La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) alertó hoy de la “grave situación” que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en España, y advirtió de que el deterioro del diálogo social con el Ministerio de Trabajo agrava todavía más las dificultades del tejido empresarial.
La organización empresarial denunció la exclusión de las patronales en asuntos que considera “clave”, y aseguró que esta situación demuestra un “desconocimiento de la realidad empresarial” y supone un “riesgo creciente” para las pymes, que representan el 99 por ciento del tejido empresarial español.
En el comunicado recogido por Ical, Cepyme recordó que el artículo 7 de la Constitución reconoce la libertad de organización de las asociaciones empresariales y su derecho a defender los intereses económicos y sociales de sus asociados. En este sentido, sostuvo que su postura no responde a una voluntad de obstaculizar acuerdos, sino a la “legítima defensa” de las pymes frente a medidas que afectan directamente a su supervivencia y competitividad.
Cepyme aseguró que las pymes españolas afrontan “desafíos estructurales” que amenazan su competitividad y supervivencia. Entre ellos citó el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que generan costes administrativos y reducen tiempo, recursos y capacidad de crecimiento, especialmente en las microempresas que carecen de estructura administrativa propia.
También criticó la falta de un diálogo social “efectivo”, que, según señaló, ha derivado en decisiones unilaterales del Gobierno y en medidas laborales que “no reflejan la realidad empresarial”, provocando una desconexión entre la legislación y el tejido productivo. “Cada acción que ignora a las pymes pone en riesgo a quienes las mantienen vivas y dan empleo a tantas familias”, afirmó la organización.
Asimismo, advirtió de la elevada presión fiscal y del aumento de los costes laborales y operativos, incluidos los incrementos del salario mínimo y nuevas obligaciones laborales, factores que, según CEPYME, reducen márgenes empresariales y dificultan la inversión.
La patronal añadió a este escenario la vulnerabilidad de las microempresas, las dificultades para avanzar en digitalización, la incertidumbre normativa y la falta de seguridad jurídica, y consideró que, de no actuar, aumentarán los cierres de comercios, la despoblación y la pérdida de cohesión territorial.
Por ello, Cepyme reclamó al Gobierno un diálogo social “efectivo y transparente” que tenga en cuenta las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas y evite decisiones unilaterales que comprometan la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. También pidió medidas diferenciales y proporcionales, incentivos fiscales y apoyo en digitalización.
La Patronal destacó, además, que representa a las pequeñas y medianas empresas a través de organizaciones territoriales, provinciales y sectoriales, lo que, a su juicio, le otorga una “fuerza de cohesión y unidad sin precedentes” en la defensa de los intereses empresariales y garantiza que la voz de las pymes llegue con “autoridad, representatividad y conocimiento directo del territorio y de cada sector”.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con el crecimiento sostenible de las pymes y con un modelo económico basado en la competitividad, la innovación y la creación de empleo, y aseguró que continuará trabajando para que “la voz de las pymes se escuche” en todas las decisiones que afectan a su futuro.