Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonaron hoy la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocada por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza. La decisión, según explicaron en una declaración recogida por Ical , responde al “deterioro institucional sin precedentes” del órgano de coordinación sanitaria y a la “ruptura de su esencia, basada en el diálogo, la cooperación y la búsqueda de acuerdos compartidos”.
Los responsables autonómicos del PP, entre ellos el de Castilla y León, Alejandro Vázquez, acusan a la ministra de haber transformado el Consejo en “un instrumento de imposición y confrontación”, utilizado “de manera partidista y sectaria, al servicio de los intereses del Gobierno central”. En un comunicado conjunto, denunciaron que “nunca, a lo largo de la historia del CISNS, se había actuado con semejante desprecio al consenso”, y reprocharon a García haber vulnerado el reglamento que regula su funcionamiento.
Según las comunidades populares, la gota que ha colmado el vaso ha sido “la negativa del Gobierno de España a autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias para las transferencias de programas de Salud Pública”, entre ellas las destinadas a los sistemas de vigilancia del cáncer. Las autonomías aseguran haber conocido esta decisión “a través de un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública”, un hecho que califican de “inadmisible” y que “evidencia el desdén y el desprecio con que el Ministerio trata asuntos de enorme trascendencia para la salud de los ciudadanos”.
Los consejeros sostienen que la actitud del Ministerio ha alcanzado un “nuevo nivel de gravedad” y acusan a García de “romper la esencia del Consejo Interterritorial”. Critican que, en lugar de convocar reuniones extraordinarias para resolver discrepancias técnicas, “el Ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria”, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones.
Entre los ejemplos de esta “deriva unilateral”, señalan la “manipulación de los acuerdos de la Ponencia de Cribados de abril”, denunciando que el Ministerio “no ha facilitado aún las herramientas para la gestión de datos, pese a lo pactado”, y que “actúa de forma interesada y partidista» en un asunto de enorme sensibilidad para la salud de las mujeres.
Asimismo, acusan al departamento de utilizar los programas de cribado de cáncer de mama con fines políticos, en lugar de reforzar una herramienta que debería ser motivo de orgullo compartido. También reprochan la “falta de responsabilidad” del Ministerio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde “no asume sus obligaciones sanitarias”.
Los representantes autonómicos también denunciaron “filtraciones constantes a los medios”, “anuncios de acuerdos antes de debatirse” y “un desprecio absoluto a los procedimientos internos”, y lamentaron que “las comunidades se enteren de las decisiones por los teletipos antes de finalizar las reuniones”.
Por todo ello, los consejeros del PP anunciaron su retirada del pleno del Consejo “en defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del CISNS”, y advirtieron que no volverán a participar “hasta que el Ministerio de Sanidad restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación sanitaria”.