La conflictividad laboral en las empresas de Castilla y León se situó bajo mínimos en 2025 con apenas 14 huelgas convocadas en la Comunidad con 852 trabajadores implicados. Hay que remontarse al año que estalló la covid, 2020, para encontrar un dato más bajo de convocatorias en la Comunidad dentro de la serie histórica que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuando solo produjeron una decena y 934 participantes. Lejos quedan hasta las 61 huelgas que se convocaron en 2006 y 2007.
Las cifras que facilita el departamento que dirige Yolanda Díez, recogidas por Ical, indican que el número de huelgas convocadas en las empresas de la Comunidad durante el pasado año representan un desplome del 57,6 por ciento respecto a las 33 de 2024, y los empleados implicados cayeron un 63,8 por ciento en relación a los 2.2354 del ejercicio anterior.
Sin embargo, las jornadas de trabajo perdidas por estos conflictos ascendieron el año pasado en la Comunidad a 3.013, por encima de las 2.866 de 2024.
El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, y el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, destacaron la apuesta siempre por la negociación de sus fuerzas sindicales hasta que no quedan posibilidades de avance y remarcaron a partir de ahí, el papel esencial que juega el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) y su mediación para evitar conflictos en la calle y en los tribunales.
Alberto Miguel Lorenzo defendió que desde el sindicato siempre apuestan por estar en las mesas de negociación y buscar un acuerdo “hasta la saciedad” y las convocatorias solo se producen cuando se agotan las posibilidades.
Asimismo, remarcó que cuando se produce la ruptura está el Serla, al que llegaron el año pasado, dijo, más de 350 conflictos colectivos, con 140 en lo que va de 2026, lo que revela que “está claro que es indispensable para solucionar conflictos”, “Muchas veces cuando no se llega a un acuerdo entre las partes es una herramienta para lograrlo”, dijo, para apelar a su sostenimiento para que siga funcionando y exigir una financiación estable, porque con el presupuesto actual “no será viable a partir de junio”.
En este sentido, lamentó que esto se podría haber solucionado antes y advirtió ante un nuevo acuerdo de coalición PP-Vox, que “no se puede ser cómplice de que se dinamite otra vez un organismos que beneficia a empresarios y trabajadores”.
Fernando Fraile destacó que estos datos vienen a poner en valor el servicio que presta el Serla, que “funciona” porque soluciona los conflictos laborales en las empresas y “no da a lugar a realizar huelgas” a no ser que no se terminen atendiendo las necesidades y problemas de las personas.
Fraile ensalzó la actuación de este servicio como organismos de mediación y precisó que el año pasado llegaron al Serla numerosos conflictos que “daban lugar a una convocatoria de huela” pero “solo se realizaron 14” tras pasar por sus mesas.
“En el resto hubo acuerdo”, recalcó, para insistir en el “papel fundamental” que juega este servicio público en las relaciones laborales y en el desbloqueo de convenios para evitar huelgas”. Así, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO en Castilla y León insistió en reclamar a la Junta que cumpla los acuerdos de enero de 2019 en relación al servicio y la extensión de sedes a todas las capitales de provincia y Ponferrada, para que se pueda abordar en todas las provincias los conflictos colectivos e individuales. “Es una exigencia, una reivindicación vigente que debe cumplirse”, dijo.
Por último, recordó la reivindicación de la regulación un mecanismo de financiación suficiente para el servicio, que garantice su funcionamiento fuera de los vaivenes de los cambios de gobierno en la Junta. “El Serla es un servicio público que constituye un paso obligatorio previo a la vía judicial que debe garantizar la Administración regional”, cerró.
Provincias
Un análisis territorial del número de huelgas convocadas en empresas de la Comunidad, durante 2025, refleja que el mayor número de conflictos se registró en Valladolid y Burgos, con nueve en cada una, seguidos estos territorios por Palencia, con seis; León, con cinco; Ávila, con cuatro; Salamanca y Soria, con tres en ambos casos; y Segovia y Zamora, con uno en cada una.
En cuanto a los trabajadores involucrados, sumaron 252 en la provincia vallisoletana; 242 en la burgalesa; 100 en la charra; 91 en la leonesa; 64 en la palentina; 38 en la zamorana; 35 en la soriana; 28 en la abulense; y solo dos en la segoviana.
Estos conflictos conllevaron que se dejaron de trabajar1.868 jornadas en Burgos; 606 en Valladolid; 146 en León; 127 en Palencia; 103 en Salamanca; 86 en Ávila; 38 en Zamora; 35 en Soria; y cuatro en Segovia.