La Junta de Castilla y León recurrirá en los próximos días el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes habilitado por el Gobierno de España al entender que es “contrario” a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación, lo que podría conllevar un “impacto grave” para el resto de estados miembros. También, cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre la residencia en España.
El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco adoptó esta decisión, “sin consideración externa”, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, una vez examinada la normativa, sin bien todavía no se ha determinado el cauce judicial más oportuno para ello. Si acudieran al Tribunal Constitucional se requeriría un informe del Consejo Consultivo, no así si optan por la vía del Supremo.
Así lo confirmó hoy en su comparecencia el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras avanzar Ical esta mañana la intención de la Junta de emprender acciones legales, en sintonía con los pasos dados por otras comunidades autónomas que prevén acudir al Tribunal Supremo e incluso solicitar la suspensión cautelar del proceso de regularización, que ya ha comenzado formalmente y que se extenderá hasta el 30 de junio.
En su exposición, Fernández Carriedo defendió que el recurso se presentará “en defensa de los intereses” de la Comunidad, así como del conjunto de los ciudadanos. En los aspectos normativos, a la espera del informe de los servicios jurídicos de la Junta, el portavoz apuntó a la normativa europea, ya que consideró la regularización afecta a la unidad de frontera y la libre circulación de ciudadanos en la Unión, lo que conculcaría -dijo- el derecho comunitario.
Aunque Fernández Carriedo aseguró que no conocen el número de personas que podrían acogerse a esta vía extraordinaria en Castilla y León -unas 25.000 según CCOO-, apuntó que el volumen de beneficiarios estimado por el Gobierno, en torno al medio millón, podría tener un “impacto muy importante” sobre el conjunto de los estados miembros, dada la posibilidad de moverse de un estado miembro de la Unión Europea a otro.
Igualmente, el Gobierno de Castilla y León cuestiona también el mecanismo establecido por el Gobierno para acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año. Según Fernández Carriedo, no se garantiza de forma «correcta» el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto. De hecho censuró que se pueda acceder a la regularización con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.
Sin diálogo
Por otra parte, el portavoz de la Junta aseguró que este Real Decreto refleja cómo actúa el Gobierno de España, a quien reprochó que haya aprobado una regularización extraordinaria “sin diálogo” con los ayuntamientos o las comunidades autónomas, que insistió tienen “mucho que opinar”. De la misma forma afeó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esta normativa no haya tenido “ninguna participación” de los diferentes órganos, ni tampoco “control parlamentario”.
Por el contrario, Fernández Carriedo defendió el modelo de inmigración “ordenada” que defiende la Junta, a través del cauce que ofrece -dijo- el empleo para la integración económica y social. De esta forma, aseguró que son “bienvenidos” aquellos que lleguen a la Comunidad para trabajar y contribuir al desarrollo de esta tierra, ya sea mediante el alta a la Seguridad Social o el pago de impuestos.
No obstante, el consejero portavoz reconoció que las empresas buscan sin éxito personal para cubrir algunos puestos, pero señaló que la puesta en marcha de esta regularización no garantiza en su opinión que las personas que obtengan su residencia en España se ajusten a los perfiles demandados.
Finalmente, el consejero portavoz apuntó que Castilla y León acaba de marcar un “récord” de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con más de 101.000 y un ritmo de crecimiento superior a la media nacional, tanto en la evolución interanual como mensual. A su juicio, el Gobierno ha creado un “problema donde no lo hay” en lugar de optar por el cauce de la integración ”ordenada» mediante un contrato de trabajo.