El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos De Margarida, denunció hoy que el hecho de no contar con presupuestos ni del Estado ni de la Comunidad provoca que todas las realidades socioeconómicas que existen en este momento no se afronten con la debida “sensatez y sentido común”, ya que se crean “situaciones de trampantojo o tapones” y se utilizan los fondos Next Generation para solventar realidades económicas, inversiones y reformas, que no están contempladas.
“Se deben realizar las reformas estructurales por parte del Gobierno nacional y regional, por lo que es necesario tener unos presupuestos actualizados y no parcheados, año tras año, que logren unas cuentas públicas adaptadas a las necesidades y realidades actuales en base a la austeridad y al sentido común del gasto”, indicó para reconocer que a pesar del contexto internacional y la falta de presupuestos existe un “optimismo” sobre la evolución de la economía.
En este aspecto, indicó que Castilla y León necesita unos presupuestos estatales para lograr actualizar sus presupuestos, al objeto de gestionar eficiente y eficazmente los servicios públicos con competencia autonómica que afectan directamente a la inversiones públicas y privadas”.
El también director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, ECOVA, que presentó el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2025, señaló que aunque la economía regional crece, es necesario que por parte de la Administración autonómica, y con la ayuda de los agentes sociales, se mejore el posicionamiento de la Comunidad en el ámbito nacional para atraer empresas innovadoras, así como para potenciar la innovación de las existentes.
En este sentido, recordó que la situación socioeconómica a nivel internacional es “cambiante, muy conflictiva y muy preocupante” y cualquier situación de cambio comercial a nivel internacional puede perjudicar a la balanza económica. “Estamos importando y exportando productos con Israel por valor de unos 100 millones de euros. No son grandes cantidades, pero evidentemente las empresas que están vendiendo o que están posicionándose en el ámbito de Israel si pierden las inversiones o las exportaciones o desaparecerán o estarán abocadas a reducir la plantilla”, dijo.
Ante estos hechos, Castilla y León, según De Margarida, se enfrenta a una serie de retos, como son “aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, deflactando el IRPF, bajando los impuestos estatales y subiendo moderadamente los salarios».
En la actualidad, los hogares castellanos y leoneses aumentan acompasadamente su ahorro y su deuda, acumulándose el ahorro en las rentas más altas, mientras las más medias y bajas no pueden llegar a fin de mes. “Si a esta realidad unimos que un aumento del ahorro es dinero que no aumenta el consumo, esto hace minorar la actividad económica con un impacto directo en sectores como el comercio minorista, cada vez más débil, y el sector servicios. No hay que olvidar que nos encontramos en una región fundamentada más en el sector servicios, aunque con gran fortaleza en el sector industrial”, agregó.
El Observatorio establece que “la región ha experimentado un crecimiento económico moderado, con mejora en indicadores clave como el empleo, el consumo y la actividad industrial. Todo ello en un marco de estabilidad económica con alta incertidumbre, pero con un fuerte potencial de crecimiento y desarrollo continuo”.
“Hay áreas donde la región ha superado el rendimiento nacional. No obstante, el problema es que nos encontramos ante una realidad socioeconómica de gran incertidumbre (aranceles, guerras Ucrania-Rusia, Israel-Gaza, con inestabilidades entre Rusia y la UE, EEUU y Venezuela) que puede provocar una situación política, social y económica crítica”, afirmó.
En este aspecto, auguró que primero puede generar una situación de recesión, que si no se controla, debido a los conflictos económicos y sociales que están surgiendo en el panorama internacional, atraerían finalmente una estanflación originándose un estancamiento económico, una inflación alta y un alto nivel de desempleo.
Ante esto, recordó que esto tienen una serie de consecuencias directas, ya que se reduce el poder adquisitivo de las familias, se debilita a las empresas y se presenta un gran desafío para los gobiernos y bancos centrales, que deben tomar decisiones difíciles, tanto económicas, como sociales y políticas, para controlar los precios sin agravar la recesión o el desempleo.