Ecologistas en Acción señala que el 17% de la población de Castilla y León respiró aire contaminado por encima de los nuevos límites legales

En el segundo año más cálido desde 1961 las peores situaciones se produjeron en las aglomeraciones de León y Valladolid y en el Valle del Tiétar y Alberche (Ávila)

Ecologistas en Acción señaló hoy que el 17 por ciento de la población de Castilla y León, en torno a 400.000 personas, respiró aire contaminado por encima de los nuevos límites legales aprobados para 2030 por el Parlamento Europeo. Tal y como concluye el informe sobre la calidad del aire de la organización, el año pasado, el segundo más cálido desde 1961, se produjeron diversos episodios de contaminación por partículas y por ozono. Las peores situaciones se observaron en las aglomeraciones de León y de Valladolid y en el Valle del Tiétar y Alberche (Ávila).

Por ejemplo, el área urbana de Valladolid incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero las ciudades de Castilla y León, denunció Ecologistas en Acción, “no han implantado las obligadas zonas de bajas emisiones, vencido hace año y medio el plazo legal para ello”.

El informe analiza los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 46 en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan que el año pasado la calidad del aire en la Comunidad ha mejorado respecto a los años 2022 y anteriores a la pandemia, con una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, en porcentajes que oscilan entre el dos y el 57 por ciento respecto a los promedios del periodo 2012-2019.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite aprobados por el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril, que deberán alcanzarse antes de 2030. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2023 a la sexta parte de la población castellana y leonesa, lo que expresa la “magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la nueva legislación”.

Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales. Si bien la estación de El Maíllo (Salamanca), en la Zona Sur y Este de Castilla y León, volvió a superar en el quinquenio 2019-2023 el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el ozono.

Pero si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó en 2023 a la totalidad de la población y el territorio de Castilla y León.

 

Partículas procedentes de África

Ecologistas en Acción achacó estos datos a que 2023 fue seco y el segundo más cálido en España desde al menos 1961. La estabilidad atmosférica activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El alto calor estival contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de julio y agosto. “El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire”, sentenció.

El factor esencial para explicar la caída de la contaminación atmosférica durante 2023 es la evolución de la actividad económica tras la pandemia de la COVID-19. El consumo de combustibles fósiles y electricidad se redujo el año pasado y las fuentes renovables “cubrieron más de la mitad de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas de gas, estando cerradas la mayoría de las de carbón, las más contaminantes”.

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población castellana y leonesa. Las partículas PM2,5 presentaron la peor situación en la aglomeración de León, mientras que en la de Valladolid se incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y el Valle del Tiétar y Alberche (Ávila) superó el nuevo objetivo legal del ozono, que se extendió por el centro y el sur de la Comunidad.

También, el año pasado en Toral de los Vados (León) e Íscar (Valladolid) se alcanzaron niveles elevados del cancerígeno benzopireno, superando la recomendación de la OMS, en el primer caso en relación con la coincineración de residuos en una fábrica de cemento.

 

Problema “de primer orden”

A juicio de Ecologistas en Acción, la contaminación del aire “debería abordarse como un problema sanitario de primer orden”. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2021 fallecieron prematuramente hasta 21.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, en torno a un millar de ellas en Castilla y León, según el Instituto de Salud Global.

Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan, según el Banco Mundial, 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 por ciento del PIB español.
Ecologistas en Acción realizó en 2022 una campaña de medición en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ocho principales ciudades de la Comunidad, con el resultado de que la población infantil “está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire”. Esto “cuestiona además la correcta ubicación de estas estaciones, por lo que no están facilitando información representativa”.

Los planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, “pero en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política”. De hecho, la organización recordó que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de la Junta de Castilla y León “por carecer del necesario detalle territorial en su diagnóstico y medidas, habiéndose elaborado con la única finalidad de aparentar el cumplimiento legal”.

Vencido hace año y medio el plazo para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, las ciudades de Castilla y León “no las han implantado, pese a los abundantes fondos europeos que están recibiendo para ello”. Además, la Junta “no se ha dotado de un protocolo de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire”.

Ecologistas en Acción aclaró que la “única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio”. También es necesario “promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas”.

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