La operación policial se inició en octubre pasado, cuando el representante legal de la empresa interpuso una denuncia, tras comunicar que se habían producido multitud de repostajes en diferentes vehículos de la empresa en una gasolinera de una localidad de la provincia de Valladolid. Vehículos que, por su geolocalización, no habían estado en esa estación de servicio, sino que, además, constaban en otras localidades e incluso averiados en talleres mecánicos. Los hechos denunciados fueron obtenidos por la propia empresa una vez realizada una auditoría interna.

Las investigaciones de la Guardia Civil se iniciaron de inmediato, las cuales, consistieron, entre otras, en el visionado de las cámaras de seguridad y en la extracción, cotejo y análisis de la información de los equipos GPS instalados en los vehículos relacionados por la empresa.

Las pesquisas de los agentes llevaron a la realización de diferentes vigilancias en la gasolinera indicada, donde fue sorprendido al trabajador de la empresa llevando a cabo repostajes en dos bidones de 1.000 litros de capacidad en una furgoneta de su propiedad, motivo que provocó su detención por un presunto delito de estafa continuada.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que fueron entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con el detenido, el cual, fue puesto en libertad con cargos.

Los hechos se produjeron durante un servicio de seguridad ciudadana, cuando una patrulla detectó un turismo que presentaba diversas anomalías que llamaron la atención a los agentes. El vehículo circulaba con el maletero entreabierto, las luces traseras dañadas y un estado general deficiente, lo que motivó que los agentes procedieran a darle el alto para su identificación.

Tras comprobar la documentación, los guardias civiles constataron que el coche presentaba varias irregularidades administrativas, se encontraba dado de baja temporal, carecía del seguro obligatorio y tenía la ITV caducada. Ante esta situación se ordenó su inmovilización en la carretera CL-610 para llevar a cabo una inspección más exhaustiva.

En el interior del turismo viajaban cuatro ocupantes. Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron en la parte trasera un total aproximado de 200 kilos de cable de cobre, distribuidos en unas 180 piezas. El material se encontraba pelado, es decir, sin el recubrimiento plástico, y oculto bajo una toalla, lo que evidenciaba que estaba preparado para su venta.

Ninguno de los ocupantes pudo acreditar la procedencia legal del cobre transportado. Según la información facilitada por la Guardia Civil, uno de ellos aseguró haber adquirido el material, aunque no aportó ningún tipo de documentación o dato que permitiera verificar dicha versión.

Ante la imposibilidad de justificar el origen del cobre y dadas las circunstancias observadas, los agentes procedieron a la detención de los cuatro individuos como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. El vehículo fue trasladado e inmovilizado en la localidad de Laguna de Duero, mientras que el material intervenido quedó depositado en dependencias oficiales a disposición de la autoridad judicial.

Además de las detenciones, los agentes formularon varias denuncias administrativas relacionadas con las infracciones detectadas en el vehículo, entre ellas circular sin seguro obligatorio, con la ITV caducada y estando dado de baja temporal.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que fueron puestas a disposición del Juzgado correspondiente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de marzo durante una inspección rutinaria en un mercadillo de la capital palentina. Según indicaron a Ical fuentes policiales, en el transcurso de la actuación, los agentes detectaron un puesto de venta ambulante que ofrecía una gran cantidad de zapatillas de conocidas marcas deportivas que levantaron sospechas sobre su autenticidad.

Tras una revisión más detallada del material, los agentes observaron diversos defectos en el calzado que evidenciaban que se trataba de productos falsificados. Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la incautación de toda la mercancía.

Asimismo, los agentes identificaron al responsable del puesto, que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial por la comercialización de productos falsos. Las diligencias fueron instruidas y remitidas a la autoridad judicial, mientras que la mercancía intervenida quedó a disposición judicial.

La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibió un aviso del Serprotec, que había recibido una amada de una mujer extranjera quien denunció que residía con su marido y familiares en una localidad de la comarca de La Guareña y que recibía maltratos, además de encontrarse encerrada en el domicilio.

Los agentes observaron, a su llegada al lugar de los hechos, que habían arrojado varios enseres domésticos a la vía pública y cómo una mujer reclamaba asistencia desde una ventana del segundo piso. En el momento de la intervención, los familiares de la retenida habían ido a trabajar.

La mujer expuso la situación a los agentes,con traducción directa a través de un teléfono móvil, realizada con un traductor del Servicio de Emergencias 112, ya que no hablaba ni entendía el castellano. De esa forma, explicó que se encontraba encerrada en la vivienda, retenida contra su voluntad, y que no le permitían aprender castellano para que no se relacionara con otras personas.

Los guardias civiles pidieron la colaboración de Bomberos para poder sacar del domicilio a la mujer sin poner en riesgo su integridad física y un equipo de Bomberos de Toro facilitó la bajada de la mujer por una de las ventanas de la vivienda.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando los investigados se acercaron a la zona de la gasolinera donde se encontraban las máquinas de lavado y aspirado. Según informaron a Ical fuentes policiales, forzaron los depósitos de dinero de ambas máquinas y sustrajeron aproximadamente 250 euros.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes, que permitieron la identificación de los dos sospechosos como presuntos autores del delito.

Un ciudadano avisó a la Benemérita de un vehículo sospechoso en el área de servicio de una gasolinera en la autovía A-66, en Granja de Moreruela. Los agentes acudieron al lugar, donde se encontraba el camión, con la mercancía robada en su interior.

