El nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León abre su mandato con los primeros pasos para la elaboración de los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de Medidas, que lo acompaña. Se trata de uno de los principales compromisos del acuerdo de gobierno de PP y Vox, si bien los dos socios han pactado la aprobación de las cuentas de los próximos cuatro años.
Este jueves, el segundo Consejo de Gobierno que celebra el ejecutivo de coalición estableció las primeras tareas relativas al diseño de los presupuestos para 2027, que comenzarán hoy mismo y mañana viernes con el envío de las previsiones de ingresos y gastos por parte de las diez consejerías y la Vicepresidencia Segunda, según informó el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
En ese sentido, la base de las nuevas cuentas, según explicó, será el acuerdo de gobierno que incorpora en total 324 medidas y el discurso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que fue apoyado por las Cortes. El objetivo, señaló, es “traducir ese programa” a “cifras y números”, lo que admitió va a exigir un “esfuerzo” para que haya un presupuesto “equilibrado” entre ingresos y gastos.
Asimismo, el portavoz sostuvo que el pacto recoge algunas medidas ya planteadas con anterioridad, ya sea en los presupuestos de 2026 que no se aprobaron, o durante la pasada campaña electoral de las autonómicas. De esta forma, indicó que se incorporará el “recorte” de impuestos, así como otras iniciativas en materia de gastos como la gratuidad de la primera matrícula universitaria o las ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir, entre otras.
La primera de tarea que se marca la Junta es el cálculo del escenario de ingresos del anteproyecto de presupuestos. De esta forma, los diferentes centros directivos deben remitir la previsión de ingresos correspondiente a 2027 en su ámbito de competencias. Asimismo, se incluirán las cifras provisionales de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica que se comuniquen por parte del Ministerio de Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que habitualmente se celebra a finales de julio.
También, Economía y Hacienda recabará de las diferentes consejerías las propuestas normativas susceptibles de ser incluidas en materia presupuestaria, financiera y administrativa. El texto consolidado del anteproyecto de Ley de Medidas se remitirá para su informe al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo Consultivo de Castilla y León.
Igualmente, se iniciará la elaboración del cuadro macroeconómico, que recoge la previsión de crecimiento de la economía, el déficit público y la evolución del empleo, para fijar el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y los estados numéricos del proyecto de presupuestos.
En paralelo, Fernández Carriedo incidió en que se tendrán que definir qué rebajas impositivas y en qué porcentajes se aplican en 2027. Por ejemplo, el titular de Economía y Hacienda se refirió a la rebaja del 0,25 por ciento del tipo mínimo del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), puesto que el objetivo es alcanzar una reducción del uno por ciento al final de la legislatura.
En definitiva, remarcó que se ponen en marcha todos los trabajos iniciales para trasladar el programa de gobierno a la nueva ley de presupuestos, tanto en el capítulo de ingresos, como en el de gastos, así como en lo referido a las medidas de carácter legislativo. El objetivo, insistió, es que las cuentas se registren en las Cortes antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía, en lo que podía influir que el Gobierno lo haga también antes del 30 de septiembre.
En este momento, Fernández Carriedo aseguró que ya tienen redactada la orden de su departamento que fija las reglas de elaboración de los presupuestos, pero apuntó que no pueden publicarla en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) al no estar aprobada la nueva estructura administrativa. Aunque no está decidido, planteó que la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco podrá gestionar varias secciones presupuestarias al tener diferentes competencias en materias como la vivienda, la despoblación o la igualdad de oportunidades.
Procedimiento
Con ello, el Gobierno autonómico inicia el procedimiento presupuestario, que tras dictarse esta orden, seguirá con la carga de las diferentes partidas y programas, así como con el acuerdo referido al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que debe ser aprobado por las Cortes antes de que se registre el proyecto de presupuestos, que debe llegar a la Cámara antes del 15 de octubre.
La Junta, para ello, debe contar con una previsión sobre las entregas a cuenta de 2027 –en 2026 serán 9.552 millones de euros-, así como sobre el límite de déficit público, entre otros parámetros. Para ello, el Gobierno central debería remitir esta información o introducirla en los presupuestos que ha comprometido para el próximo ejercicio.
Los presupuestos de 2027, una vez se aprueben por las Cortes y entren en vigor, sustituirán a los de 2024, que se prorrogaron tanto en 2025, al no registrar la Junta las cuentas en el parlamento, como en 2026, cuando la oposición tumbó el proyecto enviado por el Ejecutivo en solitario de Alfonso Fernández Mañueco.
Los últimos presupuestos, diseñados para 2026, tenían un montante de 15.715,83 millones de euros y se asentaban sobre una previsión de crecimiento económico del 2,2 por ciento y una tasa de paro del ocho por ciento. La orden de elaboración la firmó Fernández Carriedo el 25 de julio de 2025 y se publicó cuatro días después en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).