El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mostró su confianza en que el Gobierno central acabe por incluir en el Plan ICEX de Actuación en materia de Internacionalización las propuestas de la Junta de Castilla y León, como “la reducción del Impuesto de Sociedades, de las cuotas de Seguridad Social o de los costes energéticos” que, a su juicio, servirán para consolidar “las bases de la competitividad de nuestras empresas”.
Este Plan, que ha sido presentado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que complementa las iniciativas de respuesta a los aranceles de Estados Unidos, sí incorpora alguna de las peticiones concretas de la Junta como una partida de 200.000 euros para crear un centro especializado en normativas y procedimientos internacionales; o los 3,4 millones de euros que se destinarán a acciones específicas de promoción de marca de productos claves como el queso, el vino o la automoción.
Asimismo, entre otras cuestiones, Castilla y León recibirá cinco millones de euros para identificar clientes y organizar misiones comerciales en mercados alternativos como Canadá, Qatar o México, al tiempo que se destinará un millón de eros para facilitar la liquidez de las empresas exportadoras, especialmente para afrontar costes arancelarios.
“El ministro no ha dicho que no, pero tampoco nos ha dicho que sí, y por tanto yo espero que estas peticiones que le hemos hecho se tengan en cuenta y se puedan poner en práctica. Insistiremos en ello porque es básico para el futuro”, resaltó Carriedo sobre las iniciativas que, de momento, no se han incluido en el Plan. “Nosotros hemos pedido un esfuerzo vinculado sobre todo a la competitividad”, apuntó el consejero, recordando que Castilla y León es una región “claramente exportadora” como indican los datos. Por ello, la Junta entiende que para “consolidar esa posición” no basta solo “con un esfuerzo comercial para tener presencia en los mercados” sino que, según subrayó Carriedo, es necesario “ser competitivo” lo que pasa “por reducir costes para poder asumir el incremento de aranceles”.
Este Plan en el que el Ministerio de Economía ha trabajado de manera conjunta con las comunidades autónomas tendrá un seguimiento por parte del Gobierno central y de los Ejecutivos regionales, según indicó Carriedo, que confirmó que el ministro Cuerpo les ha citado a mediados del mes de junio. “Hay que tener en cuenta que ha habido un plazo para la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos que esperemos que se pueda aprovechar y se llegue a un acuerdo”, desarrolló el representante del Gobierno regional, que insistió en que “es muy importante” trabajar en junio y julio para estar “preparados” si ese acuerdo no llega y hay que hacer frente a los aranceles definitivos.
“Nosotros lo que hemos pedido también es prudencia”, indicó Carriedo, que enumeró, además, algunas de las peticiones realizadas por el Ejecutivo autonómico: “Que se excluyan algunos sectores productivos de los aranceles, especialmente el sector agroalimentario y el farmacéutico por lo que supone de impacto para las personas que tienen menos recursos y más necesidades; que se tenga en cuenta el impacto que estos aranceles van a tener sobre algunas producciones de Castilla y León; y que tengamos la capacidad de anticiparnos”.
En este sentido el consejero señaló a sectores especialmente señalados en la Comunidad como el del vino, que puede sentirse especialmente perjudicado “como consecuencia de un proceso de aranceles sucesivos entre Estados Unidos y la Unión Europea”. Carriedo también puso el foco en “las importaciones en materia de maíz o de soja, que son imprescindibles para el sector ganadero y vienen de Estados Unidos”.
“Teníamos 90 días (para la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos) y hemos ya consumido el primer mes. Es muy importante este diálogo y la búsqueda de acuerdos”, aseguró Carriedo que pidió aprovechar esta coyuntura política y económica para “mejorar las bases de la competitividad” por lo que volvió a hacer hincapié en las medidas propuestas por la Junta: “Reducir el Impuesto de Sociedades, las cotizaciones a la Seguridad Social y también reducir costes empresariales como puedan ser los costes energéticos”.