Castilla y León se situó como la tercera autonomía en 2025, con un mayor índice de incidencia de los accidentes mortales en jornada laboral de los trabajadores autónomos, 2,91 por cada 100.000, solo por detrás del 5,54 de Castilla-La Mancha, y el 4,3 de La Rioja. La media nacional se situó en 1,49 fallecidos por cada 100.000 trabajadores por cuenta propia.
En datos absolutos, en la Comunidad, perdieron la vida el año pasado en accidente laboral, cinco autónomos, los mismos que en 2024, y en España, 50, once menos. Estos trabajadores (171.935 personas de media cotizando el año pasado en la Comunidad), sufrieron también 62 siniestros de carácter grave, 13 más que en 2024, con una subida porcentual del 26,5 por ciento.
El informe publicado hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogido por Ical, indica que el colectivo de autónomos en Castilla y León, sufrió el año pasado 1.797 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento en comparación al dato de 2024. Esa rebaja llegó de la mano de los siniestros leves, que mermaron un 9,3 por ciento, con 1.730. El índice de incidencia del total de accidentes se situó en el año de estudio en los 1.045,2 siniestros cada 100.000 autónomos, por encima de los 818,2 de la media nacional.
Los autónomos también sufrieron 56 siniestros de camino o vuelta del tajo (in itinere), frente a los 73 del año anterior. De este total, 47 fueron leves, siete graves y uno mortal, frente a cifras el ejercicio anterior de 68, tres y dos.
El secretario general de ATA y responsable del área de prevención de riesgos laborales, José Luis Perea, afirmó que aunque valoran el descenso del número de accidentes entre los autónomos, la pérdida de cinco autónomos en Castilla y León 50 en España como consecuencia de una accidente laboral en 2025 “sigue siendo una cifra inasumible para nuestra sociedad”.
“Falta mucha pedagogía y, sobre todo, programas específicos que fomenten una verdadera cultura preventiva adaptada a la realidad del trabajador por cuenta propia”, dijo. Asimismo, defendió que no se puede permitir que medio centenar de trabajadores “no vuelvan a casa por el simple hecho de desarrollar su actividad profesional”. “Las administraciones deben pasar de las palabras a los hechos con proyectos que velen por entornos laborales seguros y saludables para todo el colectivo”, cerró José Luis Perea.