El censo exterior pasa de 161.553 a 187.461 personas, un incremento del 16 por ciento. Por el contrario, el número de electores residentes en Castilla y León desciende un 0,2 por ciento, desde los 1.922.183 de julio de 2023 hasta los 1.918.977 de la nueva convocatoria. La suma de ambos grupos deja un saldo de 22.702 electores más, informa Ical.

Valladolid concentra el mayor censo total, con 440.219 personas, seguida de León, con 425.983; Salamanca, con 304.762; Burgos, con 300.630; Zamora, con 162.251; Palencia, con 137.466; Ávila, con 136.598; Segovia, con 121.460, y Soria, con 77.069.

El electorado total aumenta en seis provincias. Valladolid encabeza el crecimiento porcentual, con un 2,05 por ciento, seguida de Soria, con un 1,72; Segovia, con un 1,68; Burgos, con un 1,43; Salamanca, con un 1,42, y León, con un 0,72. En cambio, descendió en Zamora, un 0,46 por ciento; Palencia, un 0,13, y Ávila, un 0,05.

Censo exterior

Los electores residentes en el extranjero aumentan en las nueve provincias. Soria registra el mayor incremento porcentual, con un 24,02 por ciento, seguida de Valladolid, con un 20,40, y Burgos, con un 18,60. Los avances alcanzaron el 16,29 por ciento en Palencia; el 15,67 en Zamora; el 15,64 en Salamanca; el 14,73 en Ávila; el 14,62 en Segovia, y el 13,23 en León.

León reune el mayor número de inscritos en el exterior, con 55.080, seguida de Salamanca, con 36.586; Zamora, con 24.104; Burgos, con 22.373; Valladolid, con 17.741; Ávila, con 9.602; Soria, con 9.060; Palencia, con 8.737, y Segovia, con 4.178.

Argentina es el principal país de residencia de este electorado, con 65.801 personas vinculadas a las circunscripciones de Castilla y León, el 35,1 por ciento del censo exterior. Le siguen Francia, con 23.744; Cuba, con 10.207; Alemania, con 9.859; México, con 9.365, y Estados Unidos, con 9.257.

Descenso de residentes

El censo de residentes retrocede con respecto a las anteriores elecciones de 2023 en seis provincias. Zamora anota la mayor reducción, tanto en términos absolutos como relativos, con 4.012 electores menos y una caída del 2,82 por ciento, hasta los 138.147. Le siguen, por descenso porcentual, Palencia, con un 1,08 por ciento menos, hasta los 128.729; Ávila, con un 1,02, hasta los 126.996; León, con un 0,90, hasta los 370.903; Soria, con un 0,66, hasta los 68.009, y Salamanca, con un 0,26, hasta los 268.176.

Por el contrario, Valladolid gana 5.832 electores residentes, un 1,40 por ciento, hasta los 422.478. Segovia incorpora 1.473, un 1,27 por ciento, hasta los 117.282, mientras que Burgos suma 720, un 0,26 por ciento, hasta los 278.257.

Nuevos electores

Un total de 68.394 jóvenes residentes en Castilla y León podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la convocatoria del 23 de julio de 2023.

Valladolid concentra el mayor número, con 16.694, seguida de León, con 11.817; Burgos, con 10.633; Salamanca, con 9.493; Segovia, con 4.623; Ávila, con 4.546; Palencia, con 4.213; Zamora, con 3.954, y Soria, con 2.421.

Por edades, la franja de 60 a 64 años reúne el mayor número de electores residentes, con 184.047, seguida de la de 55 a 59 años, con 179.106, y la de 50 a 54, con 174.381. Las personas de 50 años o más representan el 63,2 por ciento del censo residente y las de 65 años o más, el 35,2 por ciento.

En las próximas elecciones del 29 de noviembre tienen derecho a voto 982.257 mujeres y 936.720 hombres, por lo que las féminas representan el 51,2 por ciento del electorado.

Consulta del censo

El INE fijó del 12 al 19 de octubre el plazo de consulta del censo electoral y presentación de reclamaciones. Los residentes en España podrán comprobar sus datos en los ayuntamientos y las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, mientras que los inscritos en el extranjero podrán hacerlo en las oficinas consulares. La consulta también estará disponible en la sede electrónica del INE mediante el sistema Cl@ve.

