El acceso a una vivienda en alquiler, o simplemente a una habitación, se ha convertido en un verdadero problema, por el tema del precio y por las condiciones materiales, para cualquier ciudadano. Pero, la situación se agrava cuando la persona que busca un lugar para vivir es una migrante, que está sola en España, embarazada, sin papeles y, por tanto, sin contrato labora. Fue el caso de Camila Ruiz, una joven colombiana que llegó hace poco a Valladolid en “busca de oportunidades y mejorar su calidad de vida” pero pronto comprobó las dificultades para encontrar una habitación, sobre todo por la imposibilidad de justificar ingresos económicos, pese a que tenía un trabajo por horas.
Fue gracias al “voz a voz” de conocidos por el que logró una habitación que no era “muy buena” pero la cosa se complicó cuando, al poco de estar en el país, se enteró que iba a tener un bebé, por lo que decidió traer a su hermana de Colombia para que le ayudara. Es por ello que decidió buscar algo mejor para su futura hija. Encontró una habitación más grande y el casero aceptó que vivieran, durante una temporada, dos adultos, aunque el embarazo se alargó y el dueño del piso decidió aumentar el precio del alquiler.
Una situación que obligó a Camila a cambiar a un lugar más cómodo para su bebé y su hermana, pero las condiciones que le pedían eran prácticamente inasumibles al pedirle hasta 2.000 euros para entrar en la habitación, entre seguros y fianzas, además de la exigencia de contar con un contrato fijo o, al menos, de un año de antigüedad. Fue entonces cuando decidió pedir ayudar a Red Íncola, quien, tras conocer su caso, le acogió en una de sus viviendas. “Tuve paz y tranquilidad y un espacio más amplio y seguro para nosotras, además de poder ahorrar mientras buscaba un piso adecuado”, confiesa. Tras mucho buscar, encontró una casa sin amueblar por una cantidad “elevada”, por lo que volvió a recibir la ayuda de la ONG vinculada a varias instituciones religiosas.
“La crisis de la vivienda, a día de hoy, constituye un problema estructural, que sufren amplios sectores de la sociedad. La falta de acceso a una vivienda digna se ha convertido en una emergencia social, que afecta, sobre todo, a la población más vulnerable”, sentenció la coordinadora de Acción Social de Red Íncola, María Miranda. No en vano, aseguró, según recogió la Agencia Ical, que encontrar una vivienda “digna” en Valladolid se ha convertido en una “auténtica odisea”, con precios por “las nubes” (al menos, 600 euros para un piso; habitación decente, entre 200 y 300 euros, que sube a 400 si está en “buenas condiciones, y una cama, por 160 o 200 euros). “Todo está disparado y sigue subiendo, lo que afecta directamente a la vida de muchas personas”, añadió.
De ahí que la Red Íncola haya duplicado en los últimos cuatro años los pisos disponibles para familias y personas en situación de vulnerabilidad, que en 2025 acogieron a 46 individuos. Supone el doble de los alojados que en 2021 y en lo que va de año, ya han pasado 37 personas. De ellas, nueve han logrado en el pasado trimestre encontrar un piso, por el que pagan un alquiler, y así llevar a cabo una vida autónoma.
En la actualidad, la ONG gestiona diferentes tipos de viviendas, con diferentes condiciones, como las cedidas por las instituciones del Patronato, para mujeres jóvenes, con proyecto formativo, y familias; otras cedidas gratuitas por particulares para su alquiler; dos viviendas alquiladas a la Fundación Techo para que puedan acceder a un alquiler en condiciones “normales” y plazas cedidas por las parroquias de San Pío X y La Victoria para alojar a personas, jóvenes o familias en situación de exclusión residencial, muchos de ellas que tenían un riesgo “alto” de quedarse en la calle con sus niños.
“Condiciones no abusivas”
Ante el incremento de la demanda de viviendas y el problema acuciante para encontrar pisos, Red Íncola hizo hoy un llamamiento para animar a los particulares con viviendas para alquilarlas en “condiciones normales, no abusivas”, teniendo en cuenta que los técnicos y voluntarios de la ONG llevan a cabo un acompañamiento con los migrantes y realizan un seguimiento. Es decir, que no sea obligatorio tener un año de nómina, pagar varios meses de fianza o no discriminar por que el inquilino sea extranjero. En este sentido, Miranda valoró el programa nuevo ‘Hospitalidad’, en clave de inclusión, que ha empezado a trabajar con propietarios, agencias inmobiliarias y empresas concienciadas para “crear comunidad”.
Junto a la vivienda, Red Íncola atendió el año pasado en Valladolid a 4.600 personas, de las que más de la mitad (3.000) era por primera vez. El 40 por ciento de las que se acercan a su sede es atendida por el área de formación y empleo, ya que buscan un trabajo, por lo que participan en cursos de atención sociosanitaria y comercio.
60 nacionalidades
La ONG se centra en el apoyo de forma integral a las personas en situación vulnerable, sobre todo migrantes, en defensa de sus derechos para que disfruten de una vida. No en vano, prestaron servicios a individuos de más de 60 países, sobre todo de Colombia, Venezuela, Marruecos y Perú.
La coordinadora general de la entidad, María González, también subrayó la importancia del apoyo psicológico, ya que el año pasado se ayudó a 75 personas para hacer frente al “duelo migratorio” al llegar a un país nuevo; las 45 becas para alumnos; los 110 participantes en el ocio joven; la ayuda a mujeres vulnerables, víctimas de la trata de personas y 230 alumnos en los cursos de español.
Por su parte, el presidente de la Fundación Red Íncola, Jesús Landáburu, recordó que durante la preparación de la memoria de 2024 falleció el Papa Francisco, que fue una “guía universal” con su voz, que alzó con fuerza y de forma incansable, en favor de los migrantes y refugiados. De ahí que citara los cuatro verbos (acoger, proteger, promover e integrar) que tanto repitió el Pontífice y que son una referencia para su entidad.