La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su departamento ha remitido un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que envíen los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en un plazo de un mes.
En su intervención, García indicó que esta petición se fundamenta en el marco normativo vigente y responde a la necesidad de disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar de forma efectiva dichos programas en el conjunto del territorio nacional.
De hecho, explicó, el requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública.
Por el contrario, indicó la ministra, “el resto de comunidades no gobernadas por el PP ya nos han remitido los datos o los remitirán en los próximos días, ya que han mostrado la voluntad de poner transparencia y luz y taquígrafos en un programa que ahora mismo está puesto en cuestión por el Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla”.
Así, continuó, “el Partido Popular se ampara en excusas de mal gobernante. Por ello, el requerimiento formal enviado exige la remisión inmediata de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer y que fueron pactados con todas las comunidades. Y ello porque la ley se cumple”.
Defensa de los derechos
En este sentido, Mónica García insistió en que “esto lo hacemos porque es nuestra obligación defender el derecho de la población a tener una prevención eficaz contra el cáncer en todo el territorio nacional”.
De hecho, el ‘Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS’, aprobado por unanimidad el pasado mes de abril por la Ponencia de Cribado Poblacional y la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establece los objetivos, indicadores y criterios técnicos necesarios para la evaluación de los programas de cribado.
Ante esta situación, la titular de Sanidad advirtió de que “en caso de no recibir esa información en un plazo de un mes, la siguiente acción legal será un recurso contencioso-administrativo. Y esto lo hacemos amparándonos en la ley”.
Las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud -Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011- atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en materia de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública.
Otras leyes
Entre ellas, se encuentra la responsabilidad de garantizar que los sistemas de información sean homogéneos, oportunos y útiles para la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. La Ley General de Salud Pública establece, además, que las comunidades autónomas deben asegurar el cumplimiento de los requisitos de vigilancia y proporcionar la información solicitada por las autoridades sanitarias, con la desagregación y periodicidad necesarias.
Además, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, a través de la Subdirección General de Prevención, Promoción y Equidad en Salud, coordina la implementación del documento junto a las administraciones autonómicas.
La titular de Sanidad remarcó que dada la reciente detección de incidencias relevantes en el programa de cribado de cáncer de mama de la Junta de Andalucía, se considera urgente disponer de los datos actualizados correspondientes a los últimos cinco años.
Con respecto al requerimiento interpuesto hace dos semanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “para que cumpliera la ley con el registro de objetores de conciencia de la ley del aborto», subrayó que «le quedan dos semanas para remitirnos este registro y en caso contrario el Ministerio de Sanidad iniciará las acciones legales contenciosas-administrativas pertinentes”.