Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada la distribución fraudulenta de contenido audiovisual en España. Han sido detenidas ocho personas, tres de ellas en Valladolid, acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la propiedad intelectual, tras realizar registros en la capital vallisoletana, Alicante, Málaga y Sevilla.
La organización contaba con un alto grado de especialización tecnológica, la cual les permitía administrar de manera remota a los clientes que contrataban contenido audiovisual deportivo. Más de 18.300 personas habrían contratado estos servicios que eran gestionados desde centros operativos en las provincias de Alicante y Sevilla y la estimación del lucro cesante ascendería 366,2 millones de euros.
La investigación comenzó en febrero de 2022 cuando se identificó a esta organización criminal que se dedicaba a proveer contenido multimedia fraudulento, desde dos centros operativos, a través de IPTV (Internet Protocol Television), mediante la instalación de aplicaciones fraudulentas en tvBox, smartTVs y smartphones, a sus clientes, permitiéndoles acceder a películas, series y eventos deportivos a un precio muy inferior al de mercado.
La organización ofertaba los servicios ilegales a través de una empresa de consultoría de telecomunicaciones que contaba con una sólida estructura de marketing a su servicio. Los integrantes de la red criminal se encontraban en las provincias de Alicante, Málaga, y Valladolid, y su función era comercializar los servicios fraudulentos, maximizando el número de clientes potenciales a obtener y por consiguiente un grave perjuicio económico a los principales perjudicados de este tipo de actividades ilícitas.
El perjuicio económico lo sufrían los titulares de los derechos de difusión del contenido multimedia emitido. Un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, recogido por la Agencia Ical, recuerda que tanto los miembros de esta organización criminal desarticulada, como las personas que contratan servicios fraudulentos investigados son una parte activa a la hora de ocasionar daños a los principales perjudicados de estas actividades, a través del conocido lucro cesante, el cual hace referencia a las ganancias que los perjudicados dejan de percibir como consecuencia de las actividades delictivas investigadas y que estarían estimados en 366,2 millones de euros.
Finalmente, las investigaciones permitieron desarticular esta organización criminal llegándose a realizar un total de cuatro entradas y registros –Alicante, Valladolid, Málaga y Sevilla-, dos de estas entradas en los centros operativos donde gestionaban toda la infraestructura informática que les permitía proveer del acceso ilegal a contenido multimedia de pago a más de 18.300 clientes, desmantelando toda la infraestructura informática que utilizaban. Durante los registros se ha intervenido numeroso material informático -ordenadores, tablets, smartphones y dispositivos de almacenamiento- y se ha detenido a los ocho integrantes de la organización criminal, tres en Alicante, otros tres en Valladolid, uno en Málaga y otro en Sevilla.