El Pleno del Congreso convalidó este jueves, con el voto en contra de Vox, el real decreto-ley que recoge la subida general del 2,7 por ciento de las pensiones y que logró ver la luz después de que el PP, Vox y Junts tumbaran el anterior decreto por el hecho de que se incorporaba la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Tras ese revés parlamentario, el Ejecutivo dividió en dos el texto y, así, consiguió aprobar definitivamente la revalorización de pensiones, mientras que el ‘escudo social’ volvió a ser rechazado.
El texto salió adelante por 317 votos a favor y 33 en contra, de manera que todos los partidos se posicionaron a favor y los de Santiago Abascal en contra. Con ello, Vox se mantiene en su negativa, mientras Junts y PP cambiaron al ‘sí’.
En enero, el Gobierno se negó a separar la subida de pensiones de otras medidas como la que rechazaban Junts, PP y Vox sobre los desahucios, lo que ahora sí ha concedido.
En concreto, la subida general de pensiones es de un 2,7 por ciento con carácter general, como resultado de la inflación media de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. Así, las pensiones contributivas se incrementan una media de 570 euros al año y, en el conjunto del sistema, algo menos de 500 euros.
De su lado, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07 por ciento, un alza que llega al 11,4 por ciento en el caso de las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben también un 11,4 por ciento.
La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9 por ciento más que en el pasado ejercicio.
En la defensa del texto, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que esta revalorización es “necesaria” y “urgente” para la estabilidad del sistema. “Hablamos de millones de hogares que dependen de que las instituciones estemos a la altura”, enfatizó.
“Es un derecho que encuentra su raíz en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Gracias a este marco de consenso se blinda una protección digna frente a las fluctuaciones económicas. Nuestra responsabilidad es proteger a quienes sostuvieron este país durante décadas y también tenemos la responsabilidad de generar confianza en las generaciones más jóvenes. Un firme compromiso con los que están en el sistema público y con los que estarán en los próximos años”, agregó Saiz.
En cuanto a los partidos que en enero tumbaron la primera revalorización de pensiones, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua se enorgulleció de que el Gobierno haya hecho “caso” al PP y haya desgajado la subida de pensiones de otras medidas. Igualmente, recordó que el PP ha presentado una ley para asegurar el incremento de las pensiones sin necesidad de este tipo de decretos.
“¿Cómo ha podido tener el descaro de decir que el Partido Popular no quería que se revalorizaran las pensiones según el IPC?”, inquirió el diputado a la ministra Saiz, a quien acusó de “instrumentalizar” a los pensionistas, tomándolos como “rehenes de la inquiokupación”.
De “ineptitud” del Gobierno habló el diputado de Junts Josep María Cervera, quien dejó claro que su formación nunca estuvo en contra de incrementar las pensiones y avisó de que el “sufrimiento” generado a los pensionistas es “culpa” del Gobierno, porque ellos dieron un “no para poder dar un sí a un futuro mejor”. También aprovechó para volver a referirse a España como “un Estado colonizador” y exponer sus aspiraciones independentistas, que permitirán “una Cataluña avanzada” y “solidaria”. Igualmente, pidió pensiones territorializadas para que puedan hacer frente al coste de la vida en la comunidad catalana.
Sin apoyar la revalorización de las pensiones, el parlamentario de Vox José María Figaredo previno al Gobierno de que España no está creciendo económicamente, sino que los datos macro lo que reflejan se deben al aumento de la población. “Los españoles llevan 30 años empobreciéndose”, aseveró Figaredo, quien alertó de la situación “nefasta” de las cuentas de las pensiones.
Describió que en los próximos 10 años se van a jubilar 6,5 millones de personas, por lo que “no es descabellado pensar que la cantidad de pensionistas se haya duplicado” en unos años. “ustedes esto no se lo dicen a los españoles”, recriminó Figaredo, quien avisó de que para mantener las pensiones, “si seguimos por esta senda”, habrá que duplicar la presión fiscal.
Otras medidas
Por otra parte, el nuevo real decreto-ley rescata otras medidas como la congelación de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos, después de que el Ministerio dirigido por Elma Saiz no llegara a un acuerdo con las asociaciones de autónomos, los sindicatos y la patronal para la fijación de las cotizaciones para el período 2026-2028, como mandataba la reforma del sistema de cotizaciones por ingresos reales, aprobada en 2022.
Por otro lado, como ya ocurriera con el decreto ‘ómnibus’, se exime a los desempleados con prestaciones de la obligación de presentar la declaración de IRPF. Igualmente, contempla la ampliación en 10 años de préstamos concedidos a la Seguridad Social.
También se prorroga, un año más, la medida en virtud de la cual los médicos de atención primaria, de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo. Esta acción se adoptó a fin de paliar parcialmente la falta de facultativos de primaria que sufre España. Este decreto recupera la cotización adicional para los bomberos y agentes forestales para que puedan anticipar su edad de jubilación, al entenderse que realizan un trabajo de especial peligrosidad y penosidad.