Función Pública, UGT y CSIF acordaron este miércoles una subida salarial para los empleados públicos del 11 por ciento entre 2025 y 2028, aunque podría llegar hasta el 11,4 por ciento por el efecto arrastre. CCOO está pendiente de valorar el acuerdo.
Los trabajadores públicos recibirán un incremento del 2,5 por ciento en 2025, con efectos retroactivos. En 2026, tendrán una subida del 1,5 por ciento, a la que se sumará un 0,5 por ciento si el IPC es igual o superior al 1,5 por ciento. Los salarios de los empleados públicos se revalorizarán un 4,5 por ciento en 2027 y añadirán un 2 por ciento en 2028.
El Gobierno quería centrar el grueso de la subida en 2027, con un incremento inicial del 5 por ciento. Sin embargo, los sindicatos reclamaron mejorar el alza de 2026.
De esta forma, las partes aceptaron detraer un 0,5 por ciento de ese 5 por ciento propuesto para 2027 y llevarlo a 2026 en forma de variable ligada al IPC. Si finalmente la inflación de 2026 es igual o superior al 1,5 por ciento, los trabajadores públicos cobrarán el incremento variable en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
En total, la subida entre 2025 y 2028 será del 11,45 por ciento teniendo en cuenta el efecto arrastre, según los cálculos facilitados por los sindicatos.
Tras la reunión de este miércoles, que duró más de cuatro horas, CSIF explicó que dio el visto bueno al acuerdo después de que Función Pública cediera en añadir ese 0,5 por ciento variable en 2026.
Para el sindicato también resultó clave que el acuerdo recoja mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia, así como las indemnizaciones por razones de servicio, se revisen al alza el próximo año.