El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León exigió hoy al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, explicaciones y transparencia sobre el tipo de contrato realizado a 235 médicos extracomunitarios sin el título requerido en Medicina Familiar y Comunitaria, que la oposición ve de “dudosa legalidad”.
En una rueda de prensa, los responsables de Sanidad en el Grupo Socialista, Jesús Puente y Diego Moreno, recordaron que durante la pandemia se aprobó un decreto ley que permitía la contratación de esos profesionales pero subrayaron que esa normativa no está vigente desde hace diez meses.
A través de una interpelación en el próximo pleno de las Cortes, la oposición socialista demandará a Vázquez el tipo de contrato que se ha realizado a estos facultativos, el número por provincias y su reparto en las áreas urbanas y rurales.
Sin embargo, pese a expresar “la dudosa legalidad” de los contratos, “que quiebra el principio de igualdad”, Moreno precisó que no se plantean acudir a la justicia, si bien matizó que sí apoyarían un recurso en caso de que fuera presentado por los colectivos o por las sociedades científicas y médicas.
“Pinta muy mal”, añadió Jesús Puente, en relación a que se tipo de contratos se conviertan en definitivos y entre “en colisión con normativa europea”, aunque indicó que la legalidad la tendrán que determinar los tribunales.
Por su parte, Puente se mostró convencido de que estos contratos se realizan en su mayoría en el medio rural por lo que se producirá desigualdad y desequilibrio en la atención entre el medio rural y urbano, a lo que añadió que la Atención Primaria de Castilla y León, con sus consultorios rurales, dejará de ser una referencia en la sanidad española.
“Será el certificado de defunción de la Atención Primaria”, sentenció Puente, en referencia a que estos contratos, lejos de ser coyunturales, se materialicen en el tiempo, cuyo temor expresó al escuchar las manifestaciones de los consejeros de Sanidad y del portavoz de la Junta.
Ambos procuradores lamentaron que la Junta achaque el problema a la falta de médicos, que reclaman al Gobierno, y subrayaron que conocen desde hace años que se iba a llegar a esta situación, sin que se hayan tomado medias, como indicaron que plantea el Grupo Socialista.
Entre las medidas, enumeraron los incentivos para puestos de difícil cobertura, un plan para la fidelización de los MIR (Médico Interno Residente), la convocatoria de todas sus plazas y la petición de más al Gobierno o la creación de grados de Medicina en Burgos y León. Así, Moreno señaló que entre 2012-2019 la Junta dejó sin convocar 441 plazas MIR.
“Mientras se quejan de que no hay médicos están atrapados y paralizados”, aseveró Jesús Puente, que señaló la paradoja de que, por un lado, “vendan un blindaje” por ley de los servicios básicos, y, por otro, el presidente del Colegio de Médicos se decanta por el cierre de los consultorios para “liberar a los médicos de andar por los caminos”, en un tiempo que podrían dedicar a los pacientes.
También, se preguntó qué ha hecho la Junta en estos años y se respondió que “recortes” sin tomar iniciativas, lo que consideró un motivo para la marcha de profesionales a otras comunidades que ofrecen mejores condiciones económicas y laborales. Por el contrario, “el Gobierno ha hecho los deberes”, añadió Diego Moreno.
En relación al pacto por la sanidad ofrecido por el presidente de la Junta y por el consejero del ramo, Moreno preguntó sobre qué y rechazó que sea para “lavar la imagen” y ser “cómplices” de “un desmantelamiento” de la atención sanitaria en la Comunidad. “Ahí no nos van a encontrar”, aseveró.