Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas y desarticularon un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación irregular en el marco de la operación ‘PUPI’, que permitió destapar un fraude a la Seguridad Social de más de 155.000 euros por parte de nueve empresas de Valladolid. La investigación contó con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la provincia.
Según informan fuentes policiales, estas empresas se constituyeron con el fin de defraudar y aumentar exponencialmente el lucro personal del grupo desarticulado, ya que sus integrantes se dedicaban a la intermediación agraria, es decir, proporcionan a los agricultores mano de obra para trabajar en el campo para realizar labores tales como vendimia, recogida de patata o la poda en seco, entre otras.
Asimismo, los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, quien al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente. Si bien, las obligaciones de cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas acumulando así una deuda importante mes a mes.
En ese momento creaban otra empresa a nombre de uno de los miembros del grupo, para continuar contratando trabajadores y poder facturar a los clientes. De esta manera iría aumentando la deuda con la Seguridad Social ya que no se cubrían las cuotas establecidas por las contrataciones.
Cuando comenzaban a recibir requerimientos de pago o tenían que realizar nuevos contratos con clientes que exigían el certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social, incorporaban a otro miembro del grupo, creando una nueva empresa a su nombre, con idéntica actividad, mismos trabajadores y clientes. Sin embargo, estaría “limpia” de deuda con la Seguridad Social, es decir dispondría del certificado de estar al corriente de pago para ser presentado a sus clientes, y poder continuar con la actividad.
La Policía explicó que el entramado criminal había desarrollado su actividad empleando este modus durante más de cinco años, todos ellos ya habían sido titulares de empresas unipersonales y por lo tanto a su propio nombre figuraba una deuda sin cubrir con Seguridad Social.
Del mismo modo ha dado ocupación de manera reiterada a trabajadores sin autorización de residencia y trabajo en España, recurriendo a la imposición de condiciones laborales abusivas consistentes en jornadas laborales de lunes a domingo sin descansos ni vacaciones, comenzando a las seis de la mañana y no teniendo hora de finalización hasta que se acabase el trabajo programado, habitualmente unas diez o 12 horas diarias y por un salario de cinco euros la hora, que nunca llegaron a percibir en su totalidad.
Además les proporcionaron una vivienda insalubre, tratándose del garaje de la casa donde residían otros trabajadores. Este habitáculo era compartido por cinco personas, disponiendo únicamente de colchones en el suelo para dormir y una bombona de gas para calentar comida. De hecho, ni siquiera disponía de un baño donde poder asearse.
El grupo criminal operaba principalmente en la provincia de Valladolid, los impagos de cuotas de la Seguridad Social del conjunto de empresas ascienden a más de 155.000 euros, al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.