El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comunicó hoy que se pone en marcha el procedimiento de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al entender que el actual convenio de integración ferroviaria en superficie es “papel mojado”, al no avanzar la ejecución de los proyectos de Ariza o Arco de Ladrillo, y al no existir acuerdo en sus órganos internos. “Hasta aquí hemos llegado. Se acabó ya lo que se daba”, sentenció.
“Hay quien quiere seguir bailando la danza del soterramiento. Perfecto, agarrado a nosotros no lo va a hacer. Seguirá bailándola sólo, con los de la Mesa del Soterramiento o con quien quiera, con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el baile no sigue”, afirmó el ministro en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Administración de la entidad, que se celebró durante dos horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid.
De esta forma, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, anunció que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) solicitará la convocatoria de la Junta General de la Sociedad para proceder a la disolución y liquidación ordenada de la misma, si bien para ello necesita una mayoría del 75 por ciento, que no tiene Transportes. En ese caso, avanzó, se denunciará el convenio actual, que recoge la integración de las vías a través de 14 pasos, e irá al juzgado de lo mercantil correspondiente.
“Aquí terminó la historia”, dijo Óscar Puente, acompañado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ya que precisó, la disolución, pactada o en los juzgados, será el “corolario” que apuntó puede durar dos, tres meses o un año. A partir de ahora, recalcó el ministro, una vez abandonada la integración, la Sociedad deja de funcionar y se va a dedicar a su disolución, sin querer cuantificar el impacto que tendrá para las cuentas de la Junta y el Ayuntamiento.
“No va a quedar bien”, dijo Puente sobre la situación financiera que acarreará para Valladolid la liquidación de la Sociedad, porque será un juez quien analice los activos y los pasivos, entre ellos, la deuda de 404 millones de euros. De esta forma, determinará qué parte pone cada uno, puesto que el Ministerio tiene el 50 por ciento de la entidad frente al 25 por ciento del Consistorio de la ciudad y el 25 por ciento de la Junta. Por ello, apeló a las partes a hacer las cosas “de muto acuerdo” y sin “forzar la máquina”.
Sin acuerdo para afrontar nuevos pasos
En su exposición, el ministro alegó que el Consejo de Administración no pudo aprobar por la negativa de la Junta y el Ayuntamiento la licitación de los tres pasos de la vía de Ariza -dos peatonales en la avenida de Irún y otro para tráfico rodado entre Hípica y Adolfo Suárez-, que suponían una inversión superior a los 20 millones. Esto, lamentó Óscar Puente, se produjo a pesar de tener 100 millones de euros en caja y los proyectos aprobados, lo que señaló genera un “perjuicio serio y claro” a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Además, criticó que el Ayuntamiento, que en un inicio exigió la adaptación de los proyectos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la supervisión municipal, ahora alega como “causa mutante” que las obras de la nueva estación de trenes impiden acometerlos porque comprometen la movilidad urbana en una zona en la que señaló, «no hay circulación” al no existir pasos sobre la vía. “El argumento es irrefutable, ¿no?”, dijo, al tiempo que reprochó que no hayan presentado ningún estudio técnico al respecto y que se acometan actuaciones en áreas próximas como Huerta del Rey y el paseo de Isabel la Católica.
Ante esta circunstancia explicó que el Ministerio se ha opuesto a la aprobación del convenio de la dirección técnica de la obra del nuevo paso entre las calles Unión y Pelícano, ya licitado, porque en su opinión no tiene sentido mantener “viva” la Sociedad para acometer este proyecto si no se continúa con el resto de la integración. Este punto tampoco vio la luz, si bien Puente ofreció al Ayuntamiento suscribir un acuerdo para que la obra la ejecute con sus fondos Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), algo que rechazó el alcalde, Jesús Julio Carnero.
También, el Consejo de Administración rechazó la convocatoria de la Junta General para disolver la Sociedad, por lo que será Adif el que la solicite. Según Óscar Puente es “curioso” que mientras el Ayuntamiento y la Junta no quieren avanzar en la integración, se oponen a finiquitar la entidad que lo impulsa. Por ello, advirtió a Carnero que es “perfectamente libre” de mantener su apuesta por el soterramiento, pero sentenció que “no lo habrá en ningún caso”, por mucho que intente seguir “vendiendo el cuento”.
“No habrá integración y no habrá soterramiento”, dijo Óscar Puente, quien lamentó que en su ciudad no sea posible el acuerdo a diferencia de lo que sucede en Granada o Santander. “Hoy el Ministerio cierra una página”, expuso, para añadir que, sin embargo, todavía “dará que hablar”.