La Junta califica de “fracaso” el control de las fronteras en Ceuta y valora acudir a la justicia si el Gobierno “diluye” el problema» entre las comunidades

Los Servicios Jurídicos "explorarán" que haya menores migrantes no acompañados en un territorio, cuya tutela corresponde a otra administración pública

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, calificó hoy en Valladolid de “un fracaso más” del Gobierno de España el control de las fronteras con la crisis ocasionada en Ceuta, tras el paso de miles de marroquíes y personas de otras nacionalidades a la ciudad autónoma. Además, subrayó que el Ejecutivo autonómica valora presentar recursos ante la Administración de Justicia en cuanto al reparto de los menores no acompañados si existiera un perjuicio a los intereses de la Comunidad. “El Gobierno no puede diluir un problema de seguridad nacional en el conjunto de España por que lo primero es garantizar la frontera y la seguridad de un territorio así como obligar al retorno de personas que han entrado de manera ilegal en el país incumpliendo la normativa de la protección de fronteras”, aseveró.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo apuntó que una de las cuestiones que deberán “explorar” los Servicios Jurídicos de la Junta es que haya menores migrantes no acompañados en un territorio, cuya tutela corresponde a otra administración pública.

El portavoz de la Junta aseguró que la postura del Ejecutivo autonómico es “común” entre los dos socios, tal y como quedó reflejado en el acuerdo de legislatura firmado entre Partido Popular y Vox pero también en la forma de actuar en el anterior mandato con el gobierno en solitario. “Ya presentamos recursos sobre estas cuestiones cuando vimos que se perjudicaban los intereses de Castilla y León ni se tenía en cuenta nuestra opinión por que mostramos nuestra oposición radical a una política que causa este perjuicio”, añadió.

Carlos Fernández Carriedo apuntó, según recogió la Agencia Ical, que la Unión Europea ha dejado clara la forma de actuar en este tipo de cuestiones, por lo pidió al Gobierno de España que escuche a las autoridades comunitarias.

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