El Gobierno de España, a través de la empresa pública Tragsa, contrató a un total de 40 profesionales de especialidades como derecho y economía, distintas ingenierías, geografía y humanidades, para orientar y apoyar a las administraciones públicas de Castilla y León, especialmente a los municipios menores de 5.000 habitantes, en la solicitud de ayudas de los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea.
Las 40 personas contratadas en Castilla y León llevan así dos meses dedicadas a “dar apoyo a los ayuntamientos” para su participación en las distintas convocatorias de fondos a través de proyectos que permitan “transformar su modelo económico y productivo y blindar los servicios públicos”, con el objetivo final de “aprovechar al máximo la oportunidad” que brindan los fondos europeos y “que todos los sectores saquen partido para poner en marcha su propio plan de desarrollo en nuestra tierra”.
Así lo explicó la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que recordó que la contratación de este equipo “multidisciplinar, técnico y administrativo”, ubicado en las oficinas provinciales de Tragsa y cuya coordinación depende de esta empresa pública a nivel nacional, surge tras la inversión de 69 millones de euros en toda España, por parte del Gobierno, para desarrollar la asistencia técnica de las administraciones públicas para la captación, ejecución y justificación de los fondos ‘Next Generation’ de la UE.
De esta manera, los 40 nuevos trabajadores, repartidos de cuatro en cuatro entre las diferentes provincias de la Comunidad, más los cuatro que se encuentran coordinando las actuaciones desde la central autonómica de Tragsa en Valladolid, pondrán en conocimiento de las administraciones públicas de la Comunidad, especialmente diputaciones y ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, las distintas convocatorias, y darán asistencia para la participación, seguimiento y utilización del sistema de información integrado, además de asesoramiento para el cumplimiento del plan y soporte a la tramitación, junto a la recopilación y difusión de buenas prácticas.
La comunicación, desde la puesta en marcha hace dos meses del sistema, es “permanente” y “con carácter semanal” con las administraciones locales. Por el momento, un total de 600 municipios se han adherido al programa, “un 25 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León”, según apuntó Barcones, que insistió en que, desde la Delegación del Gobierno, seguirán trabajando para que “los ayuntamientos sepan que este servicio está a su disposición y que el Gobierno les acompaña y asiste para que aprovechen al máximo los fondos Next Generation”.
Más de 3.000 millones en Castilla y León
Unos fondos que, según recordó Barcones, cuentan con más de 210 millones de euros de ayudas directas del Gobierno para los municipios de menos de 5.000 habitantes de Castilla y León, dentro de los más de 1.300 millones de euros invertidos por el Ejecutivo nacional en la Comunidad de forma directa.
A ello unió Barcones los más de 1.500 millones de euros transferidos para que sea la Junta la que gestione esos fondos y los 416 millones del programa REACT-EU. “Estamos hablando de cifras que superan los 3.000 millones de euros que hay que aprovechar y gestionar, y el Gobierno no quiere que esa oportunidad no pase por los municipios más pequeños”, concluyó.
Por ello, y bajo el objetivo de que “todos los municipios estén en igualdad de condiciones y tengan los mismos derechos y oportunidades para su transformación económica y el blindaje de los servicios públicos”, el Gobierno de España pone en marcha estas oficinas para que los pequeños municipios, con menos recursos, “puedan concurrir en igualdad de condiciones que las entidades más grandes”.
Como ejemplo, puso la convocatoria realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la que Castilla y León recibirá 110 millones para 32 beneficiarios entre los que se encuentran pequeños municipios como Borobia, en la provincia de Soria, que con apenas 100 habitantes ha recibido una ayuda para la mejora de su planetario dentro del plan de sostenibilidad turística. “Vamos a acompañarles en la justificación de los fondos”, sostuvo Barcones, apuntando que “esa reivindicación de apoyo, por parte del Gobierno, lo van a tener”.