reconocido una falta de coordinación en la comunicación entre la empresa gestora, los servicios técnicos y la Concejalía, una circunstancia que no puede justificar lo ocurrido en un asunto relacionado con la salud pública”, subrayaron fuentes de la formación política.

“El pasado 9 de abril, el concejal desmintió de forma categórica cualquier problema, calificando de ‘rumores infundados’ las informaciones que circulaban y asegurando que no existía riesgo alguno para los usuarios. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas posteriormente sitúan el origen de la incidencia en el mes de marzo, con un positivo previo que evidencia que no se trataba de un simple rumor”, rubricaron.

Durante trece días naturales, los propietarios de las 447 papeletas registradas -tres quedaron fuera por no registrarse- en la plataforma online habilitada por la comisión de fiestas, ya constituida como asociación, desfilaron de buen ánimo por la oficina central de Abanca en la capital leonesa, donde recibieron una cuantía de 59.396 euros netos por cada papeleta, ya que el dinero correspondiente a las tres no registradas, unos 396 euros por cada una, se repartió entre todos los premiados.

El proceso de registro de papeletas finalizó el 22 de marzo con con 447 registradas de las 450 existentes. Los portadores de seis de estas papeletas no aceptaron el convenio propuesto por la asociación de fiestas para el cobro con quita del premio, después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados.

No obstante, minutos antes de que el pasado 24 de marzo se iniciara el proceso de pago, el abogado de la asociación, Antonio Gómez Gallardo, explicó que los propietarios de esas seis papeletas que a la hora de registrar sus papeletas mostraron su oposición al acuerdo de la quita también podrían cobrar su premio. De acuerdo con lo expuesto por Gómez Gallardo, “la idea es que se les intente pagar también, sin privilegios, pero sin perjuicios”. Así, se pondrá a su disposición el mismo dinero que a los demás y sin compromiso, es decir, “se les pagará y, si luego quieren litigar, pueden hacerlo”, pero eso “ya no paralizará el cobro”.

Así, a día de hoy queda por conocerse la decisión ante la opción de cobro de los propietarios de esas seis papeletas, así como si, una vez finalizado hoy el proceso último del periplo que se inició en diciembre al conocerse que se habían vendido más papeletas de las que estaban consignadas, decidirán o no presentar acciones legales contra la comisión de fiestas de Villamanín, ahora asociación.

Diez décimos de Los propietarios de las 447 papeletas registradas tenían derecho a 59.396 euros por cada una, hubieran aceptado o no el acuerdo, aunque queda por saber si alguno de ellos decide iniciar acciones legalesmás

El 26 de diciembre del pasado año, cuatro días después de que Villamanín (León) se inundara de alegría por haber sido agraciada con ‘El Gordo’, ya que el 79432, dejó en la localidad 35,6 millones de euros gracias a 89 décimos agraciados que fueron vendidos a través de participaciones de cinco euros, la lluvia de billetes se vio opacada al conocerse la noticia de que la comisión de fiestas podría haber vendido diez décimos más de los que tenía consignados, repartidos en 50 papeletas.

Según fuentes consultadas en aquel momento por Ical, el problema estaría en que a la comisión se le olvidó devolver un taco de 50 papeletas, por lo que no tenía asociados los décimos correspondientes, de forma que quedaron en el aire cuatro millones de euros de premios -80.000 euros por cada papeleta- que no podrían cobrarse.

Por este motivo, la comisión de fiestas celebra esta tarde una reunión en la que propondrán a los vecinos afortunados que cada una de las papeletas premiadas cobre un seis por ciento menos del premio, es decir, 4.800 euros menos, para poder cubrir el dinero de los décimos vendidos sin consignar.

Tras una primera reunión de varias horas celebrada ese 26 de diciembre entre los premiados, la comisión de fiestas y el abogado Gómez Gallardo, se alcanzó el acuerdo de los miembros de la comisión cedieran su premio asumir parte de los cuatro millones de euros perdidos por la venta de diez décimos más de los que tenía consignados, mientras que los demás premiados accedieron a aportar un porcentaje de su premio para poder repartirlo entre todos los agraciados.

El concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, aseguró que se trata de un cartel “completo y variado”, que combina conciertos de pago y actuaciones gratuitas, pensado para todos los públicos y en el que se vuelve a apostar por la colaboración público-privada. En cuanto a los escenarios, este año los eventos se desarrollarán en el antiguo Regimiento de Artillería, la plaza de Artillería y la plaza Mayor, entre otros espacios de la ciudad.

La macro orquesta Panorama City será la encargada de inaugurar el programa musical el domingo 21 de junio, un día después del inicio oficial de las fiestas. Actuará en el antiguo Regimiento de Artillería con un espectáculo de “gran formato” y gratuito hasta completar aforo.

La noche de San Juan, el 23 de junio, la artista Leire Martínez, la antigua componente de La Oreja de Van Gogh, actuará en la plaza de Artillería, junto al Acueducto. Por su parte, el miércoles 24, la plaza Mayor acogerá la Fiesta Bresh, conocida como “la fiesta más bonita del mundo”, que contará con la participación de Djs tanto internacionales como locales.

Siloé, Negrita Music Fest y Taburete

Los tres conciertos de pago, Siloé, Negrita Music Fest y Taburete, tendrán lugar en el recinto del antiguo Regimiento de Artillería. El jueves 25 de junio será el turno de Siloé, que llegará con su gira ‘Campo Grande’, uno de los momentos “más destacados” en la trayectoria de la banda vallisoletana.

Su directo, reconocido por su intensidad y su capacidad de conexión con el público, trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse “en una experiencia colectiva llena de emoción y energía”. Las entradas estarán disponibles en dos modalidades, Front Stage (55 euros) y General (38 euros).

El viernes 26 se celebrará el Negrita Music Fest, un evento especialmente dirigido al público joven, con la participación de DJs nacionales e internacionales como Valentino, Alvama Ice, Cmari, Félix Clain y Microdosis. Las entradas tendrán un precio de 18 euros y podrán adquirirse a través de la web negritamusicfestival.com.

El 28 de junio actuará Taburete, una de las bandas más populares del pop español actual, que presentará en directo su nuevo álbum, ‘El perro que fuma’. Esta gira recorrerá la península en 2026 con un espectáculo renovado, tanto en sonido como en escenografía, “que promete marcar un antes y un después en la trayectoria del grupo, manteniendo su esencia festiva, energética y emocional”, apuntó Cobos. Las entradas estarán disponibles en dos modalidades, Front Stage (48 euros) y General (33 eurps).

Las entradas para los conciertos de Siloé y Taburete estarán disponibles a partir de mañana martes a través de la plataforma entradas.com. Con este anuncio comienza a desgranarse el programa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de este año. Según señaló Cobos, el objetivo es repetir el éxito de la edición anterior, “con una programación de calidad, dirigida a todos los segovianos, en la que no faltarán propuestas como la Feria de Día y la participación activa de las peñas de los barrios de Segovia”.

Los medios humanos y materiales del dispositivo estarán dirigidos por el responsable del Plan de Autoprotección y coordinados por un miembro designado por el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros y otro por parte de la Delegación Territorial de la Junta.

El grupo sanitario, compuesto por 25 integrantes, dispondrá de tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME), así como la posibilidad de asistencia en el Centro de Salud de Tordesillas, que se mantendrá en alerta ante cualquier emergencia. Al equipo sanitario se le añaden los técnicos e inspectores del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León que se encargarán de la vigilancia sanitaria, sanidad ambiental e higiene de los alimentos.

El equipo de Apoyo Logístico estará compuesto por 97 personas: 35 miembros de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil; cinco efectivos de la Unidad de Apoyo Logístico de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y la unidad Fénix de Drones, así como personal contratado por el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros que estarán a cargo de los servicios de obras, infraestructuras, instalaciones y mantenimiento.

Asimismo, el grupo de extinción de incendios contará con una dotación de tres bomberos y un vehículo de intervención del Servicio de Salvamento, Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación Provincial de Valladolid.

Al margen del trabajo que realizarán los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también se contará con la asistencia de un grupo de seguridad privada formado por nueve personas.

