En ese sentido, se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia (Cáceres) y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 metros de altura, tiene los ojos claros y es calvo.

Cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su localización puede hacerlo de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es. También, en caso de que las informaciones que se reciban indiquen que pueden ser detectados fuera del país, la Sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional como la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos -ENFAST-, que está disponible las 24 horas del día.

Durante el año 2024, la Sección de Localización de Fugitivos participó en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde el varón, en evidente estado de alteración, gritaba su intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso. A pesar de la negativa inicial, los agentes de Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, lograron, tras varios minutos dialogando con el hombre a través de la puerta, que finalmente cediera en su intención y abriera el acceso a la vivienda.

Inmediatamente después, los agentes de la Policía Nacional entraron en el domicilio y procedieron a atender a la persona, que se encontraba aturdida y sufría varias lesiones provocadas por sí mismo. Una vez bajo la supervisión médica del personal sanitario que acudió hasta el domicilio, el varón fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León para la atención médica especializada necesaria.

Existe la línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ponferrada inició la investigación hace aproximadamente un mes, tras recibir informaciones procedentes de distintas fuentes, entre ellas empleados de la zona y clientes de establecimientos comerciales frecuentados por los ahora

detenidos. Estas informaciones apuntaban a la posible existencia de un cultivo interior de marihuana en una nave industrial situada en la zona, donde varios vecinos afirmaron percibir un fuerte olor a marihuana en determinadas franjas horarias

Durante la investigación, la Policía Nacional solicitó información a las empresas suministradoras de energía eléctrica para comprobar los consumos de la nave y los informes obtenidos reflejaron un consumo aparentemente normal, aunque se detectó un gasto mensual cercano a los 1.000 euros y una intensidad de 50 amperios, unas cifras inusualmente elevadas para una nave con escasa actividad visible, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de una posible acometida irregular en el interior.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de vigilancia sobre los usuarios de la nave, se recabaron informes de empresas relacionadas con los investigados, personas con las que se relacionaban y su actividad profesional y se realizó un control técnico del punto de suministro eléctrico con la colaboración de la empresa suministradora del mismo.

Explotación y registros

Con la autorización judicial correspondiente, la Policía Nacional procedió al registro de la nave industrial, donde los agentes intervinieron unas 720 plantas en distintos estadios de crecimiento. Concretamente, se decomisaron 144 plantas de marihuana con cogollos de entre 30 y 40 centímetros de altura y un peso aproximado de 471 gramos, 296 plantas de unos 13-14 centímetros de altura, siete de unos 130 centímetros, 63 de cinco centímetros, 208 plantas de aproximadamente un metro de altura, 363 gramos y 161 gramos de posible polvo o polen de marihuana.

Además, se incautaron diversos efectos relacionados con el cultivo y procesado de la droga, entre ellos 16 sacos de sustrato, una centrifugadora, una envasadora al vacío, 25 lámparas LED, una lámpara de neón, diez ventiladores, un enfriador, un humidificador, once focos con transformadores, un ventilador de pie, un calentador y una prensa.

Finalmente, en un segundo registro realizado en el domicilio de los detenidos se intervinieron 4.150 euros en efectivo.

El operativo policial desmanteló completamente la plantación y culminó con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Los mismos, además, continúan investigados como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La mujer, una vez oída en declaración, fue sido puesta en libertad y el hombre pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio con la obligación por parte de ambos de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La víctima, una mujer de entre 50 y 70 años, recibió el 15 de mayo de 2025 un mensaje desde un número desconocido: “Mamá, el teléfono se ha roto, este es mi número de teléfono, envíame un mensaje”. Convencida de que era su hija, que reside fuera de España, realizó la transferencia por 9.811 euros. Días después, al recibir otra solicitud de dinero, contactó con su hija real, quien negó cualquier petición. La denuncia se presentó en la Comisaría de Parquesol los días 15 y 19 de mayo.

Este fraude, conocido como ‘hijo en apuros’, es un patrón delictivo recurrente. Los estafadores contactan a padres mediante WhatsApp desde números españoles desconocidos, suplantando la identidad de sus hijos con excusas urgentes como la avería de un móvil u ordenador. Utilizan fotos reales en el perfil para ganar credibilidad y presionan para transferencias inmediatas. Una vez recibido el dinero, lo desvían rápidamente, dejando a las víctimas sin rastro.

