La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Maria Pardo, criticó hoy la lentitud de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la hora de combatir la okupación, tal y como se ha puesto de manifiesto en el caso de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde, según explicó, han tenido que ser los abogados los que se han tenido que poner en contacto con Sareb para que esta sociedad reaccione.
Pardo, que recordó que la Junta mantiene un convenio con Sareb por el que esta sociedad ha cedido viviendas a la Junta para destinarlas a personas vulnerables, explicó que desde la Junta se va intentar que Sareb actúe para atajar este problema y lamentó que hasta la fecha en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni siquiera se ha recibido una llamada de interés por parte de Sareb.
María Pardo realizó estas declaraciones durante su visita a la oficina antiokupación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, donde reconoció que además de en Arroyo de la Encomienda, en la provincia vallisoletana también hay casos de ocupación en La Cistérniga y Villanubla.
En su visita, Pardo también manifestó que, además de proteger al propietario, se trata de ofrecer un mensaje de “tranquilidad” y “seguridad” al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler. Así, argumentó que el acceso a la vivienda por parte de las personas vulnerables debe ser abordado por medio del incremento del parque público y de la concesión de ayudas a los más necesitados, a la vez que recordó que la Junta convoca ayudas al alquiler que subvencionan con el 50 por ciento el coste, el 60 por ciento en el caso de los jóvenes y hasta el 75 por ciento en el caso de los jóvenes del medio rural.
Al mismo tiempo, insistió en esta materia la Junta “no puede hacer mucho más” y criticó que la actual Ley de Vivienda, “que a las comunidades autónomas nos ha venido impuesta” este favoreciendo estas prácticas contrarias al estado de derecho.
Tráfico de drogas
A su vez, la directora general de Vivienda explicó que desde la Junta se está detectando que detrás de la mayoría de viviendas okupadas no hay personas vulnerables y sí por bandas que conocen cuál es la situación de las viviendas y que saben que pertenecen a entidades que no se preocupan por su situación. Además indicó que en las mismas se suelen realizar actividades delictivas como el tráfico de drogas, por lo que también es necesario proteger a los vecinos que compraron su vivienda con toda la ilusión y ahora se enfrentan a situaciones desagradable que, en el algunos casos, han acabado con tratamientos médicos.
Las oficinas de información antiokupación han iniciado su andadura en las nueve provincias, fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta y las Cámaras de la Propiedad Urbana. Su finalidad es prestar información especializada en materia de okupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de okupaciones ilegales en curso.
La información está también disponible en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.
En el caso de la provincia de Valladolid, en el primer mes de funcionamiento de la oficina antiokupación se han registrado quince llamadas.