La Junta de Castilla y León ya ha destinado 6,5 millones de euros para aplicar las medidas de control de los focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) o gripe aviar, aparecidos en la Comunidad durante 2025. Esta cantidad, que ha tenido que tramitarse por la vía de urgencia para poder dar respuesta inmediata a los focos confirmados, incluye únicamente gastos derivados del sacrificio de los animales y la destrucción de todos los medios de producción, así como la limpieza y desinfección de las explotaciones ganaderas afectadas.
Las medidas de control que deben aplicarse ante la aparición de un brote de esta enfermedad están legisladas en el ámbito comunitario y nacional, así como en los planes de contingencia aprobados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y tienen como fin evitar tanto su propagación como el impacto económico que pueda causar en el sector.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el Ejecutivo autonómico ha actuado de forma “muy rápida y muy ágil” para que las granjas puedan volver a la normalidad en el “menor tiempo posible”. No en vano, consideró que, sin este esfuerzo económico, “muchísimas” actividades productivas no podrían volver a la situación previa, ante la incapacidad para asumir este tipo de costes.
En todo caso, solicitó, según recogió la Agencia Ical las ayudas que deberán llegar de la Unión Europea y el Estado pero reiteró que la Junta consideró que no era momento de dilación de plazos y trámites.
Además, anunció que, posteriormente y de “manera muy inmediata”, se aprobarán las indemnizaciones para la reposición y la adquisición de aves. No en vano, hasta la fecha, ha habido siete focos en la Comunidad, ninguno de ellos en el último mes, que han supuesto el sacrificio de 2,1 millones de aves. Eso sí, Carriedo apostó por ese hecho no debe “despistarnos ni relajarnos” por que continúa el “máximo riesgo”, ya que es una enfermedad que se contagia con “muchísima facilidad” entre las aves y más en un contexto con especies migratorias.
Focos que, según el portavoz de la Junta, han tenido un doble impacto económico. Primero, en el sector productivo y en el empleo asociado, que se verá afectado hasta que se pueda recuperar la actividad en las explotaciones. Segundo, en los consumidores, con la subida del precio de los huevos, un producto de primera necesidad, en un escenario de alta inflación.
Fernández Carriedo trató de tranquilizar a la población al señalar que no existe un desabastecimiento de huevos por que, “afortunadamente”, Castilla y León es una gran productora de este tipo de alimento. Además, España produce más huevos que los que se consumen en el país.
La Junta recordó que las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, trabajan de forma coordinada en un grupo de trabajo interinstitucional, en el que realizan el control y seguimiento de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad declarados en Castilla y León. Además, se mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en la adopción de las medidas necesarias para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a las explotaciones.
Medidas de bioseguridad
La Junta recuerda la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas con el fin de evitar el contacto con aves silvestres, así como de intensificar la vigilancia. En este sentido, cualquier sospecha debe ser notificada de inmediato para posibilitar la detección precoz de nuevos focos y la adopción de las medidas necesarias que impidan la diseminación de la enfermedad.
Asimismo, la Junta precisó que este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En todo caso, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o se encuentren muertas en el campo.