Los defensores del Pueblo de España y de distintas comunidades autónomas reclamaron a las administraciones públicas que refuercen las políticas de vivienda y aumenten los recursos destinados a garantizar el acceso de la ciudadanía a un hogar “digno y adecuado”. Entre sus principales propuestas, figuran ampliar el parque público de vivienda, incrementar las ayudas al alquiler y actualizar la planificación urbanística para responder a las nuevas necesidades de la población.
Estas reivindicaciones forman parte de un decálogo de conclusiones aprobado durante las XXXIX Jornadas de Coordinación, celebradas en La Palma y clausuradas hoy. En el encuentro participó el procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y los representantes de otras defensorías autonómicas.
En el documento, los responsables de estas instituciones consideran que las dificultades para acceder a una vivienda constituyen una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reclaman que esta cuestión reciba una atención prioritaria por parte de las administraciones con competencias en la materia.
Por ello, instan a impulsar las “reformas legales que sean necesarias” y a ejecutar con firmeza políticas públicas que permitan convertir el derecho a la vivienda en una realidad efectiva. Para conseguirlo, consideran imprescindible “dotar de financiación suficiente a las políticas públicas” y crear y mantener “un parque de vivienda pública que permita a España acercarse a los niveles de otros países de la Unión Europea”.
Los defensores recuerdan que la vivienda es “un derecho vinculado a una necesidad básica” y que disponer de un hogar adecuado y asequible constituye “una herramienta fundamental para prevenir la pobreza y evitar situaciones de vulnerabilidad y exclusión social”. Advierten, además, de que estas situaciones “resultan especialmente difíciles de revertir una vez que se producen”.
Entre las medidas concretas recogidas en el decálogo figura el incremento de la oferta de vivienda social y protegida, así como una mayor dotación presupuestaria para desarrollar estas políticas. También proponen actualizar los planes urbanísticos para adaptarlos a las nuevas necesidades residenciales derivadas del crecimiento de la población.
El documento incluye, además, el refuerzo de las ayudas al alquiler y la supervisión y el control de las actividades relacionadas con el arrendamiento de viviendas de uso turístico. A estas propuestas se suma la necesidad de simplificar la normativa y prestar una atención prioritaria a las personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
Las jornadas han contado con la participación de representantes de las defensorías de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y País Vasco, además de la institución estatal.
El encuentro también reunió a especialistas universitarios, trabajadores sociales, activistas por el derecho a la vivienda, arquitectos, ingenieros, profesionales de la salud mental y representantes del tercer sector y de las administraciones públicas. Asimismo, un grupo de menores invitados por varias defensorías aportó su visión sobre el problema del acceso a la vivienda.