Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy la petición al Gobierno para que retire el proyecto de ley para la quita de la deuda porque según el Grupo Parlamentario Popular, proponente de la PNL, “no condona nada” y solo repercute de manera negativa en los ciudadanos de la Comunidad, que “van a pagar 523 euros más”.
La propuesta ‘popular’ contó con el voto favorable de los procuradores de Vox, UPL-Soria Ya y de Francisco Igea y Pedro Pascual del Grupo Mixto, así como de los parlamentarios no adscritos, mientras que solo PSOE y Podemos votaron en contra bajo la defensa de que la quita de la deuda va a suponer un mayor número de recursos económicos para Castilla y León.
En concreto, la PNL defendida por el ‘popular’ Rosa Esteban, insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que retire el proyecto de ley orgánica de condonación de la deuda autonómica, dado que esta “pasará a ser soportada por el conjunto de los españoles”, lo que, según el PP, es “claramente contrario al principio de igualdad y al interés general de España y de Castilla y León”.
Durante el turno de presentación de la propuesta, Esteban señaló que “a la bancada socialista solo le interesa el electoralismo y no los ciudadanos de Castilla y León”, y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desarrollar una operación política “para comprar voluntades”.
“Esta operación juega con trabajo y esfuerzo de los castellanos y leoneses”, aseguró, ya que “no condona nada”, sino que “obliga” a los ciudadanos de la Comunidad a “pagar 523 euros más” por el pacto del PSOE con Esquerra y el independentismo bajo “la necesidad de Sánchez de pisar moqueta”. “Solo reparte la deuda de otra manera, y sin diálogo ni consenso”, criticó, calificando el proyecto de ley como “pura corrupción política y otra estafa a los ciudadanos de Castilla y León”.
Por el contrario, la procuradora socialista Rosa Rubio defendió una medida “inédita y excepcional” del Gobierno “que va a permitir que Castilla y León se libere de pagar 3.643 millones de euros”, y criticó “la mezquindad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por “anteponer los intereses de su partido a los de Castilla y León”.
Y es que el dinero de la quita permitiría “multiplicar por 300 la prevención o por 35 la extinción de incendios, construir 400 centros de salud o 40 hospitales comarcales, multiplicar por 33 las ayudas al alquiler o por 20 la inversión en vivienda, o construir 400 centros escolares”, aseguró Rubio, que acusó a Mañueco de “quitar 3.643 millones de euros” a Castilla y León: “Un dinero que no es suyo, es de todos los castellanos y leoneses”. No obstante, en su respuesta, Rosa Esteban reiteró que “la deuda no desaparece, porque la seguimos pagando”.
Apoyo generalizado del resto de la oposición
La postura de Vox fue defendida por el procurador leonés Miguel Suárez Arca, que estableció una metáfora con Barrio Sésamo para desarrollar su argumentación no solo sobre la quita de la deuda, sino sobre el propio sistema autonómico, criticando que “el dinero de todos los vecinos se preste a solo unos pocos, que además se lo han gastado en jaranas separatistas”.
“Nos hemos encontrado, en un momento, con que pierden los de siempre”, lamentó, en su crítica a “la maniobra de Pedro Sánchez para mantenerse un rato más en La Moncloa antes de ir al banquillo de los acusados”, y también al propio sistema autonómico porque “da igual en quién estén los números rojos porque cada año las administraciones baten récords de cobro de impuestos y los servicios públicos van peor”. Y, por último, aseveró que, “al final, desde el Partido Popular tragarán”.
Desde UPL-Soria Ya, Vanessa García significó que, con la condonación de la deuda, “lo que está pasando no es algo lógico, sino una injusticia institucional” que supone “un agravio comparativo hacia buena parte de España” y, además, “no se reduce la carga del Estado, sino que se redistribuye de manera arbitraria” bajo el “disfraz” de una “supuesta justicia social”.
“¿Qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando el Gobierno decide premiar al que más gasta y castigar al que lo hace con mesura?”, se preguntó, lamentando que “la irresponsabilidad tenga recompensa” y calificando de “injusticia estructural” la condonación de la deuda que, además, “no permite incrementar el gasto público”.
Por Ávila, a través de su procurador Pedro Pascual, manifestó su voto favorable a la PNL y su “oposición” a que dentro de España “existan zonas de primera y segunda categoría” a través de una condonación que supone “un acto de dudosa equidad y un incremento de desigualdades”, que también achacó al Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León porque la Comunidad “cuenta con provincias y comarcas de primera, otras de segunda y algunas de tercera y cuarta”. “Sean coherentes y no hagan en nuestra comunidad lo que no quieren que se haga en el país”, concluyó.
Por su parte, Francisco Igea calificó la proposición de una “lógica aplastante” porque “socializar las pérdidas y privatizar los beneficios no es una política sensata, ni mucho menos de izquierdas”. Así, aseguró su voto a favor de la PNL “aunque la presente el Partido Popular, que compró voluntades por miles de millones al PNV para mantener a Mariano Rajoy”.
Finalmente, el representante de Unidas Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, criticó a los representantes del Partido Popular que “hablaban catalán en la intimidad y que han cedido a todas las peticiones del PNV para mantenerse en el poder” porque “ahora les parece mal que todo lo que practicaron lo haga este Gobierno”, y señaló que su formación “no tiene ningún problema” en que el Ejecutivo negocie con las comunidades una quita de la deuda, “máxime cuando beneficia a Castilla y León”.