El tribunal consideró probado que el condenado acudió el 7 de enero del año pasado, junto a otros miembros de la banda Dominican Don´t Pla, a un locutorio en la calle Nicolás Salmerón de la capital, un local que era frecuentado por miembros de la banda rival denominada Los Trinitarios. En concreto, fue con un machete de grandes dimensiones (unos 60 centímetros de longitud de los que 40 corresponden a la hoja) mientras que los otros participantes portaban machetes, cuchillos y un bastón con punta metálica. El fallo prueba que actuó con ánimo de ocasionarle la muerte, al propinar a uno de los miembros de Los Trinitarios un machetazo en la parte derecha del rostro. Posteriormente, abandonaron el establecimiento y se llevaron cuatro patinetes eléctricos que estaban estacionados fuera, informa Ical.

La sentencia, ahora ratificada por el TSJ, señala que Dominican Don’t Play es una banda estructurada de forma jerárquica, con un reparto de tareas entre sus miembros y que se encuentra dirigida a la comisión de hechos delictivos, usualmente consistentes en ataques a la libertad e integridad de las personas con la finalidad de ejercer el control del que consideran su territorio, y también contra el patrimonio .

Tal y como indicó el Ministerio Fiscal, el intento de homicidio fue una autoría coral o grupal, con actuación de común acuerdo, con acuerdo de voluntad previo, y con consentimiento de todos los intervinientes que sumaron sus acciones y energías para un resultado final. De ahí que sea considerado como una participación criminal.

De esta forma, la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio quiso realizar hoy algunas manifestaciones como que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha del 11 de junio de 2025 inadmite el recurso presentado por Laura García de Viedma Serrano y las asociaciones civiles que las exmonjas cismáticas habían constituido denominadas ‘Monasterio de Santa Clara de Belorado’ y ‘Monasterio de Santa Clara de Derio’ contra el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y contra el Ministerio del Interior.

Con esta operación, señalaron que “las exclarisas cismáticas buscaban transformar las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia católica en asociaciones civiles culturales e impugnar el nombramiento del Comisario Pontificio como legítimo administrador y representante legal de los Monasterios”. El motivo de esta declaración tiene su razón de ser en la denuncia interpuesta en su día por las exreligiosas Laura García de Viedma, Susana Mateo Cruz y María Teresa Roca Peinado.

Además, precisaron que la sentencia analiza los argumentos de las partes y determina que las resoluciones de los dos ministerios recurridas por las exmonjas “no vulneran” los derechos fundamentales invocados de “libertad religiosa, de asociación, de intimidad o de igualdad”, indicaron.

En este sentido, recordaron que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reafirma la validez del nombramiento del Comisario Pontificio como Administrador y representante legal de los Monasterios. “Y el Ministerio del Interior defiende la imposibilidad de inscribir asociaciones civiles provenientes de la transformación de entidades religiosas, al ser un procedimiento que no es conforme a Derecho, ya que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho canónico como derecho estatutario”, añadieron.

También puntualizaron que las resoluciones reconocen el derecho de las exmonjas a separarse de la Iglesia Católica y a formar nuevas asociaciones o confesiones religiosas, pero matizaron que “niegan la posibilidad de transformar los monasterios en asociaciones civiles”. “Esto se debe a que los monasterios son entidades religiosas vinculadas jerárquicamente a la Iglesia Católica y regidas por el Derecho canónico, el cual no permite su transformación en entidades civiles ni que éstas puedan ser titulares del patrimonio de los monasterios sin autorización de la Santa Sede”, explicaron.

Además, se establece que al separarse de la Iglesia formalmente el 8 de mayo de 2024, las exmonjas cismáticas “pierden la capacidad de constituirse en capítulo conventual y de representar legalmente los monasterios” y, por tanto, “carecen de capacidad para tomar decisiones en nombre de estas entidades canónicas”.

La sentencia también señala que las exmonjas no han sido obligadas a revelar sus creencias religiosas y que la Administración ha actuado respetando su derecho a la libertad religiosa. Asimismo, indicaron que “no se ha demostrado una vulneración del principio de igualdad ni tampoco se ha vulnerado el derecho de asociación que ha sido siempre respetado”. El Tribunal impone las costas procesales a las exclarisas cismáticas.