Por otro lado, se destacó como novedad el aumento en el número de voluntarios de Protección Civil: se pasará de 30 a al menos 35, con la posibilidad de llegar a 40.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, y representantes de todas las instituciones y entidades integradas en el dispositivo preventivo mantuvieron esta mañana la reunión de coordinación en el dispositivo preventivo

Durante la reunión se contó con todas las entidades encargadas de la seguridad como son la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, Agencia de Protección Civil y Emergencias, Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid (Sacyl), Servicio Territorial de Sanidad y Asociación de Voluntarios de Protección Civil. También han participado representantes del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, como organizador de las actividades, la Diputación Provincial de Valladolid y la Subdelegación del Gobierno.

Por otro lado, la Junta destina un total de 260.000 euros para los actos de celebración, de los cuales 120.000 se destinarán al operativo logístico, 70.000 para la programación artística y 70.000 para la escultura conmemorativa y el futuro espacio cultural, ambos con motivo de los actos conmemorativos del 50 aniversario del primer Villalar.

Respecto a la movilidad, se habilitarán nuevas parcelas para aparcamiento cercanas a los accesos para poder ser usadas en caso de saturación, con el objetivo de evitar largas esperas como las del año pasado. Aunque puedan suponer un pequeño aumento en la distancia a pie, se consideró que compensan porque reducen el tiempo de espera.

La regularización extraordinaria, que el Gobierno tiene prevista llevar al Consejo de Ministros mañana, contará con un dictamen del Consejo de Estado que, según apuntó Calvo, incluirá observaciones “para mejorar la decisión una vez sea tomada en términos jurídicos y de eficacia”.

“Pensamos que la decisión tomada por el Gobierno actual es una decisión que se tiene que tomar con una serie de requisitos que pensamos que la mejoran”, por lo que desde el Consejo de Estado se guiará “para hacer las cosas mejor de acuerdo a nuestras leyes”. El Consejo de Estado ha deliberado “largo y tendido” sobre este asunto de regularización de inmigrantes. “Particularmente nos preocupan los antecedentes penales de ciudadanos que puedan regularizar su situación”, aseguró Calvo.

En este sentido, se expuso “que no vale la declaración de la falta de antecedentes penales, hay que garantizar que no existen”. También apuntó apreciaciones sobre los apátridas “no pueden regularizar por esta vía, sino por la ley especial para tratar a los apátridas, los que llegan sin consideración legal de una patria previa”.

En total, son siete las observaciones “esenciales” del Consejo de Estado “para que mejoren la decisión y se alcance el objetivo de la regularización, así como para que el encargo de administraciones se haga correctamente”.

Si todo sigue el guion previsto, Francisco Vázquez, que se acerca a los 67 años, dará el relevo en la duodécima legislatura como presidente de las Cortes a Carlos Pollán, de Vox. Se convertirá, además, en el sexto presidente de las Cortes que pertenece al Partido Popular y en el segundo que tendrá la provincia de Segovia.

Vázquez, que ha sido vicepresidente primero de las Cortes durante siete años y procurador durante 16 años, aunque en dos periodos diferenciados, entre 1995 y 2004 y entre 2019 y la actualidad, se convertirá en su sexta legislatura en el presidente del legislativo, que cuenta con 82 procuradores, de seis partidos -PP, PSOE, Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila-, en el que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta.

Francisco Vázquez suma su nombre a la nómina de presidentes de la Cámara, de los que hasta ahora siete han sido varones y dos mujeres. La etapa autonómica se inauguró, en mayo de 1983, con el socialista Dionisio Llamazares, único dirigente del PSOE que ha ostentado esta responsabilidad. Le sucedió en 1987 Carlos Sánchez-Reyes, del CDS, que cedió en 1991 el testigo al recientemente fallecido Manuel Estella, primer presidente del PP, que se mantuvo en el cargo durante tres legislaturas completas -hasta 2003-, lo que le convierte en el dirigente que más años ha ocupado este cargo.

El ‘popular’ y abulense José Manuel Fernández Santiago también presidió el parlamento autonómico durante la sexta y la séptima legislatura, de 2003 a 2011. No fue hasta junio de 2011 cuando las Cortes tuvieron a su primera presidenta, la salmantina María Josefa García Cirac (PP), a la que sucedió otra mujer, la segoviana Silvia Clemente, que fue elegida por las filas del PP, pero dejó el partido y renunció a su cargo.

La sustituyó en la recta final de la novena legislatura el burgalés Ángel Ibáñez (PP), hasta ahora el último presidente del PP que han tenido las Cortes. Los dos siguientes fueron Luis Fuentes (junio de 2019 a marzo de 2022), que en ese momento pertenecía a Ciudadanos, si bien terminó dejando el partido, y Carlos Pollán, de Vox, que mañana dará el relevo al procurador Francisco Vázquez.

Jurista, funcionario y político

Francisco Vázquez (10 de junio de 1959, Segovia), casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Colegio de Segovia. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de la Administración Autonómica de Castilla y León, cuenta con formación en liderazgo y gestión pública en la administración, así como en derecho público, autonómico y de la Unión Europea.

Vázquez llegó a las Cortes como procurador por su provincia en 1995, donde permaneció hasta el año 2004. En este periodo fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular entre 2001 y 2003. Posteriormente inició su etapa en la Cámara Alta como senador por Segovia (2004-2011).

Aunque fue concejal y portavoz del PP del Ayuntamiento de Segovia (2003-2007), no fue hasta 2011 cuando fue elegido presidente de la Diputación de Segovia y del Museo Esteban Vicente, cargo que ostentó hasta 2019, cuando regresó al parlamento autonómico y se convirtió en vicepresidente primero, responsabilidad que ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente, Francisco Vázquez ha sido presidente del Partido Popular de Segovia durante 17 años, entre el 2000 y el 2017. En ese ejercicio se convirtió en secretario autonómico del PP de Castilla y León al llegar a la Presidencia Alfonso Fernández Mañueco. En el último congreso, celebrado en León en 2022, fue reelegido en su cargo como ‘número dos’ de la formación.

Dentro de 51 días, a intervalos de un cuarto de hora, sonará desde las siete de la tarde las tres bombas que marcarán la salida del toril de ‘Glorificado’, en un año especial para el municipio, ya que la Junta de Castilla y León ha reconocido al Ayuntamiento de Benavente con el ‘Premio Castilla y León de Tauromaquia de 2025’, como consistorio “organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular de los festejos taurinos como los toros de cuerda”.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, concedió, desde el balcón del Ayuntamiento y ante miles de benaventanos, el que será el Toro Enmaromado de 2026, así como los toritos del alba. “Hoy no es un día cualquiera. Es el día de nuestra patrona, cuando Benavente se encuentra consigo mismo. El lunes más especial de todo el año. Toro, toro, toro…”, dijo en vez alta la alcaldesa, quien bromeó con que “este año no ha habido imprevistos”, en alusión al apagón registrado el 28 de abril de 2025, en la fiesta de La Veguilla, cuando más de 50 millones de personas se quedaron sin luz en España, Portugal y el sur de Francia.

La regidora, quien dedicó un recuerdo a todos los ausentes y valoró el esfuerzo de todas las personas que participan en el desarrollo de las Fiestas del Toro Enmaromado, exhortó a todos los asistentes a que reclamaran “con fuerza” el astado, bajo el tradicional grito ‘toro, toro, toro’, que fue coreado con insistencia hasta la concesión final, rubricada por la aparición de la imagen del animal en la gran pantalla instalada bajo el balcón.

Así figura en el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), dependiente del Imserso, al que accedió Ical, que constata que el tiempo medio de resolución de peticiones se situó en marzo en 116 días en la Comunidad, también la cifra más baja de España, donde la media alcanzó los 329 días. Murcia se situó en cabeza con 553 días, seguida de Andalucía (464), Asturias (375) y Canarias (374).

Castilla y León es la quinta comunidad con más solicitudes tramitadas con 160.682, por detrás de Andalucía, que con 469.701 figura a la cabeza, por delante de Cataluña (423.410), Madrid (282.861) y Comunidad Valenciana (239.221). En el último año las solicitudes incrementaron en la Comunidad un 0,1 por ciento (143), mientras que en el conjunto de España la subida fue del 7,3 por ciento (160.175), hasta un total de 2,3 millones.

