Los padres de Matías Cubillo, alumno del Colegio Público Carrechiquilla de Palencia, se concentran desde hoy ante la sede de la Dirección Provincial de Educación para reclamar el cumplimiento de la Sentencia 90/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) , que reconoce, según la familia, el derecho del menor a disponer de un mediador comunicativo en el entorno escolar. La resolución adquirió firmeza el pasado 17 de abril.
La familia denuncia que, pese al fallo judicial, la atención asignada al alumno para este curso no se corresponde con el perfil profesional establecido en la sentencia. En concreto, sostiene que la Dirección Provincial destinó diez horas de una docente de Audición y Lenguaje (AL), en lugar de un mediador comunicativo, por lo que considera que no se está dando cumplimiento a lo establecido por el TSJCyL.
Los progenitores aseguran que, ante la falta de respuesta de la Administración educativa tras la sentencia, solicitaron antes del verano su ejecución forzosa ante los tribunales, un procedimiento que continúa actualmente en curso.
La familia explica que las dificultades de comunicación constituyen una barrera para Matías en su día a día y sostiene que la falta de un profesional con el perfil que reclama genera situaciones de frustración y episodios de alteración de conducta cuando el menor no consigue hacerse entender fuera del ámbito familiar.
“Se sigue vulnerando el derecho a la educación inclusiva de nuestro hijo al no aportarle la figura profesional que le corresponde”, señalan los padres, quienes aseguran que continuarán reclamando la aplicación de lo establecido por el TSJCyL y que no se conformarán con perfiles que, a su juicio, no se ajustan a las necesidades del alumno.
La concentración se produce coincidiendo con el inicio del curso escolar y tiene como objetivo, según la familia, reclamar ante la Dirección Provincial de Educación la dotación efectiva del mediador comunicativo reconocido en la resolución judicial.
Los padres anunciaron que permanecerán ante la sede provincial de Educación como muestra de rechazo a la respuesta recibida por parte de la Administración autonómica y para reclamar una solución a la situación del menor.