En su comparecencia tuvo que responder las alusiones que hizo a este caso y a sus conversaciones con el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales cuando declaró como imputado en la Audiencia Nacional en noviembre de 2024.

Justo fue en esa declaración cuando el empresario habló por primera vez de la existencia de presuntas mordidas de altos cargos investigadas en el ‘caso Koldo’ y que le permitieron salir de prisión provisional, donde estaba por su implicación en el caso de los hidrocarburos.

Aldama pidió explicaciones sobre el ascenso del Andorra y le transmitieron que “lo dejara estar”. Entonces, el empresario pidió la mediación de Koldo, a quien supuestamente Rubiales habría ofrecido dar al Zamora algún partido de la selección femenina y de la Sub-21 para compensar, a lo que el empresario se negó, según declaró.

Aldama tenía relación con el empresario y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Jorge Andrés Giménez Ochoa, que a su vez mantenía una relación de confianza con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a la que acompañaba en el vuelo que aterrizó en Barajas en enero de 2020, cuando tenía prohibido pisar territorio de la UE.

En su declaración, también confirmaron que la víctima se encontraba muy nerviosa, atemorizada y que lo único que quería era marcharse para casa, mientras que algunos testigos les indicaron que la agresión se había producido por el mero hecho de que la víctima era homosexual, a la vez que explicaron que el momento de la agresión se pudieron oír gritos de “maricón”.

En la jornada de hoy también declararon dos médicos que atendieron a la víctima, uno en el hospital de Medina del Campo la misma noche de la agresión, y o otro a los días, que confirmaron que las lesiones que presentaba eran perfectamente compatibles con la agresión.

El juicio, que estaba previsto que finalizara hoy, tuvo que ser suspendido al caerse el sistema informático y no poder declarar por viodeconferencia el perito que examinó a la víctima. La vista se reanudará mañana a las 8,30 horas.

Los acusados se enfrentan a penas que suman 18 años de cárcel, así como a una indemnización conjunta de más de 3.560 euros para la víctima y una multa de cien euros. La Fiscalía les acusa de un delito de odio, por el que reclama para cada uno un año y seis meses de prisión, y otro de lesiones, por el que pide la misma pena.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de mayo de 2023, cuando la víctima se encontraba bailando en una ‘discomovida’ ubicada en una carpa en la plaza Carrasviñas de Pozaldez. En un momento dado y conocedor de su condición sexual, Álvaro F.L. se dirigió a la víctima y, según sostiene el Ministerio Público, guiado por el ánimo de humillarle por su orientación sexual, grito en voz alta: “maricón”, para después propinarle un fuerte puñetazo que acabó con la víctima en el suelo.

En ese momento, Álvaro F.L se encontraban acompañado por Gabriel P.A., Raúl, V.L., Ozdín F.M, Axceo F.M y Diego F.L., y al menos con la ayuda de Diego y Axceo, propinaron patadas y puñetazos a la víctima mientras esta se encontraba en el suelo, todo ello facilitado por el resto de encausados que, con la intención de impedir el posible auxilio, formaron un círculo alrededor del lugar donde se estaba cometiendo la agresión.

Como consecuencia de lo golpes, la víctima sufrió numerosas heridas, especialmente en la cara, de las que tardó en curar 25 días. Además, las lesiones dentales le han supuesto una secuela estética. También están personados el propio lesionado, que reclama siete años a cada uno de los acusados, y la Fundación Triángulo, esta última como acusación popular y con una petición que se eleva a los nueve años.

En un manifiesto conjunto leído en cada una de las sedes en las que se celebró el paro en la Comunidad la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pidieron la retirada de ambos proyectos. En caso contrario, no descartan la adopción de “medidas de conflicto más intensas, como la huelga”.

Así, pusieron de manifiesto que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente “de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”.

Esta independencia judicial, “clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”, insiste.

Entre ellas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro.

