Según figura en el extracto de la Orden, consultado por Ical, podrán ser beneficiarios de las ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que vayan a cursar educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2026-2027, siempre que la renta de la unidad familiar en el año 2024 no supere en 3 veces el IPREM establecido para el año 2025 de 25.200 euros anuales.

En los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, el beneficiario será la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor.

El crédito previsto para las ayudas dinerarias contenidas en la convocatoria de ‘Releo Plus’ para el curso 2026-2027, de once millones de euros, podrá ser ampliado hasta el límite necesario para el abono de las ayudas dinerarias a los beneficiarios que cumplan con las condiciones.

Los libros y materiales entregados como ayudas en especie procederán del Banco de Libros de Texto de Castilla y León, con un valor estimado en cinco millones de euros.

En el caso de que el banco de libros de texto y material curricular ubicado en el centro no dispusiera de las existencias necesarias para atender las solicitudes de los beneficiarios, se les concederá una ayuda dineraria que se corresponderá con el importe de la adquisición de los libros necesarios con límites de 280 euros para financiar la adquisición de libros de texto de educación primaria y de 350 euros para los libros de texto de secundaria.

El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el día 19 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Fernández Mañueco insistió en que desde el Gobierno de Castilla y León se “garantiza” el compromiso con los recursos económicos necesarios a la Universidad de Burgos y a todas las universidades. Lo dijo durante su comparecencia acompañado por el rector de la UBU, José Miguel García, al término de la reunión que mantuvieron, en la que reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con la implantación del grado de Medicina, con una oferta de 72 plazas anuales de nuevo ingreso.

Preguntado acerca de la inversión inicial que se maneja para la financiación del primer curso académico del nuevo grado de Medicina en la UBU, Fernández Mañueco recordó que se trabaja en la actualidad en un proyecto de reforma del edificio del Hospital Divino Valles, que será la Facultad para acoger estos estudios universitarios.

“Una vez que tengan terminado el proyecto de reforma, tendremos una reunión, tanto con la Universidad de Burgos, la Universidad de León, el resto de universidades, y hablaremos del futuro”, declaró el presidente, y aseveró que el Gobierno de Castilla y León estará “a la altura de esta nueva exigencia”.

Alfonso Fernández Mañueco comenzó su intervención aplaudiendo la labor de la UBU, a la que tildó como una universidad “dinámica”, que destaca en los rankings de investigación, y que también es “muy pujante en patentes y en publicaciones científicas de alto impacto”, y que, sobre todo, “tiene una gran proyección”. Por eso, ensalzó que es “una institución de la que estamos todos muy orgullosos y seguimos apoyando con fuerza para que siga alcanzando importantes logros de futuro”.

En esta línea, recordó que en la apertura del pasado curso académico en Castilla y León, anunció en el campus burgalés “liderar el consenso” entre las cuatro universidades públicas para implantar distintos grados sanitarios y el grado de Medicina en la Universidad de León y en la Universidad de Burgos.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que desde el Gobierno de Castilla y León “se ha estado a la altura” de las dos universidades citadas, pero, sobre todo, resaltó, “de esa ilusión colectiva que había despertado en la ciudad de Burgos y en toda la provincia y la sociedad burgalesa”.

Mañueco destacó que se trata de un proyecto de gran exigencia técnica y académica en el que la UBU avanza con paso firme y con el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León, y subrayó que el plan de estudios de Medicina se encuentra ya en trámite ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que emitirá su primer informe en el mes de diciembre.

Confía en que el informe será “positivo”

En este sentido, señaló que “no le cabe la menor duda de que ese informe será positivo”, y de que en el curso 2026-2027 empezará el curso del grado de Medicina en la UBU. “Desde el respeto más absoluto a la autonomía universitaria, seguiremos acompañando a la Universidad de Burgos para dotarse de los profesores necesarios, de las infraestructuras necesarias, y que esto sea una realidad en el curso 2026-2027”, expuso.

Mañueco aseguró que la reunión de trabajo fue “fructífera” y avanzó que “en las próximas semanas y meses iremos dando detalle, tanto de los profesores como de las infraestructuras”. Así, recalcó que la Junta “pone a disposición de la universidad todas las instalaciones, todos los centros asistenciales de Sacyl”, que son, dijo, “imprescindibles para desarrollar un grado de estas características y para que los alumnos puedan realizar las prácticas con total normalidad”.

