Cientos de agricultores de las nueve provincias de Castilla y León se concentraron ante la sede de la Junta de Castilla y León para exigir al Gobierno autonómico una ayuda directa de 150 millones de euros para el sector cerealista. Los representantes del campo coincidieron en advertir que la situación del sector cerealista es “crítica” y reclamaron una respuesta inmediata que permita afrontar la próxima sementera 2026-2027.
Durante la protesta, los manifestantes portaron pancartas con lemas en defensa del campo y banderas de las diferentes organizaciones agrarias. Además, los asistentes hicieron sonar de forma continuada silbatos y bocinas y lanzaron petardos para reclamar la atención del Gobierno autonómico, que celebraba en esos momentos su Consejo de Gobierno.
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, cifró en 300 millones de euros las pérdidas sufridas este año por el campo de la Comunidad. La mala cosecha, el incremento de los costes de producción y el desplome de los precios colocaron a muchas explotaciones, según explicó, “en una situación límite”, como indicó a Ical.
“La situación es muy grave para el sector cerealista de Castilla y León”, afirmó Dujo, quien detalló que los costes de producción superaron los 800 euros por hectárea en secano, mientras que el precio del cereal se mantiene alrededor de los 200 euros por tonelada. La producción media se situó este años en 3.100 kilos por hectárea y la cosecha total alcanzó los 4,9 millones de toneladas, un 40 por ciento menos que el año pasado. Para Dujo estas cifras “explican unas pérdidas que alcanzan los 300 millones de euros”.
“El campo no aguanta más”, advirtió el presidente de Asaja, quien aseguró que el sector no tiene actualmente “capacidad económica de seguir la sementera 26-27”. Según afirmó, el campo se encuentra “en una situación de quiebra, de desánimo” después de varios años marcados por los altos costes, la guerra y lo que definió como “mala política europea y de los gobiernos”.
Dujo puso como ejemplo una explotación de 200 hectáreas, que, según sus cálculos, perdió unos 40.000 euros este año. “No se pone en condiciones para hacer la próxima sementera e invertir 160.000 euros que vale sin tener asegurado que tiene las administraciones respaldando detrás”, señaló.
El dirigente de Asaja recordó que las organizaciones ya reclamaron medidas al Gobierno central, a la Junta y a la Unión Europea. Aunque consideró “insuficientes” los 150 millones de euros de ayudas anunciados por el Gobierno para el sector cerealista de Castilla y León, valoró que estas ayudas “estén previstas”. Por ello, reclamó a la Junta que aporte “la misma cantidad que ha dado el Gobierno y en condiciones similares”. Dujo dirigió directamente al presidente autonómico: “En su debate de investidura dijo apoyo sin fisuras al campo. Prometer y no dar es faltar a la verdad; por eso exigimos que la promesa se haga cierta”.
También defendió el impacto económico de estas ayudas más allá de las explotaciones agrarias. “El dinero que dé de ayuda al campo no se queda en el campo”, explicó, sino que “genera producto interior bruto, genera riqueza, genera empleo y genera medio rural”.
Dujo concluyó reclamando al presidente de la Junta que apoye al sector, “más de 2.000 agricultores de las nueve provincias le pedimos que nos ayude”. “No se puede pasar de que Castilla y León sea el granero de España a un desierto en España con agricultores arruinados”, añadió.
El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, insistió en que el sector está atravesando “el peor momento de toda su historia”. “Unos altísimos costes de producción que no podemos soportar, una mala cosecha, una pésima cosecha y, por si esto fuese poco, unos precios que están muy por debajo de los costes de producción”, resumió.
Campaña “prácticamente imposible”
González Palacín advirtió de que afrontar una nueva campaña en estas condiciones es “prácticamente imposible” y exigió al presidente de la Junta “150 millones de ayudas directas”. “No nos vale cualquier otra fórmula”, remarcó.
El presidente de UCCL, defendió que la inversión en agricultura repercute en todo el tejido económico de la Comunidad. “Cada euros que se invierte en agricultura se multiplica por tres, por lo tanto, es la mejor inversión que podemos hacer”, aseguró.
Junto a las medidas de emergencia, González Palacín reclamó cambios estructurales. Entre ellos, pidió unos seguros agrarios que sean capaces de cubrir “al menos 4.000 kilos por hectárea en toda Castilla y León”. Según dijo, “una red de seguridad como los seguros es fundamental”, aunque denunció que existen zonas donde contratar una póliza “no merece la pena” porque ni siquiera permite cubrir los costes de producción.