En cuanto a las prestaciones, en Castilla y León, la media es de 128,7 euros para usuarios de grado I, 216 euros para grado II y 297,8 euros para el III, en el caso de prestaciones de cuidados familiares. En el caso de prestaciones de asistencia personal, estas llegan hasta una media de 719 euros, en el caso del grado III, mientras que se quedan en 537,4 euros en el grado II y en 296,8, en el grado I. Por su parte, las vinculadas al servicio de ayuda a domicilio oscilan entre los 611,2 euros del grado III y los 241, 4 del grado I, mientras que las de servicio de atención residencial son de 156,8 euros para el grado I, 425,5 euros para el grado II y 565,4 euros para el III.

Rodríguez aseguró que la «mejor manera» de resolver el problema de acceso a la vivienda es la construcción de vivienda pública “asequible”, destinada a las personas que más lo necesitan. “Estamos en un momento en el que vamos a culminar el Plan de Recuperación y el Gobierno de España puede dar buena cuenta de una buena ejecución de estos fondos, en colaboración con todas las administraciones, porque además los hemos utilizado para lo prioritario, como es el caso de la vivienda”, afirmó la ministra.

Añadió que, durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez, ha conseguido para Castilla y León una inversión de 670 millones de euros desde 2018, que han permitido la construcción y rehabilitación de más de 15.500 viviendas, casi 2.000 de nueva construcción y 13.500 de rehabilitación. «Esta es la fórmula, un proyecto de parque público de vivienda que nos permita contener el mercado y garantizar el derecho de acceso a la vivienda. El modelo es de una vivienda pública, protegida y con canales de adjudicación transparente para garantizar la igualdad de todas las personas en el acceso a este derecho y que con este ritmo de construcción podamos parar a ese mercado salvaje que se está comiendo las rentas”, subrayó.

La titular de Vivienda aprovechó la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para agradecer la colaboración de la Comunidad en la redacción del Plan Estatal de Vivienda que “es la primera vez que ha pasado por el Consejo de Estado, hemos recibido sus aportaciones, las estamos incorporando y en apenas una semanas podré elevarlo al Consejo de Ministros para, lo antes posible, poder desarrollarlo con otras administraciones”. Un plan que, como indicó, “supone que en Castilla y León vamos a pasar de una inversión en el anterior de 101 millones a destinar 378 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento se dirigirá a ampliar el parque público de vivienda asequible de nuestro país”.

Rodríguez aseguró que el Gobierno seguirá con el interés de mantener lo público para garantizar el derecho a la vivienda y, mientras tanto, apostó por “contener” el mercado, con unos precios “insostenibles”. En ese sentido, pidió “regulación” para “congelar el alquiler, dar tranquilidad y ampliar los contratos, prohibir alojamientos turísticos ilegales y eliminar las Golden Visa para evitar que ”los poderosos vengan a apropiarse de las casas que tienen que ser para nuestros vecinos”.

Por su parte, Suárez-Quiñones destacó la importancia de “sumar esfuerzos” en política de vivienda y puso como ejemplo la promoción de 40 viviendas visitada en Ávila donde “sobre un suelo municipal se hace un edificio de viviendas muy moderno, eficiente y con las máximas calidades, con una inversión de 5,3 millones de los cuales dos millones son fondos europeos y el resto son fondos que la Junta pone de su propio presupuesto y de financiación que luego hay que devolver”. También apuntó que en la provincia de Ávila, a través de varios modelos, al parque público de alquiler social asciende a 208 viviendas y se añadirán 247.

“La Junta, con distintas vías de financiación, está poniendo 900 millones de euros en materia de vivienda, 247 de la Unión Europea, otros 110 del Gobierno de España y después tenemos ayudas fiscales de 112 millones, 347 del presupuesto y de la vía financiada, e incluso las diputaciones nos ayudan con otros 30 millones a nivel de Castilla y León”, señaló el consejero en funciones, quien reclamó al Gobierno de España “la máxima interlocución para “ese Plan Estatal de Vivienda que está a punto de salir”, al tiempo que recordó a la ministra que en la Comunidad hay “colaboradores leales” en el objetivo de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.