En este caso, la cuenta receptora se abrió por internet el 13 de mayo de 2025 y carecía de movimientos ordinarios, lo que alertó a los investigadores. El mismo día de la estafa, se realizaron cuatro transferencias a una cuenta en Francia (2.450 euros, 2.470 euros, 2.450 euros y 2.440 euros, totalizando 9.810 euros), evaporando el dinero.

El Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid rastreó el número fraudulento, registrado con identidad ficticia, y la cuenta bancaria. Descubrieron que el titular actuaba como ‘mula’ (una persona reclutada por organizaciones criminales mediante falsas ofertas de empleo para ceder cuentas y transferir fondos a cambio de una comisión).

Dado que el sospechoso residía fuera de Valladolid, se solicitó ayuda a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental. Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María – Puerto Real (Cádiz) lo localizaron y detuvieron como presunto autor de estafa.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar siempre la identidad de quien solicita dinero por medios digitales, especialmente si se trata de familiares, y recomienda desconfiar de mensajes urgentes que provengan de números desconocidos.

En este caso, el operativo denominado Operación ‘YoYo’ dio sus frutos gracias a la colaboración entre unidades de Protección de la Seguridad Ciudadana y a los propios agentes antidroga. Esta investigación comenzó hace varias semanas, al detectar la Policía Nacional un elevado trasiego de conocidos consumidores de estupefacientes en un domicilio concreto de Burgos, situado muy cerca de un centro escolar en la zona centro-norte de la ciudad.

A partir de ese momento y, tras recabar los necesarios indicios de criminalidad, la autoridad judicial concedió un mandamiento de entrada y registro en la vivienda, donde se localizaron más de 41 gramos de cocaína, que, unidos a los 4,8 gramos que la mujer de más edad portaba entre sus ropas, suponen un total de 46,33 gramos de esta sustancia. Además, se intervino material, vinculado a juicio policial con la actividad ilícita, con son 200 euros en efectivo, una báscula de precisión, una carabina de aire comprimido, así como un arma blanca tipo daga de 27 centímetros de hoja.

La investigación reveló que el responsable de los puntos de venta utilizaba redes sociales para promocionarse, contactar con clientes y acordar cantidades y precios de la droga, que luego distribuía desde los domicilios registrados. Durante los registros, realizados con el apoyo de guías caninos especializados en la detección de estupefacientes, los agentes incautaron más de 200 gramos de hachís, 1.450 euros en efectivo y diversos utensilios destinados al pesaje y envasado de la sustancia para su venta al menudeo, según indican a Ical fuentes del mismo cuerpo .

Uno de los detenidos era ya conocido por la policía por delitos similares. Tras finalizar los registros, los detenidos y el material incautado fueron trasladados a dependencias policiales, donde se tramitó el correspondiente atestado. Una vez tomada declaración, los implicados fueron puestos en libertad a la espera de comparecer ante la Autoridad Judicial para responder por los hechos que se les imputan.

La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento y anunció que proporcionará más detalles a través de una nota de prensa en las próximas horas.

La Subdelegación del Gobierno en la provincia soriana informó de que la forma de acceso a las viviendas o “modus operandi” que utilizan los autores de los robos es el sistema “bumping”, método que no ocasiona daños a las cerraduras (las víctimas entran en sus casas sin notar ningún problema en la cerradura), no provoca ruidos y es muy rápido. Una vez en el interior del piso suelen sustraer joyas y dinero en efectivo.

Los agentes policiales después de comprobar los hechos y tras realizar las pertinentes inspecciones oculares, continúan sus investigaciones para identificar a los autores de los robos. Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, la forma de actuar de los autores hace pensar a la Policía que estos robos son realizados por grupos especializados en este tipo de hechos e itinerantes, que se desplazan a esta capital, cometen el hecho delictivo y en muy poco tiempo abandonan la localidad por vías de fácil acceso.