También reclamó una PAC centrada en los agricultores profesionales. “Necesitamos que esta red de seguridad que es la PAC vaya realmente a los que vivimos del campo”, defendió. En este sentido, cuestionó que una parte de los perceptores “no sean profesionales agrarios” y reclamó que “las ayudas se orienten a quienes dependen de esta actividad”.
González Palacín reclamó además una “ley anti-especulación” que impida abusos en momentos de crisis y acusó a las compañías petrolíferas de “obtener grandes beneficios mientras sectores como la agricultura afrontan pérdidas”.
En materia de comercio exterior, defendió que “primero se tiene que comprar lo nuestro” antes de recurrir a los mercados internacionales. Asimismo, exigió que las importaciones cumplan las mismas exigencias que la producción española. “No podemos importar cereal de fuera que tenga residuos que aquí están prohibidos”, señaló.
El coordinador de COAG Castilla y León y miembro de la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera, recordó que las organizaciones llevan varias campañas alertando de la situación. “Ya denunciamos en aquel momento, en 2024, que esta situación iba a llevar al traste a este sector tan importante en Castilla y León”, explicó.
Rivera destacó el peso económico del cereal y ha apuntado que, en una situación normal, genera una facturación de “más de 1.500 millones de euros”. “No hay sector productivo en Castilla y León que llegue a esa cantidad económica”, defendió.
Situación “empeorada”
Según relató, dos años después de aquellas advertencias la situación empeoró por la acumulación de problemas. “La situación es peor”, afirmó, tras referirse a los elevados costes de producción, las consecuencias de la guerra de Ucrania y el impacto de otros conflictos internacionales.
Rivera aseguró que Castilla y León perdió “300.000 hectáreas de producción de cereal” desde 2020 y advirtió de que los agricultores están llegando a un límite económico. “Ya no hay reservas de dinero para poder afrontar nuevas sementeras, tampoco hay capacidad de crédito y, sobre todo, se acaba la paciencia”, señaló.
El representante de COAG reclamó controlar las importaciones procedentes de Ucrania y pidió que la Unión Europea utilice las cláusulas de salvaguarda para proteger a los productores comunitarios. “O se controlan esas importaciones o de lo contrario nos vamos a la ruina”, advirtió.
Rivera insistió en la importancia estratégica del sector por su capacidad para movilizar a otros ámbitos económicos. Citó la maquinaria, los fertilizantes y los productos fitosanitarios y advirtió de que todos ellos “se irían al traste si este sector fracasa”.
“No queremos que pase eso”, señaló, recordando que Castilla y León cuenta con “dos millones de hectáreas” de capacidad de producción de cereal. Por ello, reclamó a la Junta “un presupuesto especial para este sector” porque “estamos en una situación crítica, no crisis, crítica ya”.
Por último, el secretario de UPA Castilla y León, Aurelio González, recordó que su organización ya reclamó ayudas al presidente de la Junta el mismo día de su toma de posesión, el pasado 11 de junio. “Ya entonces ese mismo día le pedimos que la primera medida a aprobar fuese una ayuda a los agricultores para salvar la crisis y poder sembrar la próxima sementera”, explicó.
González consideró que “salvar la próxima sementera es fundamental» porque «ahora mismo las cuentas no salen”. “Cuando no salen las cuentas, varios años seguidos, ya terminas por abandonar”, advirtió.
El secretario de UPA relacionó el abandono de las explotaciones con el futuro del medio rural y la prevención de incendios. “No podemos permitirnos dejar perdido una gran parte del territorio de Castilla y León que al final puede ser pasto de las llamas”, señaló.
Plan específico
También apostó por un plan específico para “los agricultores a título principal” y para las explotaciones familiares agrarias, que, según defendió, son quienes “están viviendo en los pueblos y mantienen los pueblos abiertos”. “Si no hay explotaciones familiares, si no hay agricultores y ganaderos en los pueblos, terminarán por cerrarse y desgraciadamente serán pasto de las llamas”, alertó.
González pidió además a la Junta que cumpla y haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, cuestionó la actividad de la Dirección Provincial de Cadena Alimentaria y del Defensor de la Cadena Alimentaria durante los últimos años. “Todavía no conocemos ninguna actuación ni ninguna sanción que hayan tomado en estos cuatro años”, afirmó.
El dirigente de UPA reclamó que la Administración actúe de oficio y lanzó una advertencia al sector agroindustrial: “Ni un solo euro de ayuda a esas industrias o a esas
“Tenemos que salvar claramente la soberanía alimentaria”, concluyó González. “Ese es nuestro trabajo, producir alimentos”, una labor que también permite “mantener el medio rural y futuro para nuestros hijos”.