“Estamos a disposición para que de manera inmediata puedan realizarse las adaptaciones necesarias para que sea una realidad el inicio del curso el año que viene y dotar de las infraestructuras necesarias en el edificio Divino Valles, que es el elegido para implantar la Facultad de Medicina”, exclamó.

“En nuestra tierra somos gente donde nos gusta poco el ruido, nos gustan más los resultados, más los frutos, las nueces”, afirmó, y agregó que Burgos va a contar con unos estudios de Medicina “de calidad y excelencia”, y consideró que “con lo que se nos ha trasladado una perspectiva novedosa para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno”.

Sistema universitario público “cada vez más potente y atractivo”

Con las nuevas titulaciones universitarias, Fernández Mañueco destacó que “se refuerza un sistema universitario público cada vez más potente y atractivo” en la Comunidad. “Es un hito crucial en la legislatura de talento”, resaltó. Así, manifestó que la Junta sigue fortaleciendo el sistema universitario de la Comunidad, con la reducción de tasas, el aumento de becas, la incorporación de nuevas titulaciones y una financiación un 27 por ciento superior, que supone 100 millones de euros adicionales cada año.

Castilla y León se consolida, subrayó, entre las tres comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios, superando ya los 100.000 alumnos matriculados, al mismo tiempo que recordó el compromiso de la Junta de Castilla y León con la investigación universitaria y biosanitaria, y puso como ejemplo la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.

Memoria de Medicina

Por su parte, el rector de la UBU recordó que la memoria del grado fue remitida a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) para su estudio y aprobación. En dicho documento, entre otros apartados, se refieren los medios materiales y de infraestructuras necesarias para la implantación del grado, que se ubicará en las plantas baja, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª del Hospital Divino Valles, y que contará también con un “icónico acceso lateral”, así como el plan de estudios de una titulación muy regulada por los estándares europeos y en el que destaca su apuesta por las tecnologías médicas, la inteligencia artificial, la investigación biomédica, la terapia celular y la medicina personalizada, así como por la formación de médicos en el ámbito de la asistencia primaria.

El grado en Medicina de la UBU presenta una muy alta carga práctica, especialmente desde el tercer curso en sus materias con mayor componente de experimentalidad, en las que el reparto de la docencia práctica asciende hasta el 75 por ciento frente al 25 por ciento de las clases teóricas, fijándose en estas asignaturas un modelo de enseñanza de grupos reducidos de nueve alumnos.

La bioquímica francesa describió algunos de los “profundos desafíos” a los que se enfrenta la humanidad. Así, el ámbito de la salud, campo en el que se están produciendo “grandes revoluciones como la edición genética y la inteligencia artificia, que prometen curar enfermedades que antes se consideraban incurables”, se enfrenta, a su juicio, a nuevas amenazas como” las pandemias, resistencia a los antimicrobianos y desigualdades en el acceso a la atención sanitaria que exigen no solo innovación, sino también compasión y cooperación”.

“En la agricultura debemos alimentar a una población mundial en crecimiento sin agotar los recursos del planeta. El futuro de los alimentos dependerá de nuestra capacidad para integrar la biología, la tecnología y la ecología, con el fin de producir no solo más, sino mejor y de forma más sostenible. Y en el ámbito medioambiental nos enfrentamos al reto decisivo de nuestro siglo: restablecer el equilibrio de los sistemas naturales de los que depende toda la vida”, subrayó para advertir que “la ciencia por sí sola no puede resolverlos, se requiere valentía en las políticas, creatividad en la economía y un compromiso ético compartido por todas las sociedades”.

En esta tarea de afrontar los grandes retos, la genetista y directora del Instituto Max Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín se mostró convencida de que las universidades, “santuarios del pensamiento crítico”, desempeñan “un papel único e insustituible”. “En una época en la que la información es instantánea y las opiniones se multiplican más rápido que los hechos, la universidad debe erigirse en guardiana de la profundidad, un lugar donde las ideas puedan ponerse a prueba, no solo tuitearse; donde el desacuerdo pueda razonarse, no gritarse”, subrayó.

