El sector agroalimentario español reforzó en los últimos meses la búsqueda de mercados alternativos frente a la política arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea porque la exportación es “un pilar fundamental” para el crecimiento de este tipo de industria en Castilla y León y el resto de España.
Así lo aseguró hoy el presidente de Vitartis, Santiago Miguel Casado, quien ejerció de anfitrión en Castilla y León durante el I Encuentro Nacional de presidentes de asociaciones y clústeres regionales de la industria alimentaria, auspiciado por la organización castellana y leonesa, pero que reconoció que ahora que ya se conocen los primeros datos de las exportaciones y el daño causado por los aranceles, “sí que hay ciertos sectores que se están resintiendo”. “Poner puertas al campo no es bueno ni para los países exportadores ni tampoco para los importadores, porque quien termina pagando los platos rotos es el propio consumidor”, reprochó.
En la jornada, según explicó el presidente de Vitartis, “se han compartido experiencias y analizado algunos de los problemas comunes”. Entre ellos, “el laberinto arancelario actual, víctimas de decisiones que perjudican el mercado internacional, en un momento en el que la fragmentación interna de la Unión Europea podría estar debilitando su propia capacidad negociadora ante Estados Unidos y China”.
Según Santiago Miguel, “es probable que esta política arancelaria haya llegado para quedarse”, por lo que es muy urgente “diversificar y abrir nuevos mercados”.
Miguel expuso que las consecuencias de los aranceles se verán reflejados en las cuentas de las empresas a finales de años y mencionó los casos de Estados Unidos y China, este segundo un “referente” para el porcino y ahora impondrá “trabas” a la Unión Europea del 62 por ciento. “Afortunadamente”, matizó, para muchas de las empresas españoles esos aranceles se han quedado en un 20 por ciento, “pero no deja de ser un incremento de costes que seguramente tenga una contracción de la demanda de esos países”.
A partir de ahora, añadió, lo “importante” es “seguir trabajando en la competitividad” y cargó contra el “exceso de regulación, que no ayuda mucho a ello”. A su juicio, “se ponen estándares muy exigentes que luego lastran un poquito la competitividad para competir en los mercados internacionales”. También apostó por buscar mercados alternativos”, porque la industria alimentaria española es “muy potente, con una calidad y una seguridad alimentaria, probablemente, única en el mundo, que sí que se valora en otros mercados, pero los aranceles no dejan de ser una traba”.
Junto a Casado intervino también la directora general de Industria y la Cadena Agroalimentaria, Cristina Frías, quien puso en valor la importancia de la industria agroalimentaria en Castilla y León, “no solo como generadora de empleo y de riqueza, sino como dinamizadora social, sobre todo en el medio rural”; y se refirió a más de 16.000 millones de euros de facturación, más de 44.000 puestos de trabajo y más de 2.800 industrias alimentarias en Castilla y León entre alimentación y bebida.
En este sentido, destacó la apuesta de la Junta por este sector, un “pilar básico”, motivo por el que el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria, en el marco del 2024-2028, pretende poner en funcionamiento 39 medidas al respecto.
Este plan, “consensuado y trabajado” con Vitartis, cuenta con ayudas a la exportación, con más de 312 millones de euros a inversiones. Todo ello, para conseguir una industria que sea “competitiva y que esté bien posicionada en el exterior, sobre todo en estos momentos en los que la amenaza exterior siempre está ahí”.
El 62% de las empresas
Al encuentro celebrado en Valladolid acudieron once asociaciones de la industria alimentaria de toda España, que representan el 62 por ciento de las empresas del sector y el 57 del empleo. Todas ellas coincidieron en expresar su inquietud por la “elevada incertidumbre” que se ha instalado en el comercio internacional, consecuencia de la política arancelaria, generada por Estados Unidos, al que se han sumado las políticas proteccionistas por parte de China y la propia UE. En este sentido se posicionó el presidente del Clúster Alimentario de Andalucía (Landaluz), Álvaro Guillén, quien en declaraciones recogidas por Ical explicó que “ya se han aplicado unos aranceles que no solo han ido a los productos terminados, sino a granel, que en productos del sector agroindustrial afectan muy directamente a sectores altamente competitivos, donde los márgenes son muy estrechos”.
