Los vallisoletanos que fueron multados por uso indebido de un carril bus-taxi entre el 10 de septiembre de 2020 y el 13 de julio de 2022 podrán reclamar esas sanciones, informó hoy el Grupo Municipal del PP, que estima en medio millón de euros la cantidad que podrán recuperar, tras un providencia del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación del Ayuntamiento frente a las sentencias del Contencioso Administrativo y el TSJ que anulan el decreto del plan de movilidad verde.
Cabe recordar que el PP recurrió la aprobación por decreto de este programa en octubre de 2020, porque “estaba mal hecho, no hubo audiencia pública, y cuando se estaba superando la crisis de la Covid, nos encontramos que se modificó sustancialmente la movilidad en la ciudad” por decreto, y no por ordenanza, como tenía que acometerse, lo que generó “atascos, entorpeciendo la circulación” con cambios de sentido, carriles bus-taxi y bici.
Los concejales de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y el de Hacienda, Francisco Blanco, presentaron hoy la providencia del TS que pone fin al proceso judicial que abrieron, y que supondrá también al Consistorio el abono de las costas procesales por 1.000 euros en última instancia así como en las anteriores. Francisco Blanco recalcó que el PSOE en el Ayuntamiento rechazó su recurso administrativamente, y tuvieron que proseguir por la vía judicial.
Acudieron entonces, dijo, al contencioso administrativo, que se pronunció de forma favorable a las tesis del PP, que esgrimió que para “para una modificación sustancial de la movilidad” era necesaria una ordenanza y no se podía acometer “por la vía del hecho”, que “fue lo que se encontró la ciudadanía en su puerta”.
Blanco incidió en que el Ayuntamiento siguió para adelante ante el Tribunal Superior de Justicia, que “dio de nuevo la razón” al PP y fijó que “se multaba con total indiscreción”, por lo que avaló la devolución de las multas. Tras esta sentencia, dijo, se vuelve a producir “una huida hacia adelante” del Ayuntamiento de coalición anterior, que presenta la casación ante el TS, donde “acaba hoy el camino y se confirma la tesis del PP”.
Tras estos «tres batacazos” judiciales, la providencia de hoy pone de relieve el “trampantojo legitimador” que aprobó el equipo de gobierno municipal encabezado por Óscar Puente, hoy ministro de Transportes, que “dio apariencia de legalidad de lo que no se tenía”, dijo Alberto Gutiérrez.
El concejal sentenció que la última resolución supone la recuperación práctica de las sanciones, a través de reclamaciones personales, para los que fueron multados entre el 10 de septiembre de 2020, cuando se probó el decreto, y el 13 de julio de 2022, cuando se hace una ordenanza para responder a los tribunales, aunque se siguió recurriendo.
Asimismo, remarcó que representa “una recompensa moral para nosotros, cuando estábamos en el cuarto oscuro”; y agregó que también representa una “reafirmación legal a nuestro sistema de proceder en el Gobierno”, con la nueva movilidad que “elimina problemas” y que sacaron adelante “escuchando a los ciudadanos y con toda transparencia, a la luz de la ciudadanía” como “marca la ley, con un plan de instrucción pública, y alegaciones”, a través de una ordenanza, “con seguridad jurídica”.
Por otra parte, Alberca se refirió a la sentencia del TSJ que avala municipalizar la gestión del parking de la plaza Mayor de Valladolid, y recordó que fue el PP quien “promovió” en la Comisión de Vigilancia y Control de la Contratación, que “se revisará la concesión”, porque entendían que se había prorrogado pese a que habían entrado en funcionamiento los nuevos acceso. “Promovimos poner orden”, dijo, lo que ha supuesto nuevos ingresos al recuperar la concesión, para indicar que si el PSOE quiere que le feliciten por la sentencia, que haga lo mismo con el PP, por “haber ganado este procedimiento”.