La liquidación de la promotora inmobiliaria PYC Ártica, en concurso de acreedores desde hace cuatro años, desembocó en la subasta de cerca de medio centenar de viviendas de protección oficial en Ávila. En concreto, todas corresponden a un bloque situado en la glorieta de la Constitución, en el sur de la capital, que formaba parte de una promoción levantada por la constructora, según un comunicado recogido por Ical.
Las pujas por la subasta de cada una de las viviendas por separado se han abierto de manera escalonada la pasada semana en la página web de Subastas Trademat (www.subastastrademat.com), con fechas de finalización entre el 10 y el 14 de noviembre, en función del lote.
Las 40 viviendas que forman parte de los activos de la empresa, y que ahora se subastan de manera individual con el fin de facilitar la participación, fueron calificadas definitivamente como Viviendas de Protección Pública (VPP) en régimen de alquiler en 2010, por lo que mantienen su régimen jurídico hasta el año 2040.
El sistema de protección pública está diseñado para facilitar el acceso a una primera vivienda a particulares y familias de colectivos vulnerables. “No hace falta ser inversor para pujar en la subasta, pueden participar todos aquellos que cumplan los requisitos para optar a una vivienda de protección pública”, explicó el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz, quien añadió que “al estar los precios regulados por la Junta de Castilla y León, estas viviendas ofrecen “una alternativa real y asequible frente al mercado libre, especialmente en zonas como Ávila, donde la cercanía a Madrid empieza a tensionar los precios residenciales”.
No obstante, dado que la subasta se produce a través de una entidad especializada y siguiendo el plan de liquidación aprobado por el juzgado, las entidades públicas, instituciones financieras y personas jurídicas que opten a la adjudicación no requieren acreditar los requisitos previstos en la normativa de protección oficial.
Cerca de la mitad de las viviendas que salen a subasta en este bloque de la urbanización de Las Hervencias Bajas, de alrededor de 100 metros cuadrados y con garaje y trastero, se encuentran libres y las demás cuentan con contratos de arrendamiento en vigor.
Situación concursal actual
Los concursos de acreedores aumentaron en Castilla y León un 71,7 por ciento durante el primer semestre de 2025, con un total de 917 en contraste con los 534 solicitados durante el mismo periodo del ejercicio anterior. La tendencia al alza, que se repite en toda España, está por encima de la subida que se observa en el conjunto del país, donde los concursos aumentaron de media un 53,8 por ciento, hasta alcanzar los 27.533, según la estadística que elabora el Colegio de Registradores de España, que contabiliza las solicitudes presentadas tanto por empresas como por particulares.
En la provincia de Ávila, los datos arrojan un aumento del 400 por ciento con respecto al primer semestre de 2024, el más alto de Castilla y León, que sin embargo se explica por partir de una cifra pequeña, ya que la variación es de 9 a 45 concursos.
A pesar de la subida general, los concursos de empresa se redujeron un 37,1 por ciento en la Comunidad, en comparación con las mismas fechas del año pasado. En concreto, 56 compañías se han declarado en concurso de acreedores en los seis primeros meses del año, en comparación con las 89 que lo hicieron en el mismo periodo de 2024. Después de Cantabria, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en la que más acusada es la bajada. “Una de las cosas que tienen las crisis es que las empresas que resisten se hacen más fuertes”, explicó Arnaiz, quien aclaró que “sin embargo hay otras empresas que están pasando por momentos muy difíciles, como la construcción, que ve cada día cómo los precios se disparan”.