El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anunció este miércoles la rebaja en la pena de un hombre condenado a 16 años y diez meses por traer a mujeres de Venezuela para su explotación sexual en la provincia de Salamanca y que, finalmente, solo deberá cumplir once. El alto tribunal, de esta manera, aprecia parcialmente el recurso del proxeneta y le castiga por dos delitos de trata de seres humanos en concurso con otros tantos de prostitución, en lugar de los tres a los que había sido condenado por la Audiencia Provincial.
Según la sentencia de la sección número uno de la Audiencia Provincial dictada el 23 de junio de 2022, a la que tuvo acceso Ical, el condenado, durante la segunda mitad de 2017, junto a otra persona que no fue juzgada debido a que no pudo obtenerse su extradición, captó mujeres en Venezuela con el fin de trasladarlas a territorio español. Así, simulando que eran turistas, lograba que entraran en el país con el fin de que se dedicaran a la hostelería. Pero la pretensión última del hombre era lucrarse de las actividades de prostitución de esas mujeres, a sabiendas de su situación de precariedad y falta de recursos, lo cual les impedía abandonar eta situación.
Por ello, siguiendo la sentencia, las mujeres no tenían otra opción que ejercer la prostitución para abonar las cantidades que les exigía el acusado. Además, incurrió en amenazas contra ellas, advirtiendo que tenía “contactos que podían hacerle daño a sus familias o a ellas mismas”, y les atemorizó asegurando que si acudían a la Policía no solo no serían atendidas, sino que además podrían ir a prisión o ser devueltas en Venezuela.
El modus operandi del acusado consistía en acudir a Venezuela, donde contactaba con las mujeres, a quienes les exponía las condiciones, en las que se les requería que mantuvieran relaciones sexuales para así comprobar que podían ejercer la prostitución. Una vez realizado el viaje, recogía a las mujeres a las que llevaba a su club donde las obligaba a prostituirse. A una de ellas, además, le aseguró que les prometía trabajar en condiciones “muy favorables” que les permitirían en “muy poco tiempo lograr muchas comodidades para su familia”.
Debido a estos hechos, el acusado fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por cada uno de los tres delitos de trata en concurso ideal con tres delitos relativos a la prostitución, que ahora son dos. Además, deberá indemnizar con 15.000 euros a cada una de las mujeres, con las que se le interpuso una orden de alejamiento de 250 metros durante ocho años.