Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy en el pleno instar a la Junta a que solicite al Gobierno la derogación de la última ley de vivienda (2023), así como la recuperación de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la hipoteca y el alquiler. También se piden medidas contra la ocupación para facilitar el desalojo de los ‘okupas’ en 24 horas, así como para impedir su empadronamiento en esas casas.
Vox logró que 12 de los 34 puntos de su moción sobre vivienda se aprobaran en una votación por separado de cada uno con la que intentó retratar, especialmente, al Grupo Popular, su anterior socio de gobierno en la Comunidad. Del segundo bloque, los ‘populares’ unieron sus votos a Vox para aprobar estas iniciativas, en las que los socialistas mantuvieron su rechazo, mientras desde Soria YA y la UPL optaron, en general, por la abstención, como los no adscritos.
Asimismo, la moción defendida por el procurador Miguel Suárez Arca insta a habilitar los mecanismos necesarios para que los avales hipotecarios lleguen “sin demoras” a los beneficiarios. De la misma forma, PP y Vox aprobaron otras peticiones dirigidas a la Junta como la mejora de todos los servicios públicos básicos en las pequeñas y medianas ciudades, así como en el medio rural; la protección de las pequeñas y medianas empresas.
De la misma forma, las Cortes piden al Ejecutivo autonómico la realización de un estudio “pormenorizado” sobre el estado actual del parque de vivienda social y protegida de la Comunidad, así como de las zonas a las que se debe dar prioridad.
Finalmente, la moción aprobada demanda incrementar la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad y alquiler con opción de compra; fomentar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda social y movilizar el suelo de titularidad pública para la promoción de vivienda en “alquiler asequible”.