Veinticinco sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León han registrado una reclamación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que solicitan ya la aplicación de medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada este verano por contravenir la Constitución. A su juicio, la aplicación práctica supone posibles vulneraciones de contratación pública que afectan a los medios más pequeños del sector, según informan en un comunicado publicado por estos medios y recogido por Ical.
Estas mismas fuentes indican que la nueva normativa ha sido recibida por el sector como “una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información por la pérdida de pluralismo informativo que conlleva”.
Según sostiene el comunicado, a pesar de la petición de los medios de comunicación y del propio Colegio de Periodistas de Castilla y León, PSOE y VOX aprobaron, junto a los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, la modificación “sin debate con el sector”. Por eso, “en un hecho insólito en la historia judicial autonómica” se han agrupado 25 medios y sociedades editoras en una demanda conjunta que se registró ayer lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El Consejo Consultivo de Castilla y León advirtió hace unas semanas de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.
El Consejo Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. En este sentido, la introducción de vetos a la contratación con los medios de comunicación condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal básica, supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica.
Además, el dictamen señala que el límite del 33 por ciento de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio y choca también con la Ley de contratos con la administración pública.
Incidencia en los medios locales
El comunicado concluye exponiendo la advertencia de los medios locales de Castilla y León de que la nueva normativa, de aplicarse, “tendría un impacto directo en la pluralidad informativa por el recorte que puede tener en las plantillas y condiciones del sector”. “Además – sostiene – conducirá a la desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales, donde las restricciones de publicidad llevarían a la desaparición de dichos medios y a la expansión de la ‘sombra’ informativa en una Comunidad que adolece la despoblación y falta de emprendimiento”.
Asimismo, recuerdan que hace escasas fechas el Gobierno de España decidió “en las negociaciones abiertas” con la representación de los medios y de colectivos de periodistas renunciar a la aplicación de una limitación similar en todo el país. “El juego político en Castilla y León, sin embargo, ha llevado a la aprobación y a la aplicación de una Ley que está teniendo en estos momentos un efecto grave en las empresas mediáticas de la Comunidad, además de una situación de inseguridad jurídica”, concluyen.