Charpentier equiparó el trabajo científico con el realizado en el mundo del arte, la moda o los deportes, en los que hay que aplicar también “el trabajo duro, la creatividad alimentada por la disciplina, la perseverancia, la resiliencia, la ambición y la repetición silenciosa del esfuerzo diario”. “Defino mi trayectoria personal como científico como similar a la de los artistas, diseñadores o atletas. Ellos comparten un entendimiento tácito: que la excelencia no es un don, sino una práctica, una búsqueda larga, imperfecta y profundamente humana de superarse a uno mismo”, precisó Charpentier”.

La Premio Nobel de Química en 2020 defendió, asimismo, la financiación de la ciencia y el apoyo a los jóvenes investigadores porque “solo si queremos un futuro científico dinámico debemos invertir en su estabilidad, creatividad e integridad”. A ellos también les dirigió un mensaje: “no teman lo desconocido. No es su enemigo, es su mejor maestro. La incomodidad de no saber es el comienzo del descubrimiento”.

No podía faltar en su discurso referencias a su descubrimiento y comprensión del CRISPR-Cas9, un mecanismo que las bacterias utilizan como parte de su defensa inmunitaria adaptativa. Esta herramienta precisa de edición del genoma, también conocida por “tijeras moleculares”, se ha convertido, según Charpentier “en una tecnología revolucionaria y transformadora en las ciencias de la vida, la medicina y la agricultura”. “Se está utilizando para comprender los mecanismos de la vida, corregir defectos genéticos, combatir enfermedades y, potencialmente, desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles”, afirmó.

Nuevas fronteras

El proceso para llegar a este descubrimiento fue uno de los temas que elogió el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en su discurso al destacar que “su ejemplo recuerda una verdad esencial: el auténtico progreso nace de la curiosidad sin cálculo, de la ciencia no dirigida, de esa forma de estudio que se atreve a entender antes que a aplicar”.

Asimismo, Corchado resaltó que “fue su valentía intelectual la que, sin preverlo, abrió nuevas fronteras para la humanidad”. En este sentido, el rector recordó que la Universidad de Salamanca ha sido un laboratorio de ideas audaces y “la figura de Charpentier representa exactamente lo que esta institución aspira a ser: un puente entre la tradición del saber y el futuro del conocimiento”.

Finalmente, el rector insistió en que al recibirle como doctora honoris causa, la Universidad de Salamanca no le concede “un título honorífico, sino que la reconoce como parte de su comunidad intelectual y moral. Su nombre se inscribe desde ahora en la historia de esta institución junto al de quienes dedicaron su vida a ampliar los límites del entendimiento humano”.

Por su parte, Alberto M. Pendás, el investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer y padrino, en su laudatio, recordó que “Emmanuelle, de niña, soñaba desde su Juvisy-sur-Orge, en las afueras de París, con ser desde una detective a una intelectual en cualquier ámbito del mundo académico desde ciencias puras a medicina o filosofía. Vocaciones relacionadas con su vida científica que han condicionado su carrera y trayectoria vital y que son una mezcla de curiosidad, disciplina, independencia, inteligencia y determinación”.

Pendás reconoció la trascendencia científica de sus aportaciones y explicó que “gracias a los avances liderados por la empresa cofundada por la doctora. Charpentier, se ha aprobado el primer tratamiento clínico basado en CRISPR para la anemia de células falciformes, un nuevo hito de la medicina genómica”. “En un tiempo en que la ciencia parece supeditada a la rentabilidad, su trayectoria nos recuerda que las grandes revoluciones del conocimiento nacen del deseo de comprender, no del afán de producir”, indicó Pendás.

La sesión de investidura de Emmanuelle Charpentier como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, a la que acudió, entre otras autoridades la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, concluyó con la interpretación del ‘Gaudeamus Igitur’ a cargo del coro universitario.

La Consejería de Educación, que ya recoge todos los detalles de esta nueva PAU en el Portal de Educación, subrayó que tanto las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación continuarán iguales que los que se indicaron para la PAU del pasado curso.

Al igual que el pasado curso, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.

