Las seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, acusados de estafar a más de 7.000 personas mediante la realización de cursos de formación de fitosanitarios, reconocieron hoy los hechos en la Audiencia Provincial de León, donde llegaron a un acuerdo entre las partes por el que se tendrán que enfrentar a penas de entre 24 y seis meses de prisión.
El juicio por la conocida como Operación Fito se iniciaba en la mañana de hoy para juzgar los hechos que remontan al año 2015, cuando los acusados, encargados de tres empresas, programaban cursos de formación para la obtención del carnet de manipulación de fitosanitarios en la localidad de Villafranca del Bierzo, por los que cobraran entre 100 y 150 euros a personas que en su mayoría procedían de Galicia y a los que hacían creer que necesitaban dicho carnet cuando no era así.
La previsión era que las sesiones se prolongaran hasta el jueves de esta misma semana. Sin embargo, minutos antes de comenzar la sesión, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad, mediante el que el Ministerio Fiscal aplicó a la petición de condena los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación de daños, debido a que “la causa estuvo paralizada de forma ajena a la voluntad de las partes desde diciembre 2018 hasta abril 2023”, así como que los acusados “ya han pagado parte de las indemnizaciones pedidas”.
Así, la Fiscalía solicitó penas de prisión que oscilan entre los 24 y los seis meses de prisión por un delito continuado de estafa en su variante de delito de masa junto con un delito continuado de falsedad en documento. Además, se mostró a favor de la suspensión de las penas de prisión impuestas a los acusados.
En cuanto a la responsabilidad civil solicitada, mediante la que los acusados debían indemnizar alumnos correspondientes por el 25 por ciento de las cantidades abonadas, todos ellos ya han pagado una parte, de manera que tendrán que hacer frente al restante. Por su parte, la Xunta de Galicia deberá declarar nulos todos los títulos emitidos relacionados con el caso.
Operación Fito
La trama se destapó en el año 2016 gracias a una operación coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada y que contó con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.
A raíz de la información y colaboración facilitada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León donde se ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de fitosanitarios para la obtención del carnet, se inició una investigación e inspección de varios de los cursos que se estaban llevando a cabo.
Fue entonces cuando se pudo constatar que varias empresas ofertaban estos cursos de formación compuestos por una primera fase ‘online’ con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con nueve horas. Posteriormente, se detectó que en la fase del curso ‘online’ se estaba haciendo un uso masivo de las mismas direcciones IP por múltiples alumnos y además en unos tiempos muy reducidos, lo que hizo sospechar que eran realizados por robots informáticos o por un mismo usuario que al conocer las respuestas iba contestando las preguntas en el mínimo tiempo posible sin tiempo para leer el contenido ni analizar las preguntas.
Igualmente, la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Junta de Castilla y León, detectó múltiples irregularidades en la fase presencial de los cursos que se estaban desarrollando en diferentes sedes de la comarca de El Bierzo. En algunos casos no se impartía la fase teórico-practica que debe incluir el examen práctico de los elementos a utilizar en la manipulación de productos fitosanitarios, mientras que otras veces los certificados de superación del curso estaban expedidos antes de llevar a cabo los exámenes finales que evaluaban los conocimientos adquiridos.
Asimismo, el examen se realizaba para grupos de más de 50 personas con un único profesor presente, en condiciones de masificación, por lo que se facilitaba el poder copiar. Además, en el caso de que el alumno tuviera problemas de entendimiento en las preguntas los profesores rellenaban, marcaban o señalaban las respuestas. Durante la inspección se intervinieron baterías de 126 preguntas de las cuales 33 estaban remarcadas coincidiendo estas con las 33 preguntas tipo test del examen final.
Los investigados hacían correr el rumor entre los agricultores de que toda persona que tratase con productos fitosanitarios debía de obtener un carnet de manipulador ya que podía ser requerido por el Seprona en las inspecciones que realiza en el campo. Sin embargo, solo es necesario cuando se va hacer un uso profesional y ha de ser presentado en las tiendas del sector pudiendo adquirir una mayor cantidad de producto a menor precio por tener menos IVA.