El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), Juan Carlos De Margarida, exigió hoy al Gobierno una rebaja “inmediata” de los impuestos a los carburantes para evitar la “desproporcionada” subida del repostaje por la guerra en Oriente Medio y frenar la inflación y su impacto sobre la economía.
De Margarida, que presentó el Observatorio Económico correspondiente al 4º trimestre de 2025 del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios), advirtió de que “la inflación va a empezar a descontrolarse” por lo que el Estado debería adoptar esta media de forma proporcionada conforme a la evolución de los precios de los carburantes, pero “debe ser inmediato, no esperar a ver qué pasa”, porque “una vez que suben los precios, bajarlos es muy difícil”.
En este contexto, puso de relieve que la inflación “conllevara altos tipos de interés (vaticinó que podrían elevarse un 0,25 por ciento) para volver a bajarla” a lo que se sumará la “desconfianza” del consumidor, que “agravará la situación”. “La medidas deben ser inmediatas, con la mayor credibilidad y que inspiren la mayor confianza posible”, dijo, para recordar que el encarecimiento de los carburantes acabará impactando en los precios de todos los productos desde las materias primas de las industrias a los de primera necesidad de los supermercados, como recoge Ical.
El economista puso de relieve que la economía de Castilla y León va bien y crece pero los últimos acontecimientos introducen un aumento de la “inestabilidad” y de la “incertidumbre” por lo que “las previsiones pueden cambiar a muy corto plazo”, lo que dependerá de la intensidad y de la duración del conflicto. “Si el conflicto derivara a guerra total regional, todos los países están en la diana y se pasaría de una situación de incertidumbre a una de inestabilidad energética y logística por la crisis de suministros y el aumento generalizado de costes”, dijo, y señaló que el bloqueo total del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, produciría también un bloque comercial que impactaría en sectores como la automoción, y una nueva crisis de componentes llevaría a posibles regulaciones de empleo.
Juan Carlos De Margarida también puso de relieve el impacto energético de una guerra total, en una economía muy dependiente del transporte por carretera, y apunto a la posible reducción de la llegada de inmigrantes, el descenso del turismo y también al sector primario, que podría sufrir costes inasumibles, de gasóleo y fertilizantes, con el consiguiente alza de los alimentos. “No sabemos qué puede pasar”, resumió.
Una economía con fortalezas
Con todo, afirmó que Castilla y León cuenta con una economía con fortalezas, que está entre las mayores por capacidad continuada de crecimiento, basado en el consumo interno y la inversión privada, con un mercado laboral con casi pleno empleo, y fortalecido.
De Margarida defendió que 2026 es “sin lugar a duda, un momento decisivo” para Castilla y León, “marcado por la necesidad reformas estructurales profundas de adaptación al entorno económico y tecnológico actual” para poder hacer frente a la despoblación, la escasez de mano de obra y la reducción de fondos de la UE. “Esto exige una gestión eficiente y una apuesta por la innovación para mantener la actividad y el empleo”, enfatizó, para apelar también a la diversificación de los mercados exteriores ante una desaceleración de las exportaciones y un crecimiento moderado basado en el consumo de las familias. Además, apeló a reformas “urgentes y determinantes” para reducir la burocracia y la presión fiscal, revisar el gasto público para evitar despilfarros y flexibilizar los mercados.
A su juicio, Castilla y León se puede convertir en un “referente del crecimiento” si logra aprovechar sus recursos, atraer talento y crear un entorno atractivo para las empresas y las familias, con reformas estructurales con una visión de futuro. Juan Carlos De Margarida afirmó que el reto fundamental pasa por garantizar suficiente mano de obra y recursos financieros para mantener la actividad y la calidad de vida, evitando la emigración. En este sentido, advirtió de que esto requiere gestión y deseó que la “inestabilidad” no se instale en los gobiernos que deben adoptar las decisiones para ganar el futuro, en un contexto de descenso de los fondos Next Generation de la UE, que condicionará las inversiones públicas.
Con todo, el economista también repasó las debilidades a la que se enfrenta la Comunidad, y apuntó como la principal a la despoblación, junto a atraso tecnológico, sobre el uso de la IA o internet para vender en el medio rural; y la dependencia de un mercado exterior muy reducido, centrado en la UE, a pesar de ser la “joya de la corona” económica de la Comunidad.
Puso sobre la mesa asimismo las dificultades de reducción de deuda que limita el margen frente a crisis futuras; o la ausencia de unos presupuestos, cuando se necesita dinero para invertir en infraestructuras y empresas más potentes. Además, apuntó a la baja productividad de los trabajadores, las dificultades de acceso a la vivienda que frena la movilidad laboral y la llegada de extranjeros; y el aumento de las pensiones, que impacta en el gasto en el resto de servicios.