El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León informó hoy de que la sentencia del número dos de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León, firmada el pasado 13 de enero por su magistrado titular y conocida estos días, condena al equipo de Gobierno a pagar 10.000 euros por daños morales al viceinterventor municipal por “bloquear durante cinco meses su incorporación”, además de los 28.314 euros de factura al despacho jurídico que defiende en los pleitos derivados de este caso. De igual forma, la sentencia, que puede ser recurrida, obliga a dar al nombramiento carácter definitivo.
El portavoz del PP municipal, David Fernández, recordó que este se suma a los “numerosos reveses de las normativas en materia de tasas y de movilidad”, aunque consideró que esta, en materia de personal, tiene “especial relevancia y gravedad”, ya que la sentencia “hace valoraciones realmente graves sobre la forma en la que el alcalde ha gestionado la incorporación de este funcionario”.
Así, Fernández aseguró que el juez “habla de mala fe, desviación de poder, vulneración de derechos fundamentales y por supuesto, y consecuentemente, de daños morales al afectado”. “Estamos hablando de una sentencia que describe una manera de gobernar autoritaria, discrecional y totalmente despótica que se extiende a otros servicios y decisiones de Ayuntamiento y que ha conllevado graves perjuicios tanto a los ciudadanos como al funcionamiento de la ciudad y un consecuente coste económico”, añadió.
En este sentido, recordó el “elevado coste” de las sentencias conocidas sobre las tasas de basuras, cifradas en varios millones de euros, al que ahora se suma el coste de la asistencia jurídica de este caso y la indemnización al afectado de la condena. En total, cifró en cerca de 40.000 euros, los que “malgastados por el capricho de un alcalde que piensa que León y su Ayuntamiento son su cortijo donde puede hacer y deshacer a su antojo”.
Para el portavoz ‘popular’, lo ocurrido supone “un asunto grave” no solo por lo económico, sino “por lo que se desprende de la actuación del alcalde”, que “se agrava por su intención de recurrir la sentencia”, de forma que “se empeña en algo que es totalmente caprichoso y que realmente es desfavorable para los intereses del Ayuntamiento y por tanto también la ciudad”.
Por este motivo, David Fernández avanzó que, si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León finalmente da la razón al interventor, el PP municipal exigirá “que esta persecución laboral, porque no tiene otro nombre, tenga consecuencias políticas inmediatas”.