Gutiérrez comentó que las capacidades que puede aportar la ULE van desde fomentar la cultura del fuego, a ayuda en el desarrollo de planes de autoprotección de las zonas rurales, en cómo reducir la acumulación de biomasa, fomentar la educación ambiental, colaborar en la gestión de los montes y “ayudar a las instituciones para diseñar el paisaje del mañana”. La implicación de las instituciones, dijo, es imprescindible, así como que inviertan en las medidas a llevar a cabo. “Necesitamos apoyo. Es una demanda de la sociedad, tenemos el conocimiento y esperamos que recurran a nosotros. Se conocen las ideas, pero no se están implementando y esperamos un cambio en la forma de actuar”, manifestó. De hecho, ya está prevista una reunión con el consejero de Cultura para el próximo mes de noviembre en la que se abordarán los planteamientos de ULEgif.

Las catedráticas Elena Marcos y Flor Álvarez Taboada comparecieron también, en representación de los integrantes de ULEgif. Marcos incidió en que el grupo se presenta como una herramienta “para ayudar a entender la dinámica de los incendios, sus impactos y a que la sociedad comprenda que va a tener que convivir con los incendios” y recalcó que tienen capacidad de generar conocimiento para analizar el ciclo completo del fuego, para determinar dónde se necesita actuar para proteger el suelo y las aguas y herramientas a disposición de los gestores. “Podemos aportar asesoramiento, soluciones completas y divulgación a la sociedad”, recalcó.

De hecho, miembros de ULEgif van a visitar próximamente las localidades leonesas de Boca de Huérgano y Páramo del Sil para ofrecer ayuda en la reconstrucción del territorio devastado por el fuego el pasado verano.

“La formación está disponible pero no se logra la transferencia a la sociedad” lamentó Flor Álvarez Taboada tras comentar que “la solución pasa por decisiones políticas y no se hizo nada después de que los sectores implicados llegaran a un consenso, la declaración de la Fundación Pau Costa, tras la ola de incendios de 2022 y estamos en la mismas ahora. Necesitamos gestionar sí o sí un uno por ciento de la superficie forestal y eso implica dotación económica”, argumentó. Todos coincidieron en destacar la importancia de la autoprotección, la educación ambiental y la gestión forestal.

La rectora subrayó que la creación de ULEgif es una iniciativa que se alinea con el espíritu del Pacto de Estado por la Emergencia Climática que impulsa el Gobierno central, en el que la investigación y la ciencia con claves. “La ULE asume la llamada a la acción”, remarcó.

De esta manera, Castilla y León es una de las regiones de la Unión Europea y de España que logra también el objetivo europeo de superar la tasa del 45 por ciento de jóvenes entre 25 y 34 años que tienen estudios superiores. Es decir, como mínimo una formación profesional de grado superior o estudios universitarios.

Las únicas comunidades autónomas de España que superan la tasa registrada por Castilla y León son las del norte del país y Madrid. Así, la autonomía española con un mayor porcentaje con jóvenes con estudios superiores es el País Vasco, que llega al 67,8 por ciento, seguida por Navarra, con un 60,4 por ciento, y Madrid y Cataluña, que registran un 58,6 y un 57,5 por ciento, respectivamente, según los datos publicados por el instituto de estadística de la Comisión Europea, el Eurostat, recogidos por la agencia de noticias Ical.

Por el otro lado, las comunidades autónomas de España que registran los peores porcentajes en materia de jóvenes con estudios superiores se encuentran en el sur del país. Destaca sobre todo la situación de la Región de Murcia y de las Islas Baleares, que registran una tasa del 41,6 y del 44,2 por ciento, en cada caso. De hecho, son las únicas regiones de España que se quedan por debajo del objetivo marcado por la misma Unión Europea del 45 por ciento de los jóvenes con formación profesional de grado superior o carrera universitaria.

Cabe destacar que las regiones de España son las que en general registran una mayor tasa de ciudadanos entre 25 y 34 años con formación profesional o estudios universitarios. Solo el sur y el norte de Francia, así como la región de París, y algunas regiones del sur de Alemania, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, los Bálticos y los países escandinavos, se encuentran mayoritariamente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea de la tasa del 45 por ciento.

El mismo informe del Eurostat apunta que las regiones de la Unión Europea que registran un porcentaje más bajo de jóvenes con estudios superiores se deben “principalmente a zonas rurales o geográficamente remotas o aisladas, a menudo caracterizadas por sectores agrícolas relativamente grandes y oportunidades limitadas de empleo altamente cualificado”. “En varias de estas regiones, la formación profesional desempeña un papel predominante, y los jóvenes se incorporan al mercado laboral a través de programas de aprendizaje o formación, en lugar de obtener una cualificación de educación superior”, apunta la institución comunitaria.

