El Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, entre ellos distintos incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos registrados en Castilla y León.
El acuerdo permitirá a los distintos departamentos ministeriales poner en marcha diferentes líneas de ayuda destinadas a compensar los daños personales y materiales sufridos por particulares, empresas, entidades e instituciones como consecuencia de las emergencias.
En el caso de Castilla y León, el acuerdo recoge tanto los incendios forestales registrados durante el periodo de referencia como diversos fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos episodios de altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones.
La declaración se extiende también a territorios afectados de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Región de Murcia.
El Gobierno precisó que el listado incluye determinados incendios forestales que se produjeron antes del periodo comprendido entre el 27 de julio y el 31 de agosto, pero cuyas situaciones operativas fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante esas fechas.
Entre las emergencias incluidas destaca especialmente la serie sísmica que afectó a la provincia de Granada durante el mes de agosto, tanto por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes.
Ayudas por los daños
Las personas o entidades que puedan acreditar daños derivados de cualquiera de los episodios incluidos en el acuerdo pueden solicitar ya ante la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
También podrán acceder a estas ayudas las corporaciones locales que hayan afrontado gastos derivados de las emergencias y las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes para hacer frente a las mismas.
La efectividad de las medidas estará condicionada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en cada línea de ayuda.
Además, el Ministerio del Interior estudiará la posibilidad de establecer una exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción y las bajas de vehículos siniestrados, así como para la expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.
Hasta el 50% para reparar infraestructuras municipales
El Ministerio de Hacienda concretará asimismo la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en los supuestos previstos. Las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.
Por su parte, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.
Asimismo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas de hasta el 50 por ciento de los proyectos ejecutados por las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales afectados.
Los diferentes departamentos ministeriales podrán también declarar zona de actuación especial y de emergencia las obras necesarias para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.
El acuerdo podrá complementarse posteriormente con nuevas medidas de recuperación, coordinación y apoyo, una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación más completa de los daños realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas.