La Junta mantiene su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la condonación de la deuda de las comunidades una vez entre en vigor el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de este martes. “Castilla y León está acostumbrada a pagar sus deudas. No queremos pagar las deudas de los demás”, dijo el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien rechazó la posibilidad de que la Comunidad termine aceptando y aprovechándose de algo que consideró “negativo”.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo argumentó que la condonación o quita de la deuda “separatista” no es un “juego de suma cero”, ya que insistió en que los pagos no los hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el conjunto de los ciudadanos españoles, por lo que insistió supone una “mera transferencia”. De hecho, indicó que con el reparto cada ciudadano de la Comunidad soportará una deuda superior en 523 euros más, algo que indicó no pueden aceptar.
En ese sentido, el titular de Hacienda argumentó que la norma que se tramitará a partir de ahora atenta contra el principio de “igualdad” entre los españoles y que perjudica a las comunidades menos endeudadas y que han bajado los impuestos, ya que denunció los criterios y variables que determinan la quita han sido redactados a instancias de ERC y su líder, Oriol Junqueras. De hecho, Fernández Carriedo sostuvo que el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para poder negociar los apoyos a los nuevos presupuestos.
Por ello, Fernández Carriedo indicó que la mayoría de las comunidades no pueden aceptar la propuesta, porque con el “mismo criterio» se avalaría la puesta en marcha de un “cupo separatista». Además, recordó la posición en contra de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), así como de diversos servicios de estudios e institutos económicos. De esta forma, confirmó que la Junta irá al Constitucional si entra en vigor la norma para defender los intereses de la Comunidad.
Igualmente, el consejero portavoz insistió en que Castilla y León y otras comunidades, como las que suscribieron la declaración de Santiago de Compostela, reclaman una renovación del sistema de financiación autonómica, que insistió está caducado desde hace once años. De hecho apuntó que las autonomías exigieron abordar esta cuestión en la Conferencia de Presidentes celebrada a finales de 2024 en Santander, de la que salió el compromiso de celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lamentó dio carta de naturaleza a la condonación de la deuda “separatista”.
De este entonces, apuntó Fernández Carriedo, no se ha vuelto a celebrar otro consejo, órgano que reúne al Gobierno y las comunidades, a pesar de que existe la tradición de convocar este encuentro en el mes de julio. Sin embargo, señaló que se conocen reuniones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, o del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont. Aunque no han trascendido los términos de la negociación, auguró que tanto lo que se ofrece como lo que se pide son cosas “muy negativas” para Castilla y León.
Finalmente, el portavoz de la Junta recordó que Castilla y León defiende que el territorio se tenga en cuenta como un elemento que incrementa el coste de prestar los servicios públicos, pero que también influye en partidas como las referidas a las carreteras o las masas forestales. Sin embargo, recordó que este Gobierno repartió la recaudación del impuesto a la banca en función del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone dar más a los que más tienen.