Las olas de calor vividas entre los meses de abril y septiembre de este año han provocado que los niveles de ozono hayan “repuntado ligeramente” en Castilla y León, aunque no se ha identificado ninguna población expuesta a niveles superiores al objetivo legal vigente para la protección de la salud. Sin embargo, la única zona donde en el trienio 2021-2023 se ha superado el nuevo objetivo legal propuesto para 2030 por la Comisión Europea, es el Valle del Tiétar y Alberche, que suma 31.000 habitantes, el 1,3 por ciento de la población.
Así se desprende del informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción, analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del pasado año en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas 30 situadas en Castilla y León.
Un informe que constata que los frecuentes episodios de calor de la primavera y el verano han elevado los niveles de ozono, afectando a la totalidad de Castilla y León, mientras que tres sentencias evidencian que la Junta Castilla y León y el Gobierno de España “siguen careciendo de planes eficaces” sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva “que reduzcan los elevados niveles del contaminante más ligado al cambio climático”.
En cuanto a la frecuencia de las superaciones de los estándares de la Organización Mundial de la Salud y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos del diez y el 54 por ciento, respectivamente, en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019 en el conjunto de Castilla y León. No obstante, el “empeoramiento de la situación ha sido en especial significativo” en las aglomeraciones de Burgos y Valladolid, en El Bierzo -en la provincia de León- y en el Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila.
Para Ecologistas en Acción, el cambio climático “se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el aumento de la radiación solar, el alargamiento progresivo de la duración del verano y la reducción de las precipitaciones”, a lo que se sumen otros “inconvenientes” ambientales entre los que en 2023 hay que destacar en “la intensa sequía primaveral y estival”. Por ello, consideraron que debe abordarse “como un problema sanitario de primer orden”, de manera particular en un año en el que el Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Castilla y León 270 muertes por las altas temperaturas.
Administraciones
A pesar de lo anteriormente expuesto, la organización resaltó que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”, ya que “las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono”, lo que “restringe su representatividad”, por lo que solicitaron su reubicación parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En este sentido, Ecologistas en Acción calificó de “inaceptable” que tanto la Junta de Castilla y León y como el Gobierno de España “carezcan de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles de ozono”, a pesar de que en una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha otorgado un plazo de seis meses para que la Junta elabore un plan acorde con la normativa vigente.
Frente a todo ello, EA señaló que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono pasan por “disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas”.
Sin embargo, nueve meses después de finalizar el plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones “ninguna ciudad de Castilla y León ha cumplido formalmente esta obligación legal, pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación”.