En algunas ocasiones estos grupos, antes de realizar los robos, marcan las viviendas con hilos de silicona o pequeños testigos de plástico que colocan entre el marco de puerta y la propia puerta con el objetivo de verificar si hay actividad en el interior. Si la marca permanece intacta tras varios días, los ladrones entienden que la casa está vacía y actúan.

La complejidad de la investigación -en la que participaron más de 200 agentes de distintas plantillas territoriales- radicó en la “gran cantidad” de personas investigadas y de registros realizados, las numerosas autoridades judiciales implicadas, y los miles de archivos intervenidos. Entre los arrestados hay un ingeniero informático, un exmilitar profesional -a quien se le intervinieron nueve armas de fuego y gran cantidad de munición- y un profesor de secundaria que, además, tenía menores en régimen de acogida, informa Ical.

La investigación, cuya explotación operativa se realizó a principios del mes de junio, fue coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia junto con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática. Además, ha contado con la participación de más de 200 agentes pertenecientes a distintas plantillas territoriales.

Fruto de la operación, los agentes realizaron más de 100 registros en la mayor parte de provincias de la geografía española. Como resultado de los mismos, intervinieron gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre los que se encuentran 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores (de sobremesa y portátiles), 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferentes. Asimismo, investigaron a 110 personas por posesión, producción y distribución de pornografía infantil, resultando 61 de ellas detenidas y 17 investigadas no detenidas.

Los arrestos se realizaron, junto a las provincias de Castilla y León, en Vizcaya (2), Guipúzcoa (1), Alicante (2), Castellón (2), Navarra (1), Lleida (1), Girona (2), Baleares (1), Melilla (2), La Rioja (1), Cantabria (2), Cáceres (1), Las Palmas (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Zaragoza (3), Huesca (2), Asturias (2), Madrid (4), Guadalajara (2), Albacete (1), Ciudad Real (1), Toledo (3), Ourense (1), Lugo (1), A Coruña (2), Sevilla (2), Málaga (1), Granada (1), Cádiz (2) y Almería (1).

Entre los arrestados se encuentra un individuo que utilizaba la conexión wifi pública de un establecimiento de hostelería. Los agentes lograron identificarlo, y localizarlo en Ourense, tras observar un patrón de descargas en determinadas franjas horarias que permitieron detectar una conexión en tiempo real y a la persona que, con un ordenador portátil, realizaba las conexiones investigadas. Otro de los encartados, detenido en Castellón, es un ingeniero informático con avanzados conocimientos y habilidades técnicas. Esto le llevó a realizar una instalación por cable para compartir la conexión a Internet, desde la que descargaba y distribuía el material de explotación sexual infantil, con su hermano (residente en el piso superior y titular de la línea).

Un profesor de secundaria y un exmilitar

Por otra parte, el arrestado en el municipio madrileño de Coslada adoptaba medidas de seguridad y eliminaba el material ilícito descargado; si bien, fruto del análisis de los dispositivos intervenidos, los agentes acreditaron que descargaba y distribuía archivos de explotación sexual infantil. Además, durante el registro de su domicilio, localizaron nueve armas de fuego (largas, cortas y de guerra) así como gran cantidad de munición.

Por último, entre los detenidos se encuentra un profesor de educación secundaria que, además, tenía menores en acogida. Este individuo aprovechaba cualquier actividad para grabar a los menores mientras practicaban conductas sexuales o cuando estaban desnudos y, finalmente, fue arrestado en Las Palmas.

Además, a las 17.44 horas, agentes de la Policía Local de Palencia acudieron a la calle República Dominicana tras el reporte de una mordedura de perro a una mujer de 46 años, quien fue trasladada al Hospital Río Carrión por una herida sangrante en la pierna. Se identificó al perro y a su dueño, un varón de 42 años, que fue denunciado por no tener actualizado el calendario de vacunas del animal. La Unidad de Medio Ambiente elaboró un informe de mordedura remitido a los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, agentes de la Policía Local intervinieron en la avenida Casado del Alisal con un varón que no portaba documentación, por lo que fue trasladado a Comisaría para su identificación. Tras realizar las diligencias oportunas, se verificó que se trataba de un hombre marroquí de 36 años con una orden de expulsión vigente, quedando a disposición de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional para cumplir con dicha medida.