El Consejo de Ministros aprobó hoy la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico para ligarlos a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita.
Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares con rentas altas. La nueva estrategia contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la estrategia 2019-2024, la primera elaborada en España.
El Gobierno valora que desde entonces el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo, y la carga energética por hogar medio (el porcentaje de ingresos destinados a la energía) ha bajado un 3,5 por ciento desde 2018. En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética es muy superior, llegando al 24,7 por ciento.
Como su predecesora, la estrategia se articula sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética
El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas.
El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60 por ciento desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.
Así, contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.
Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general.
En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
En este ámbito se contará con incentivos y apoyo público: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la estrategia.
También se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar las actuaciones de eficiencia energética para consumidores vulnerables. Finalmente, el cuarto eje, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética, y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria y los servicios sociales.