La nueva normativa contempla un mayor protagonismo de las agencias de acreditación de la calidad, ya sea a través de la Aneca, para el ámbito nacional, o de las otras diez agencias autonómicas, pues «se pasa del informe de calidad de los técnicos del Ministerio, que era preceptivo pero no vinculante, lo que ha permitido a las autonomías crear universidades con un informe negativo» a un informe «vinculante» de las agencias de calidad, indicó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Para ello, las agencias crearán «por sorteo» una comisión con «una mayoría» de profesorado universitario para evaluar esos proyectos y así, «evitar injerencias políticas», detallaron fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en un reciente encuentro informativo.

La ministra concretó este martes que desde 2018 se han emitido 25 informes, de los que 13 han sido desfavorables. Cuatro de estos últimos, según la ministra, han sido autorizados por Madrid, Andalucía y dos en Canarias.

El real decreto por el que se «reforma» el 640/2021, impulsado también bajo la presidencia de Pedro Sánchez, responde, según Morant, al «compromiso del Gobierno para defender la calidad, el prestigio y el reconocimiento del sistema universitario español» y combatir el creciente crecimiento del número de alumnos en las universidades privadas, que ya supone el 30% de los estudiantes de todo el sistema, el doble que hace una década. Para la ministra hay un «doble debate», pues por un lado está la calidad educativa y por otro la financiación del sistema universitario.

Ascensor social

Ese aumento de estudiantes en centros privados, lamentó Morant, se produce de forma «intensa» en carreras de alta demanda, como las sanitarias y en los másteres habilitantes y se debe, en su opinión, a la «infrafinanciación» por parte de las comunidades autónomas que crea un ambiente social en el que «se percibe la universidad pública como elitista» por exigir altas notas de acceso y no ofertar suficientes plazas. «El ascensor social se está agrietando», lamentó, instando a las autonomías, en particular a la Comunidad de Madrid, «a financiar de manera adecuada a sus universidades públicas».

La ministra explicó que la nueva medida responde a las misiones universitarias de «formación, investigación y transparencia», por lo que las universidades tendrán que destinar el 5% de su presupuesto a investigación, y garantizar que al menos el 50% del profesorado contratado sea doctor, y el 60% de estos con experiencia acreditada de investigación, con al menos un sexenio. También se pedirá «experiencia contrastada del equipo directivo» y un mínimo de 4.500 estudiantes, además de construir un 10% de plazas residenciales para los alumnos.

El Real Decreto también exige un aval económico para asegurar recursos ante imprevistos; y pide la institución tenga oferta en tres ramas de conocimiento, contempla universidades de especiales características, como las online, los centros universitarios extranjeros y se crea la nueva figura de «centro de altos estudios».

Calidad

El departamento que dirige Diana Morant indicó que la medida «no va contra nadie» y que busca «proteger la solidez y calidad del sistema universitario». Actualmente hay 96 universidades en España, 50 públicas y 46 de naturaleza jurídica privada (que pueden ser con o sin animo de lucro, vinculadas a la Iglesia católica u otras previas a los Acuerdos con la Santa Sede). «Queremos arrastrar todo el sistema para que todo el mundo tenga el tiempo, la oportunidad y voluntad de cumplir los requisitos que hemos enriquecido y endurecido», explicaron las referidas fuentes en relación a los «elementos de ponderación de calidad» para los que se exigirá a las universidades que pongan a disposición de los recursos necesarios.

El texto fue anunciado el pasado 31 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó la intención del Ejecutivo de endurecer los criterios para la creación de universidades con el objetivo de evitar los “chiringuitos educativos”, en referencia a los centros de iniciativa privada que han proliferado en los últimos años. Según el equipo de Morant, todas las universidades españolas tendrán que cumplir estas medidas, para lo que el Ejecutivo cree que da «plazos suficientemente amplios». Ese tiempo se detallará con la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor podría ser a final de este mes.

