El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, cifró hoy en 191 millones de euros el ahorro fiscal de los castellanos y leoneses con las medidas de reducción de impuestos acordadas por el Gobierno para hacer frente a la guerra de Oriente Medio.
Carriedo, que presentó los datos de la Contabilidad Regional de Castilla y León de cierre del ejercicio 2025, precisó que 117 millones se detraerán de las cuentas de la Comunidad, frente a los 74 millones de impacto en las del Estado, como recoge Ical.
El consejero portavoz recordó que el IVA se reparte al 50 por ciento entre la Comunidad y el Estado; el Impuesto de Hidrocarburos, corresponde en un 58 por ciento a la Junta y en un 42 por ciento al Gobierno central; y el tributo sobre la electricidad impactará en su totalidad en la autonomía, aunque no lo recauda.
Carlos Fernández Carriedo indicó así que “el mayor esfuerzo de recaudación corresponde a las autonomía” aunque la capacidad normativa para rebajar estos tributos es del Estado. “La imputación de la recaudación en parte o en todo en algunos tributos nos corresponde”, trasladó.
Fernández Carriedo aseveró que cada mes en vigor de estas medidas, la autonomía dejará de recaudar 35 millones de euros, hasta un total de 117 millones hasta el 30 de junio previsto. El consejero recordó que la Comunidad, ya había puesto sobre la mesa la petición de rebaja de estos impuestos y anunció que analizarán su impacto e implementarán medidas complementarias desde la Comunidad de las que irán informando, como ya anunció en el Consejo de Gobierno del la pasada semana.
Carlos Fernández Carriedo también recordó que para este año, su previsión de crecimiento para la economía se sitúa en el 2,2 por ciento, mucho menor que la de 2025, pero el buen comportamiento de los indicadores les animaban a pensar que se iba a superar, aunque los acontecimiento de las últimas semanas han provocado ”una retracción en el crecimiento”. Con todo, indicó que aún es pronto para saber cuál será el impacto, que “dependerá de la profundidad y la duración en el tiempo” del conflicto actual.
El portavoz asumió que “evidentemente” puede restar algunas décimas a una autonomías como Castilla y León que es exportadora, por el impacto en el comercio internacional, pero también por la inflación que se derive con el encarecimiento de los costes energéticos, con la consecuente retracción de la demanda interna de los consumidores y las dificultades logísticas en las rutas de distribución y que se puedan romper algunas cadenas de distribución. “Es pronto para saberlo”, profundizó.
Plan del Gobierno
Cabe recordar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que el Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio constará de 80 medidas y supondrá la movilización de 5.000 millones de euros.
Así lo anunció Sánchez en una rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar estas medidas fiscales para paliar un primer impacto económico por la guerra de Oriente Próximo en la que señaló que las medidas entrarán «en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mañana mismo”.
«5.000 millones que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país», señaló.
Asimismo, señaló que extenderán hasta finales de este año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y se reforzará de forma sustantiva el bono social térmico. Este plan, agregó, beneficiará a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas.
Finalmente, el Consejo de Ministros extraordinario aprobó, dos decretos, en lugar de uno como estaba previsto. Uno de ellos incluye la bajada de impuestos y la reforma energética, al que también se añade el control de márgenes empresariales, tal y como pidió Sumar. El segundo contempla la congelación de alquileres a propuesta de esa formación.
Uno de los decretos contempla una rebaja del IVA al diez por ciento para los combustibles, la luz y el gas. El IVA pasará así del 21 al 10 por ciento y también se aplicará una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos. El Ejecutivo recoge así la petición de los sectores afectados de no repetir la bonificación de 20 céntimos al litro de carburantes que se aprobó durante la crisis en Ucrania, por resultar poco efectiva. Este decreto contempla también el control de márgenes empresariales, tal y como había pedido Sumar.
El Ejecutivo también aprobó un segundo decreto que contempla la congelación de alquileres, una medida no consideraban adecuado aprobar en este momento debido a que Junts podría tumbarla el próximo jueves que es cuando se votarán estos decretos en el Congreso.