El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, reiteró hoy en Valladolid que es difícil “conciliar” el avance del mundo rural con la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, apuntó que, cada vez más generalizada, los países de la Unión Europea reaccionan frente a la “imposición” de no utilizar determinados fertilizantes, ya que debilita la capacidad para producir alimentos.
Con motivo de la inauguración de las Jornadas sobre ‘La nueva economía social agraria’, organizadas por la Universidad de Valladolid (UVa) y el Colegio de Registradores de Castilla y León, García-Gallardo abogó por acercarse a los agricultores y ganadores para ver cómo les afecta la normativa que se aprueba en las distintas instituciones, en nombre de la Agenda 2030. En ese sentido, citó, según recogió la Agencia Ical, que en España se derriban presas en nombre de los objetivos de desarrollo sostenible para, por ejemplo, salvar “no se qué especie de pececillo” que hay en los ríos mientras la España del interior y de los “labradores” está sedienta y esperando agua para sus tierras, que les permita producir los alimentos.
Es por ello que el vicepresidente de la Junta subrayó que, en esta cuestión, “no se puede estar en misa y repicando” y lo explicó al apuntar que es imposible estar en la “vanguardia” de la aplicación de “todas” estas agendas globales y luego querer hablar de desarrollo rural.
Apostó por “diversificar” la economía en el mundo rural y así lo hace la Junta de Castilla y León en todas las áreas no solo agrarias sino también digitalización y turismo rural. “Si queremos fijar población en los pueblos, hay que facilitar que se desarrollen allí las actividades típicas del mundo rural como la caza, la pesca, la explotación de los montes, la agricultura y la ganadería”, añadió.
Juan García-Gallardo expuso que, ante los altos costes energéticos, de los piensos y los fertilizantes, las personas del sector primario lo tienen, cada vez, más difíciles. En este sentido, culpó de esta situación a una política energética “equivocada” y a una restricción en la forma de producción de alimentos. “Hay que hacer una reflexión muy serena sobre los efectos que ya vemos en el desarrollo de la economía agraria por razón de los objetivos de desarrollo sostenible”, reiteró.
“Estos objetivos que son enunciados de una manera totalmente bienintencionada, por lo que ha seducido a mucha gente de buen fe, pero tienen unos efectos perniciosos, según vemos en la Junta y la Consejería de Agricultura”, manifestó.
García-Gallardo recordó, según Ical, que el mayor avance a niveles de innovación en la humanidad ha sido en la agricultura. “El hombre avanzó un paso de gigante cuando dejó de salir por ahí a cazar, pescar o recolectar y empezó a utilizar la tierra. Con un espacio mucho menor de tierra, empezó a producir un mayor número de alimentos, lo que supuso un empujón a nuestro avance como especie”, precisó.
En cuanto a la jornada celebrada en el Colegio de Registradores, el vicepresidente de la Junta subrayó que el Ejecutivo autonómico ha hecho “grandes” esfuerzos por proteger el cooperativismo agrario, al considerar que es un modelo “fundamental” para el desarrollo agrario. No en vano, precisó que, gracias al cooperativismo, los agricultores pueden aprovechar de una manera más eficaz las economías de escala y acceder a la tecnología y la maquinaria. “Cuando las personas se unen, surge la fuerza”, declaró.
Cooperativas agrarias más grandes
Además, apostó por un crecimiento del tamaño de las cooperativas agrarias en Castilla y León para que sean más competitivas en un mundo globalizado pero también aumentar en actividades para que no se limiten solo a la producción. No en vano, significó que las cooperativas deben avanzar en los procesos de transformación de los alimentos para que tengan un mayor valor añadido.
Por último, valoró la repercusión “enorme” en el relevo generacional ya que cuando un joven se suma a una cooperativa es más fácil que tenga un futuro “próspero” en el mundo rural. Juan García-Gallardo destacó las ayudas aprobadas por la Consejería de Agricultura para que los jóvenes que decidan entrar en cooperativas, que se ha traducido de una incorporación de más de 600 personas en el primer año de su puesta en marcha.