El organismo anunció el envío de las tarjetas censales a partir del 2 de noviembre y recordó que los electores residentes en el extranjero podrán votar sin solicitud previa. El periodo habilitado para depositar el voto en urna en los centros de votación en el exterior abarcará del 21 al 26 de noviembre.

En el conjunto de España, el censo alcanzó los 38.728.356 electores, un 3,36 por ciento más que en 2023. De ellos, 35.958.711 residían en el país y 2.769.645 en el extranjero. Además, 1.615.127 jóvenes residentes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales.

Así lo explicó hoy el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la celebración de una sesión del Consejo de Comercio de Castilla y León, en la que estuvo acompañado por la secretaria general de la Consejería y la directora general de Comercio y Consumo, informa Ical.

Suárez-Quiñones señaló que la normativa estatal establece un mínimo de diez domingos y festivos de apertura comercial al año. En el caso de Castilla y León, explicó que se mantiene el mínimo fijado por la legislación estatal, una posición que volvió a contar con el respaldo de los distintos sectores representados en el Consejo.

“Hay una ley estatal básica que establece un mínimo de diez jornadas de apertura”, recordó el consejero, quien precisó que en Castilla y León “rige la norma estatal en su cifra mínima”, por lo que la propuesta es mantener ese número durante el próximo ejercicio.

En este sentido, detalló que las distintas organizaciones y administraciones presentes en la reunión plantearon sus posiciones sobre el calendario comercial de 2027, con un acuerdo generalizado en torno a las diez jornadas de apertura autorizada.

No obstante, el responsable autonómico reconoció que existe una discrepancia concreta respecto a las fechas del puente de diciembre. “Hay unanimidad en todas las fechas. Hay una en la que hay diferentes opiniones, que es abrir el día 5 o el día 6 de diciembre”, explicó.

Ante esta diferencia, Suárez-Quiñones indicó que los representantes del Consejo expusieron los argumentos y fundamentos que justifican cada una de las opciones, que serán valorados por la Administración autonómica antes de adoptar una decisión definitiva. “Se aportan los razonamientos y los fundamentos de una y otra y después la Junta decidirá”, manifestó.

El consejero recordó que la propuesta del Consejo de Comercio constituye un informe preceptivo, pero no vinculante, por lo que corresponderá al Ejecutivo autonómico aprobar mediante la correspondiente disposición el calendario definitivo de domingos y festivos de apertura comercial para 2027.

Durante su intervención, Suárez-Quiñones destacó el papel del Consejo de Comercio como órgano de participación y consulta en el que están representadas las distintas administraciones territoriales, desde la Administración General del Estado hasta la autonómica y las entidades locales, además de los principales agentes económicos y sociales vinculados a la actividad comercial.

En concreto, recordó que forman parte de este órgano representantes del comercio mayorista y minorista, grandes superficies, pequeños establecimientos, organizaciones de consumidores y sindicatos.

Según explicó, el Consejo desempeña una doble función, al servir como espacio de consulta para la adopción de decisiones de la Junta en materia comercial y emitir informes sobre las iniciativas que afectan al sector antes de su aprobación por parte de la Administración autonómica.

Balance de la Estrategia de Consumo 2024-2027

La reunión también abordó el seguimiento de la Estrategia de Consumo de Castilla y León 2024-2027. Suárez-Quiñones explicó que la directora general de Comercio y Consumo presentó un informe sobre el desarrollo de esta estrategia durante el ejercicio 2025, con especial atención a las distintas actuaciones y políticas desarrolladas en el marco de los planes anuales previstos.

El consejero recordó que la estrategia se articula mediante programas de actuación anuales, por lo que la sesión permitió trasladar a los miembros del Consejo la información relativa a su ejecución durante el pasado año.

Finalmente, Suárez-Quiñones justificó la ausencia de valoraciones políticas sobre las actuaciones de la Consejería por el actual periodo preelectoral, que, según señaló, obliga a las administraciones públicas a mantener una comunicación institucional objetiva.

“Estamos en un periodo preelectoral donde la comunicación por parte de las administraciones y las instituciones tiene que ser objetiva y sin valoraciones, sin determinación de logros ni de proyecciones de futuro”, concluyó.