El primero, tramitado “injustificadamente por vía de urgencia”, es un proyecto que, según las asociaciones, “no responde a demanda social alguna”. Además, ha recibido un informe técnico “muy crítico” por parte del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Asimismo, prosiguió, entre otras medidas, “como meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces”, se pretende crear un centro de preparación de opositores “dependiente directamente del Gobierno y, por ello, “con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”. “Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”, advierte el manifiesto.

A su vez, y con el segundo anteproyecto, se persigue “aumentar” las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los mismos, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

Ataque el poder judicial

Todas estas reformas se desarrollan, explicaron las cinco asociaciones, en un “ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía”, con declaraciones políticas que “deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.

Añaden que la existencia de un poder judicial “fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma”. “Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país”, defendieron.

Las cinco organizaciones aprovecharon la oportunidad para reclamar, como hacen “desde hace lustros”, una “masiva” creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio.

El juicio está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Valladolid los próximo días 11 y 12 de junio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de mayo de 2023, cuando la víctima se encontraba bailando en una ‘discomovida’ ubicada en una carpa en la plaza Carrasviñas de Pozuelo. En un momento dado y conocedor de su condición sexual, Álvaro F.L. se dirigió a la víctima y, según sostiene el Ministerio Público, guiado por el ánimo de humillarle por su orientación sexual, grito en voz alta: “maricón”, para después propinarle un fuerte puñetazo que acabó con la víctima en el suelo.

En ese momento, Álvaro F.L se encontraban acompañado por Gabriel P.A., Raúl, V.L., Ozdín F.M, Axceo F.M y Diego F.L., y al menos con la ayuda de Diego y Axceo, propinaron patadas y puñetazos a la víctima mientras esta se encontraba en el suelo, todo ello facilitado por el resto de encausados que, con la intención de impedir el posible auxilio, formaron un círculo alrededor del lugar donde se estaba cometiendo la agresión, al tiempo que proferían gritos de “puto maricón”.

Finalmente, una amiga pudo llevarse al joven agredido, mientras que todos los encausados, a excepción de Álvaro F.L, permanecieron en el lugar, por lo que pudieron ser identificados por agentes de la Guardia Civil.

Como consecuencia de lo golpes, la víctima sufrió numerosas heridas, especialmente en la cara, de las que tardó en curar 25 días. Además, las lesiones dentales le han supuesto una secuela estética.

También están personados el propio lesionado, que reclama siete años a cada uno de los acusados, y la Fundación Triángulo, esta última como acusación popular y con una petición que se eleva a los nueve años.

La Audiencia ratifica así el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 13 de mayo, quienes con una mayoría de ocho votos frente a uno, consideraron probado que la mujer, antes de terminar su turno y después propinar varios golpes en la cabeza y zarandear a la víctima cuando tenía que acostarla tras la cena -cosa que vieron demostrada por unanimidad-, accedió al cuarto de Enfermería y cogió el bolígrafo de insulina para posteriormente administrarle las dosis que acabaron provocándole la muerte.

Además, dado que la víctima padecía demencia y necesitaba ser asistida, por lo que su estado de vulnerabilidad le impedía defenderse, el jurado determinó que la acusada procedió con alevosía.

Ante estos hechos la Fiscalía solicitaba que se le aplicara a Silvia V.R. la pena de prisión permanente revisable, mientas que ya en su día la defensa anunció que presentará el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su exposición, recalcó que -en contra de lo manifestado por la acusada- “no consta que consumiera droga en la fecha de los hechos. Nunca presentó síntomas de consuno de tóxicos o estupefacientes cuando se produjeron los hechos y en 2024 dijo que empezó a consumir en 2022”.

Tampoco presentaba ningún signo de juego patológico; “jugaba para ganarse la vida y no sufre una adicción al juego”. La considera “perfectamente imputable” y añade que aunque hubiera padecido un síndrome depresivo ello no hubiera alterado sus capacidades intelectivas y volitivas. Tampoco padeció cáncer y quiso incidir en que sus acciones fueron cometidas contra sus amigas y con gente, en la mayoría de los casos, con la que mantenía una relación cercana y en que no padece un alto grado de discapacidad.