Un consenso que, según destacó la rectora, Nuria González, “pone de relieve la solidez del proyecto y el amplio respaldo de la comunidad universitaria en torno a la implantación de unos estudios estratégicos, que dan respuesta a una demanda histórica tanto académica como social”. “Con este trámite damos un paso decisivo para que Medicina sea una realidad el próximo curso, ampliando nuestra contribución a las ciencias de la salud y a las necesidades sanitarias de la región y el país”, añadió.

Además, señaló que la memoria “cumple con todos los requisitos técnicos, académicos y organizativos necesarios para garantizar una formación de excelencia que responda no solo a los más altos estándares académicos, sino también a las demandas del territorio y del ámbito sanitario”.

El documento que ya ha sido remitido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a su vez lo enviará a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para su evaluación. Será el Ministerio el que en última instancia dará el visto bueno final.

En paralelo, la Universidad de León avanza en la redacción del proyecto del nuevo edificio que albergará la futura Facultad de Medicina y que se ubicará en la parcela situada detrás del EGA y la Biblioteca San Isidoro en el campus de Vegazana.

Asimismo, se han iniciado las obras de adecuación de espacios destinados al laboratorio de anatomía en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán los primeros cursos del Grado en Medicina hasta la construcción del edificio. Además, ya se ha publicado la licitación para la adquisición del equipamiento de la sala de disección, cuyo plazo finaliza el 15 de octubre.

El centro reconoce así la excelencia de los trabajos presentados por ambas investigadoras, en una edición a la que concurrieron más de un centenar de trabajos, y que está considerada como uno de los premios jurídicos más prestigiosos a nivel nacional.

En el caso de González, su investigación se titula ‘Hacia un procedimiento eficaz de embargo de criptoactivos en el procedimiento de apremio: análisis crítico y propuestas de adaptación normativa’. Por su parte Castro hizo un trabajo titulado ‘El núcleo de imputación en los despidos colectivos en las empresas deslocalizadas: nuevos paradigmas en el debate entre centro de trabajo y empresa’. Ambos premios están dotados con 10.000 euros.

Marta González Aparicio es profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario en la ULE y Delegada de la Rectora para el Desarrollo Estatutario y la Coordinación Normativa. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora centrada en fiscalidad y tecnología, prescripción tributaria, residencia fiscal, procedimiento y recaudación tributaria y cumplimiento tributario.

Ha impulsado actividades de transferencia y formación especializada y publica de forma regular en revistas y monografías especializadas, ha colaborado con instituciones públicas en formación y asesoramiento, y participa de manera habitual en foros científicos y divulgativos.

Ana María Castro Franco es profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la ULE. Su trayectoria combina una sólida formación jurídica con una especialización en ámbitos de vanguardia: ciberseguridad, riesgos y seguridad digital, Derecho de la inteligencia artificial y Derecho concursal-laboral.

Esta visión transversal le permite abordar con un enfoque innovador los retos que plantean la digitalización, la automatización y la transformación del trabajo en el siglo XXI. Asimismo, ejerce como secretaria del Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital de la ULE.

El Premio del Centro de Estudios Financieros es un reconocimiento anual a la calidad en la investigación jurídica. El jurado, integrado por juristas de reconocido prestigio, evalúa la originalidad, rigor metodológico y relevancia práctica de los trabajos.

La convocatoria contempla tres modalidades: ‘Tributación’, ‘Derecho del Trabajo y Educación’ y ‘Nuevas Tecnologías’. En esta edición se han concedido, además de los primeros premios, los segundos premios y varios accésits.

Según informaron el día de la firma del acuerdo tanto la Junta como los sindicatos, la mejora retributiva para los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal irá de 1.050 a 2.100 euros anuales a través del componente de formación permanente, los denominados sexenios.

Por su parte, con el acuerdo, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El acuerdo recoge también, según la Agencia Ical, la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia. Otro de los aspectos que se refuerza es la mejora de la atención a la diversidad. En concreto, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.

La subida para los docentes de mayor antigüedad se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del cuarto sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del quinto sexenio (incrementos de 2.100 euros anuales). De esta manera, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional.

Asimismo, se crearán departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica, y se realizarán las actuaciones necesarias para implementar una aplicación en el Portal de Educación de modo que el personal docente de Castilla y León pueda realizar consultas administrativas.

También se abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado y se incorporará una “importante” mejora de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso, de forma semanal.