La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron hoy un acuerdo, por unanimidad, por el que solo apoyarán el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur “si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad”.
Así lo trasladaron esta mañana tras mantener una reunión del Consejo Regional Agrario en Valladolid, en la que se comprometieron a “unir esfuerzos conjuntamente para defender los intereses del sector” en el acuerdo y reclamaron el “refuerzo” de controles en frontera y auditorías e inspecciones en terceros países para certificar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras.
La titular del departamento, María González Corral, exigió además que la posición española “defienda la reciprocidad” y pidió al Gobierno central un “análisis detallado y desagregado” por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables en Castilla y León. También demandó salvaguardas “reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, incorporando compensaciones operativas cuando proceda”.
Otro de los puntos en los que hubo acuerdo fue en vincular la defensa del sector y el acuerdo UE-Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, con la que exigieron una PAC post-2027 “sólida y sin recortes” que mantenga el Feaga/Feader e incremente sus dotaciones económicas.
El acuerdo suscrito hoy será enviado al Ejecutivo central y a las instituciones europeas competentes, para su toma en consideración. De hecho, las organizaciones agrarias pidieron a los europarlamentarios españoles, principalmente a los de Castilla y León, que voten en contra del documento UE-Mercosur, que se firmará en los próximos días en Paraguay, cuando este deba ser ratificado en el Parlamento Europeo.
González Corral avanzó que la próxima semana expondrá al ministro del ramo, Luis Planas, durante el Consejo Consultivo de Política Agraria, la “preocupación” que existe alrededor de este acuerdo y la “necesidad de abordarlo en una reunión monográfica”, algo que ya se demandó en enero de 2025; y aclaró que la Junta no rechaza el documento, siempre que “se garanticen los principios de reciprocidad y cláusulas de salvaguarda, que es imprescindible para poder avanzar en este acuerdo”.
La consejera, que agradeció a las opas su “espíritu constructivo”, recordó que en mayo de 2025 se firmó una declaración institucional en la Comunidad, que “defendía cuáles eran los intereses de este sector para el futuro Marco Financiero Plurianual y la PAC post-27, que ya recogía “aspectos que se exigían en el acuerdo entre la UE y Mercosur”. Esa voluntad continúa hoy con un acuerdo que “busca unir a los representantes del sector y la Administración, para defender los intereses de los agricultores y los ganaderos”.
Rechazo de las opas
Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, fue más beligerante que la consejera y rechazó el acuerdo, que abre un gran mercado mundial, “porque no cumple las condiciones de reciprocidad en el cambio de productos agroalimentarios”. Además, añadió, “perjudica y pone en peligro las explotaciones agrícolas y ganaderos de los agricultores de la Unión Europea, de Castilla y León, pero también a la sociedad en su conjunto, porque van a consumir productos de peor calidad y sin las garantías sanitarias que se exigen aquí”.
En este sentido, se dirigió a los eurodiputados para que “rechacen con rotundidad la firma de ese acuerdo” porque, a su juicio, “va a arruinar a los productos importantes de Castilla León”, entre los que mencionó la carne, los cereales, la remolacha y la miel, entre otros. Y dos, porque perjudica también al consumidor que va a tener productos de peor calidad y sin garantías sanitarias. En definitiva, resumió, “lo que no se puede producir en la Unión Europea por materia sanitaria, laboral o medioambiental y demás, no se puede traer de fuera para que lo consuman los ciudadanos de aquí”, para concluir con un mensaje a los ciudadanos: “Consuman lo nuestro, que es lo mejor”.
El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, advirtió que las cláusulas de salvaguarda que se han incorporado al documento en última instancia “no están acordadas por los países del otro lado del charco”, con lo que planteó “muchas dudas jurídicas de que pueda cumplirse”. Y alertó de que “si tanto preocupa el medioambiente en Europa, este acuerdo va a suponer en los países de Mercosur una desforestación, porque van a ampliar su mercado, por lo que tendrán que ampliar las tierras de cultivo”.
Igualmente, remarcó que en estas zonas de Sudamérica “están utilizando productos prohibidos en Europa porque está demostrado que son malos para la salud y para el medioambiente”, algo que constatado “tras análisis de muchos años”, periodo en el que se ha reducido o eliminado materias activas “por su peligrosidad para la salud”. “Es más, muchos de esos productos se lo vendemos desde la Unión Europea, con lo que estamos haciendo un doble juego y un doble discurso”, reprochó.
González Palacín vaticinó que si finalmente el acuerdo se cumple se producirá una “invasión de productos de esos países, que va a tener una repercusión enorme en los precios de nuestros productos”. “Si ahora mismo estamos produciendo por debajo de coste de producción en cereales, fundamentalmente, y en leche andamos muy justos, si bajan los precios dejamos de producir automáticamente. La pelota ahora está en el tejado del Parlamento Europeo”, apuntó el responsable de UCCL, quien se dirigió a los diputados de Estrasburgo para pedirles que no lo respalden “hasta que no haya garantías suficientes para competir todos en igual de condiciones”.
“No estamos en contra de los acuerdos, sino de una competencia absolutamente desleal y sin ningún mecanismo que controle cómo se produce allí”, sostuvo González Palacín, quien condicionó el apoyo de la organización “solamente si aceptaran realmente unas auditorías europeas que certifiquen y verifiquen in situ que cumplen estrictamente los mismos requisitos” y que esos productos no distorsionan nuestro mercado”.
Apuntó al riesgo que corre la soberanía alimentaria y advirtió de que “si se desmantela la producción en Europa no se vuelve a poner en marcha”. “Estamos jugando con las cosas de comer, con el futuro de la alimentación europea. Y este acuerdo, tal y como está redactado, no se puede firmar y necesitamos seguir negociando”, comentó.
El secretario autonómico de UPA, Aurelio López, en nombre de la Alianza por la Unidad del Campo, prefirió no aventurarse a los cálculos previsto en pérdidas por el sector, pero comentó que al automóvil “le supone 4.000 euros al año de beneficios en aranceles”. “A esos sí que les beneficia. Lo que no estamos dispuestos es que se sacrifique al campo en favor de una industria”, señaló.
Sin embargo, declaró que “hay una cuenta clara, sin dar números”, como es el caso del cultivo de cereales de Castilla y León, que en secano, “este año y con una buena campaña, de 4.000 kilos por hectárea, solo se han salvado los gastos”. “Si bajan más los precios, el campo, y esas 1,5 millones de hectáreas de cereales que se siembran en secano en la Comunidad, se abandonan, será pasto de las llamas”, expuso, con lo que solicitó al Gobierno de España y a la Unión Europea articular medidas “compensatorias” y a la UE, “retrasar la firma del acuerdo”.
López incidió en que el 80 por ciento de los productos fitosanitarios que se utilizan en Brasil están prohibidos en la Unión Europea “¿Van a cambiar de hoy para mañana? No nos lo creemos”, respondió, para pronosticar que “si se sigue destruyendo la agricultura y la ganadería europeas, ante cualquier conflicto bélico o pandemia, si dependemos de otros para comer, pasaremos hambre”. “Por eso, tenemos que rechazarlo tajantemente hasta que no se den las condiciones”, espetó.