Las acusaciones particulares discreparon con la fiscal en algún punto. El primero en intervenir, representante de una de las víctimas, aludió al carácter “manipulador” de la acusada y remarcó que no padece un trastorno de personalidad antes de justificar su petición de reconocimiento de tentativa de homicidio con dolo eventual.

La misma consideración mantuvo el abogado de otra de las víctimas, que recalcó el “sadismo y absoluta falta de empatía” de la acusada. “Le importaba un pimiento lo que les pudiera pasar; no les prestó ayuda en ningún momento”, señaló después recalcar que “son tan evidentes sus mentiras que deja claro de quién estamos hablando” y la describió como de una “personalidad manipuladora evidente”. “No constan ingresos en sus cuentas por ganancias del juego ‘online’. Es todo una invención”, remarcó.

La tercera letrada, en representación de la familia a la que habría estafado más de 200.000 euros y que reclama condena por tentativa de homicidio con dolo directo, fue contundente al asegurar, sobre el testimonio de la acusada, que “no se pueden decir más mentiras en menos tiempo”. “Nadie le vio nunca jugar. No existe ludopatía. El principal motor de su vida no era el póker, era el engaño. ¿Dónde está el dinero que dice que ganó; por qué no devolvió lo que le prestaron?” cuestionó antes de subrayar que “la familia no le daba dinero para el póker sino para un tratamiento de cáncer que no tenía” y tildarla de “sádica”, además de señalar que actuó con “crueldad excesiva”. “La familia sabía que jugaba y pensaban que les podría devolver la ingente cantidad de dinero que le habían prestado, pero no para jugar sino para el tratamiento del supuesto cáncer”, añadió antes de pedir una pena de nueve años de cárcel por cada una de las tres tentativas de homicidio que esgrime, además del reconocimiento de cuatro delitos de falsedad documental y otros de estafa.

La defensa

El abogado de N.T. G. insistió en reclamar la nulidad del juicio, como hizo al inicio de la vista, y se refirió a su clienta como una persona “enferma” contra la que se han vertido numerosas “falacias”. Respecto a la familia que prestó más de 200.000 euros a la acusada, señaló que no hubo delito de estafa y que los padres “sabían perfectamente en lo que estaban invirtiendo”. Añadió que “tenían intención de lucrarse porque consideraban que Natalia tenía cierta capacidad. Veían a Natalia como la gallina de los huevos de oro. La apuesta les salió mal”.

Respecto a las tres personas que la acusada niega haber intoxicado -reconoce dos casos- señaló que no existen certezas para demostrar los hechos. Respecto al uso de la escopolamina, comentó que la gente no piensa que pueda causar la muerte -la acusada llegó a mencionar en su declaración la serie televisiva ‘La que se avecina’ en la que, dijo, “se hablaba con pitorreo” sobre la burundanga.

El letrado señaló que la sociedad considera que esa sustancia pueda ser letal (como sí ocurre). Para su representada, a la que considera afectada por una adicción al juego, solicita la absolución de los delitos de intento de homicidio y de estafa continuada y reconoce los de robo continuado con violencia, en concurso con lesiones imprudentes, y señala que la falsedad documental debe ser subuimida en el delito principal. También aludió a la existencia de dilaciones indebidas en la causa y reclamó penas no superiores a dos años y un día por los hechos reconocidos por la acusada, que en el turno de la última palabra que le concede la ley. “He reconocido lo que quería reconocer. Pido perdón por lo que he tenido que pedir”, dijo.

La joven hizo creer a esta familia, en la que el padre padecía un cáncer que finalmente no superó, y en la que se integró a través de las hijas, que tenía un tumor cerebral para el que precisaba determinados tratamientos que no podía sufragar porque no podía acceder a su dinero, bloqueado supuestamente por asuntos familiares. Además, insistió en que les devolvería las sucesivas cantidades que le aportaban y les enseñaba supuestos extractos bancarios en los que figuraba que disponía de hasta nueve millones de euros.