Así, explicó que hay países terceros de fuera de Unión Europea que “están haciendo los deberes muy bien, que no están sujetos a estos aranceles”. “No podemos permitir ceder o perder mercados que venimos trabajando hace muchísimos años”, advirtió.
Más optimista se mostró el presidente de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova), Rafael Juan, sostuvo que a excepción del vino o el aceite, “los sectores más afectados”, el resto “afortunadamente, por ahora, no parece que tenga unas consecuencias excesivamente graves”. En todo caso, defendió que los productos “españoles y valencianos son productos de primera calidad, con una marca excepcional” y se mostró “seguro de que la venta se podrá restablecer”. “La marca España se vende muy bien fuera y creo que hay que ser optimistas”, apuntó Rafael Juan, quien añadió que la presión regulatoria “puede ser una oportunidad cuando se es capaz de superarla mejor que en otros países, como se ha demostrado”.
Presión regulatoria
En este sentido, el presidente de Vitartis lamentó que la presión regulatoria y el exceso de burocracia, “que llega de todas las administraciones, desde la europea a la local”, es uno de los “problemas más graves” a los que se enfrenta la industria alimentaria: el “primero y más importante históricamente”, según los estudios de opinión que se vienen realizando en España.
Las once asociaciones han reiterado su preocupación por “el impacto tan negativo de la presión regulatoria y el exceso de burocracia en todo el ámbito de la UE, tanto por el coste que supone como por la dilación de los trámites, cuyas consecuencias son el alto coste y la merma de la capacidad competitiva de las empresas”.
En opinión de los presidentes de las asociaciones de la industria alimentaria, dijo Santiago Miguel, la UE está dando ahora “pasos positivos”, aunque aún “queda mucho camino que recorrer”. Y recordó que en 2024 se publicaron en España una media de 3,4 normas reguladoras diarias y un tercio de las mismas emanaron de la UE.
Talento y desarrollo rural
La dificultad para incorporar el talento que necesitan las empresas y la reducida dimensión de las mismas fueron los otros dos asuntos tratados en el transcurso del encuentro. Los participantes en el encuentro coincidieron al señalar que “una imagen ciertamente equivocada de la industria alimentaria, la primera actividad del sector industrial español, es una de las causas más habituales de que los jóvenes profesionales opten por otros sectores”.
“Estamos ante las consecuencias de un falso problema reputacional, que se podría ir reduciendo a medida que se conozca suficientemente la realidad del sector, aunque ello nos exija un esfuerzo adicional en comunicación”, dijo Santiago Miguel. En todo caso, añadió, “se trata de un problema importante, que limita el crecimiento y la competitividad de las empresas, sobre todo en el medio rural”. En España, casi el 70 por ciento de los 552.000 empleos directos de la industria alimentaria se asientan en el medio rural.
Dimensión de las empresas
La propia dimensión de las empresas es un factor que limita la competitividad del sector. Las empresas de reducido tamaño no cuentan con el personal ni los recursos adecuados para incorporar las nuevas tecnologías, para afrontar el proceso de digitalización o para acceder a proyectos innovadores… “Se trata de un problema de toda la UE, donde solo el cuatro por ciento de las industrias alimentarias cuenta con más de 50 empleados”. En España, sólo el cinco por ciento de las empresas cuenta con más de 10 empleados.
En el encuentro de presidentes han participado once asociaciones de industrias alimentarias, que operan en nueve comunidades autónomas, en las que se asienta el 62 por ciento de las empresas del sector nacional. Es decir, un total de 17.350 empresas que facturan en conjunto más de 101.000 millones de euros (el 58 por ciento del total del sector) y emplean a más de 300.000 personas (57 por ciento).