El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León recomienda analizar las zonas donde la vivienda se lleve un tercio de los ingresos de los hogares. De esta forma, defiende que la ley estatal, aprobada en 2023, recoge “herramientas” que pueden servir a la Junta para hacer frente a este “problema estructural” y plantea “repensar” las políticas puestas en marcha hasta ahora.
Así figura en el capítulo de recomendaciones del Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2025, consultado por Ical, que explica que el aumento de precios, tanto en el alquiler, como en la compra, afecta en la Comunidad, especialmente, a los jóvenes al tener salarios medios más bajos en relación a la media nacional. A esto se une, según el CES, el “sesgo” del medio rural el metro cuadrado cotiza a la baja, lo que influye en los valores autonómicos.
Por ello, el CES propone apostar por un aumento de la oferta mediante políticas como la creación de un parque público de vivienda “bien dimensionado”, que llegue al menos a las 4.200 viviendas, tal y como recuerda se pactó en el Diálogo Social. Para ello, recuerda que se puede utilizar la rehabilitación, la promoción de obra nueva, la cesión o el tanteo y retracto. Además, ve conveniente movilizar el suelo “estancado” y proteger a las personas más vulnerables, con rentas más bajas y a los jóvenes.
Igualmente, reclama “esfuerzos” a la Junta para que las ayudas al alquiler sean “más eficientes y eficaces” y lleguen a toda la ciudadanía que cumpla los requisitos de acceso. Así, recomienda revisar los límites de rentas y establecer criterios de progresividad en las cuantías de ayudas, así como reducir al mínimo la tramitación burocrática y acortar los tiempos de espera para la concesión y el cobro.
En materia de suelo, el CES considera necesario estudiar la posibilidad de utilizar figuras como la definición de proyectos de actuación prioritaria para impulsar actuaciones residenciales protegidas. También plantea recurrir a nuevas formas habitacionales como el ‘cohousing’ o el ‘coliving’ o los alojamientos dotacionales en suelos calificados como “equipamiento”, para crear un servicio público habitacional, de carácter temporal y rotatorio, para colectivos con especiales dificultades.
De la misma forma, aboga por seguir promoviendo “activamente” vivienda protegida en municipios rurales para evitar la despoblación y garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio. Además, en las zonas rurales, pide rehabilitar el parque de casas que se encuentre «envejecido” para que se convierta en una “alternativa” a la falta de oferta. También reclama “mayor implicación” de las entidades locales, mediante actuaciones como, la cesión de suelo o la creación de unidades específicas.