“¿Nunca la vimos jugar al póker. ¿Cómo le voy a estar dando dinero de mi familia para jugar, si somos una familia humilde?”, declaró en su día el padre y su viuda refrendó hoy su testimonio. “Nunca le dimos ese dinero para jugar al póker ‘online’. Nos hizo creer que jugaba con extractos de mucho dinero, pero dudo que jugara”, señaló respecto a la acusada, que aseguró durante el proceso estar siendo financiada por ellos para ese fin.

La acusada, N.T.G., enviaba a esta familia supuestas imágenes de los tratamientos que recibía en ciudades como Madrid, Barcelona o Pamplona, aunque en ninguna de las fotografías aparecía su rostro salvo en una ocasión que posteriormente se supo que había sido intervenida para practicarle una liposucción. “Quería dar pena, decía que le daban meses de vida, que sabía que se iba a morir”, manifestó una de las declarantes.

Otros de los testigos que hoy compareció en la Audiencia Provincial de León fue un hombre, compañero de trabajo del padre de la ‘reina de la burundanga’, al que pidió acompañarla a un concesionario de coches y que después de tomar algo con ella se sintió indispuesto y tuvo que ser llevado al hospital, al igual que otra joven amiga suya.

Natalia T.G. nunca tuvo trabajo conocido, pero los testigos aseguraron hoy que tenía un alto nivel de vida. “Le gustaba mucho estar fuera de casa, vivir bien”, señaló una de las declarantes.

Servir las bebidas

El ‘modus operandi’ de N.T:G,, según los testimonios prestados hoy por los testigos, se repitió en cada caso, de forma que acudía a bares con las víctimas y pedía bebidas que siempre llevaba ella a las mesas. Tras ingerirlas, las cinco personas afectadas sufrieron diversos síntomas que requirieron asistencia sanitaria de urgencia y traslado a un centro hospitalario e incluso ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, varios de ellos sufrieron secuelas después de los episodios padecidos.

Además, la acusada, que solicitó comparecer el último día de la vista y para la que el fiscal solicita más de 16 años de cárcel, llegó a grabar a alguna de las presuntas víctimas con el teléfono móvil, a otra la dejó en la cama boca abajo durante horas antes de recibir asistencia y en un caso le pidió que no dijese al personal sanitario que había tomado nada si le preguntaban. También se interesó por los resultados de las pruebas o análisis que se les practicaban.

La acusada negó hoy haber agredido a la anciana, que padecía demencia, como le atribuyó una compañera. “Ni ese día, ni ninguno la golpeé. En ningún momento dijo “no me pegues”. La compañera entró en la habitación como un elefante en una cacharrería y le dijo “te está pegando en la cabeza y ella -la fallecida- se llevó las manos a la cabeza”, declaró respecto al testimonio de la trabajadora con la que, dijo, “tuvo una discusión puntual un día, pero no le dio mayor importancia”.

“Nunca maltraté a Jesusa. Nunca tuve en mi poder la insulina ni se la inyecté”, subrayó sobre el bolígrafo de insulina que solamente precisaba una residente del centro. También reiteró, a preguntas del fiscal, que es imposible que hubiera accedido al cuarto de Enfermería para hacerse con la insulina y regresar a la habitación de la fallecida antes de abandonar la residencia a petición de la directora -a raíz de la supuesta agresión-, sin haber sido vista por otras personas que se encontraban en el recinto. “Es imposible ir desde el vestuario al pasillo de Jesusa sin pasar por delante del resto de personas que estaban allí, es imposible”, recalcó.

La acusada aseguró que se enteró de que la mujer había fallecido cuando le comunicaron el cese de la orden de alejamiento sobre ella, impuesto por ese posible maltrato. Por otro lado, durante su testimonio reconoció haberse quedado con un anillo que encontró en el suelo de una habitación de la residencia y que fue localizado por la Policía cuando practicaron un registro en su domicilio. “Sé que estuvo mal”, dijo.

La defensa argumenta que en el momento de los hechos la acusada se encontraba en su vivienda, que no existe parte de lesiones de la anciana ni prueba que permita sostener la acusación de la Fiscalía contra su representada, por lo que mantiene su petición de sobreseimiento de la causa o absolución.