El día anterior a la sustracción del camión, los ladrones rajaron la lona del remolque de un transporte de mercancías y se llevaron las latas. La Guardia Civil informó al titular del camión recuperado, que no tenía conocimiento de la sustracción del vehículo, y al propietario del atún para que recogieran sus bienes, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

Las diligencias y los resultados de la investigación fueron entregadas al Juzgado de Guardia de Zamora.

Investigadores de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León, y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, iniciaron de inmediato la Operación In Lucis, en cuyo marco se llevaron a cabo todas las pesquisas necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

La operación policial permitió definir el ‘modus operandi’ del ahora detenido que, una vez ganada la confianza de las víctimas, comenzaba a practicar, generalmente a través de videollamadas, todo tipo de actividades de índole sexual, en algunos casos incluso a cambio de una contraprestación económica para los menores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad e inmadurez.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recopilar material gráfico que corroboró la información recibida y que, tras su análisis, arrojó una serie de interacciones de carácter sexual, especialmente graves dada la edad de los menores que en ellas aparecían.

Como resultado final, los agentes lograron su localización, que fue realmente complicada desde el inicio, ya que no tenía un domicilio conocido al pernoctar en plena vía pública de la ciudad. Una vez localizado, fue detenido como presunto autor de los hechos descritos. Además, hechas las verificaciones pertinentes, al implicado se le vincula en el pasado con otros hechos de igual naturaleza y misma gravedad.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Según indicaron a Ical fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar durante la mañana de ayer, cuando agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del detenido. Durante la inspección, los efectivos localizaron un importante arsenal compuesto por dos escopetas, dos rifles y un arma de avancarga. Además, se hallaron cinco armas de aire comprimido, concretamente dos carabinas y tres pistolas de airsoft, así como seis armas catalogadas como prohibidas: dos rompecabezas, una llave pugilato, dos bayonetas y un bastón estoque. Junto a las armas, los agentes incautaron un total de 442 cartuchos correspondientes a 16 calibres diferentes, incluida munición considerada de guerra.

Tras la intervención del material y una vez finalizado el registro, la Guardia Civil procedió a la detención del varón como presunto responsable de los delitos mencionados.

Según indicaron a Ical fuentes del mismo cuerpo, los hechos se produjeron tras la denuncia de una víctima que contactó con un supuesto vendedor a través de una red social, con un perfil que ofrecía entradas para festivales de música. Tras continuar la conversación mediante una aplicación de mensajería instantánea, ambas partes acordaron el precio de 95 euros por una entrada, cantidad que fue abonada mediante transferencia bancaria.

Posteriormente, el supuesto vendedor solicitó a la víctima el comprobante del pago y le envió un enlace para ello. Al acceder a dicho enlace, la víctima realizó de forma involuntaria una segunda transferencia de otros 95 euros. Tras este segundo cargo, el vendedor bloqueó a la víctima tanto en la red social como en la aplicación de mensajería y cortó toda comunicación.

Una vez presentada la correspondiente denuncia, la Guardia Civil llevó a cabo las investigaciones oportunas, que permitieron identificar a las tres personas implicadas en la estafa, quienes fueron investigadas por este delito.

La actuación se inició días atrás, cuando efectivos del Seprona de la Comandancia de Burgos tuvieron conocimiento de que, en una parcela situada en una localidad de la comarca del Alfoz próxima a la ciudad, convivían cuatro mastines cuya atención podría estar siendo desatendida desde hacía semanas.

La patrulla desplazada al lugar percibió, ya desde el exterior, varios ladridos y un fuerte olor a heces y orín. A su vez, también pudieron observar, desde la vía pública, la extremidad de un perro que no mostraba movimiento alguno y una notable cantidad de residuos materiales desperdigados por toda la propiedad.

Como consecuencia, tras localizar al titular del terreno, los agentes llevaron a cabo una exhaustiva inspección del interior de las instalaciones, que constató una gran acumulación de residuos, basura y excrementos entre los que cohabitaban los animales, así como la ausencia total de alimento y agua. Se confirmó además que uno de los perros llevaba días fallecido, encontrándose en avanzado estado de descomposición, oculto tras una puerta.

Paralelamente, en un recinto anexo de pequeñas dimensiones, se localizaron dos perros supervivientes que presentaban extrema delgadez, incapaces de mantenerse en pie por sí mismos y rodeados por los restos óseos (cráneo y columna) de un segundo can fallecido mucho tiempo atrás. La investigación desarrollada seguidamente permitiría corroborar un prolongado abandono y la ausencia de cuidados mínimos desde el pasado mes de agosto.

Los animales rescatados carecían de microchip, no disponían de cartilla sanitaria ni habían recibido las vacunas obligatorias, habiendo sido privados de los exigibles cuidados y atenciones higiénico-sanitarias. Presentaban falta de pelo en varias zonas, uñas del espolón completamente enrolladas -lo que indica ausencia prolongada de movimiento-, todo ello bajo un general y evidente deterioro físico.

De esta manera, fueron evacuados con carácter prioritario a una clínica veterinaria, donde un informe técnico ha ratificado la inanición severa, deshidratación prolongada y caquexia extrema, causas que, de no ser por la intervención de los agentes, habrían provocado su muerte en cuestión de horas.

Por todo ello, su tutela fue cedida al Ayuntamiento competente para garantizar así su completa recuperación, pendiente de la posterior adopción, en tanto que, todos los gastos derivados de los tratamientos y cuidados deberán ser asumidos por el propietario. Dado que los hechos constituyen un delito de maltrato a animales domésticos, el Seprona instruyó las diligencias oportunas que ya fueron puestas, junto con el presunto autor, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.