El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ejerció hoy como portavoz de los gobiernos autonómicos del PP (Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) para denunciar “la unilateralidad y el autoritarismo” con las que, su juicio, ha actuado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, que se debate hoy en la Conferencia Sectorial.
“Denunciamos la forma y el fondo con los que está conduciendo el Ministerio este tema. Un Ministerio que, en su momento, en la anterior Conferencia Sectorial, hizo política de mano tendida a las comunidades autónomas para buscar el acuerdo y la concertación. Pero no hemos participado en absoluto ni nos hemos sentado en ninguna mesa para tratar este Plan. Exigimos, por lo tanto, respeto al reparto competencial que establece la Constitución”, lamentó el consejero quien, junto al resto de dirigentes autonómicos del PP, firmó y presentó un acuerdo por la vivienda que, entre otras medidas, señala la necesidad de disponer de suelo para la construcción de vivienda social y asequible, exige la protección de las familias en riesgo de pobreza facilitando el acceso a la financiación, apuesta por una fiscalidad adecuada que favorezca el acceso a la vivienda o pide seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para facilitar el alquiler.
“Para nuestros gobiernos, el acceso a una vivienda asequible y adecuada para nuestros ciudadanos, con una mirada especial para los jóvenes, es una prioridad de nuestra acción política, porque es una prioridad en la preocupación social de los ciudadanos”, remarcó Suárez-Quiñones.
En este comunicado conjunto, leído a las puertas del Ministerio antes de la Conferencia Sectorial, el consejero castellano y leonés recordó que los dirigentes firmantes forman parte de “gobiernos que ponen en marcha políticas serias, políticas eficaces y útiles en materia de vivienda”, ya que estos ejecutivos “tienen la voluntad real de solucionar un problema real para los ciudadanos”. “Ejercemos nuestras competencias con seriedad y con rigor”, subrayó Suárez-Quiñones.
En este sentido, las comunidades celebran que el “Gobierno de España, que tiene una competencia no directa, sino que ejerce una competencia indirecta, quiera sumarse a ayudar a estas políticas y, desde luego, a solucionar los problemas de los ciudadanos”, pero no aceptan “que lo haga en la forma que lo está haciendo”.
“Los planes estatales de Vivienda han sido, de forma clásica, unos espacios de concertación de lealtad institucional, donde el Gobierno y las comunidades autónomas nos ponemos de acuerdo en las políticas y en las medidas de esos planes”, enfatizó, haciendo hincapié una vez más en la “lealtad institucional” que, según se subraya en el comunicado, “caracterizan” a los ejecutivos populares. “Entendemos que el unir fuerzas y el trabajar todos juntos nos hará más eficaces para solucionar estos problemas tan importantes de los ciudadanos como son los que afectan a la vivienda”, subrayó el consejero.
Ante esto se encuentran con la forma de actuar del Ministerio que hoy les presenta un borrador del Plan Estatal que los gobiernos autonómicos del PP aseguran “desconocer”, lo que convierte a las regiones “en meras interesadas, directas e indirectas, que participan dentro de la fase de información pública”. “Y no es así. Nosotros tenemos que ser protagonistas principales y partícipes de la configuración de ese Plan que debemos ejecutar y que debemos cofinanciar”, denunció el consejero castellano y leonés que, pese a este malestar de las comunidades populares, señaló que algunos contenidos del plan serán aceptados, pero otros serán rechazados “porque no son eficaces para la solución real del problema de la vivienda”.
“Exigimos que se tome con respeto lo que representamos estas comunidades y ciudades autónomas, el 70% del territorio y el 70% de la población de nuestro país. Y, por tanto, exigimos que la Conferencia Sectorial que vamos a celebrar sea el inicio de un proceso de análisis, de tratamiento y de concertación sobre las medidas del Plan Estatal, con las sesiones y con los grupos de trabajo que sean necesarios para que lleguemos al máximo acuerdo”, remarcó Quiñones que avisó al Ministerio de que las regiones gobernadas por el PP no van a permitir “que se pasen por alto en nuestras competencias, nuestro presupuesto y nuestra acción política”.