Agentes de la Guardia Civil de Soria han lograron desarticular una organización que se dedicaba a la explotación laboral de temporeros que llegaron a la zona de la Ribera del Duero de Soria y Burgos en la campaña de la vendimia. La operación, ‘Machatasha’ se saldó con la detención de seis personas, cinco en Soria y una en Albacete, y la investigación de otras cuatro propietarios de fincas agrícolas. Además, se contabilizan 45 víctimas de origen marroquí, subsahariano y búlgaro entre los temporeros que acudieron “engañados” ante la oferta de trabajo hasta la zona de San Esteban de Gormaz.
El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, acompañado del teniente coronel Sergio Peñarroya, presentaron la operación policial que, “tiene mucho que ver con la trata de seres humanos y la «esclavitud laboral”. El teniente coronel subrayó que los detenidos hacían de intermediarios para facilitar trabajadores a pequeños propietarios agrícolas para realizar las tareas propias del campo. Los agentes recogieron testimonio a 45 víctimas, nueve de ellas en situación irregular en España, con expediente de expulsión tramitados. Ninguno tenía contrato laboral ni estaba dado de alta en la Seguridad Social.
“Estas personas presentaban una situación de vulnerabilidad absoluta y aquellos que eran comunitarios no tenían ningún tipo de contrato de trabajo ni, por tanto, estaba dado de alta en la Seguridad Social. Eran comunitarios y tenían posibilidad de trabajar y los extracomunitarios, la mayoría provenientes de África, tenían expedientes de expulsión del país por su condición de irregulares”.
La operación se inició el 6 de julio, cuando la Guardia Civil recibe una llamada desde el pueblo soriano de Olmillos por una disputa de un propietario de la vivienda y los inquilinos por desavenencias en el pago.
El propietario pretendía echar a los inquilinos que argumentaban que habían pagado unas cantidades económicas por venir de sus zonas de vida para trabajar, y aludieron que “no habían conseguido el trabajo” y requerían que les devolvieran el dinero que habían adelantado como pago.
El propietario manifestó que todo se basaba en contratos verbales. A partir de ese momento, la Guardia Civil identificó a nueve extranjeros africanos, ocho en situación irregular.
El 7 de julio se requirió, de nuevo, la presencia en El Burgo de Osma, donde hubo una alteración de orden público entre ciudadanos búlgaros que discutían por el resultado de las cuentas.
De las dos intervenciones se localizó una tienda de alimentación en San Esteban de Gormaz, regentada por ciudadanos búlgaro. A partir de ahí, la Guardia Civil judicializó el asunto y se declaró secreto sobre las actuaciones.
Tras intervenciones telefónicas en septiembre, se puso de manifiesto existencia de personas españolas y búlgaras que se dedicaban a seleccionar a personas, en su mayoría de origen búlgaro, que llegaban a España pensando que tienen unas condiciones laborales y cuando llegaron a Soria se encontraron con otra bien diferente.
Se les cobraba un precio abusivo por alquiler de vivienda y compra de la alimentación, dos servicios que dispensaba la organización. “La oferta laboral tenía unos condicionantes muy concretos y del sueldo se le retraía la vivienda y la alimentación abusiva e incluso una comisión por encontrarles un trabajo, es decir, funcionaban como una ETT”, indicó.
Peñarroya relató, además que el 27 de septiembre se realizó la explotación de operación, en la que se realizaron tres inspecciones, junto a la Inspección de Trabajo, a otras tantas cuadrillas de trabajadores, dos de Soria y una en Burgos, en la que se ha tomó declaración a trabajadores y se realizó registros domiciliarios en viviendas y en la tienda.
Fruto de las inspecciones en la tienda de alimentación se consiguió incautar documentación bancaria y archivos sobre cobros y pagos que ratifican el engaño al que se sometía a los trabajadores.
Durante la operación se tuvo conocimiento que empresarios sorianos denegaron este tipo de mano de obra, tras ser ofrecida. Además, el teniente coronel precisó “ la doble moral” de algunos ciudadanos que alquilaron sus viviendas y no hicieron más preguntas para no conocer la realidad del destino de la misma.
La organización pagaba entre 12 a 14 euros la hora y la comisión que cobraba era de siete euros, y luego los contratados tenían que descontar gastos, entre ellos el 50 por ciento de los salarios por buscarles el trabajo. “Han llegado a cobrar hasta 100 euros por habitar una vivienda, donde han llegado a compartir colchón 17 personas que no se conocían”, remarcó para insistir en la actuación “negligente” del propietario de la vivienda.
Asimismo, los extranjeros que se ubicaban en origen no tenían dinero para viajar a España, se les adelantaba desde la organización y luego se les cobraba con intereses, según Peñarroya, quien insistió que se les requisaba y las cuentas bancarias y se les amenazaba con que si no cumplían con las condiciones varias personas que estaban en su país de origen se encargarían de su familia.
“Un matrimonio de Bulgaria trabajando un mes consiguieron costear los billetes de ida y vuelta a su país y se llevaron diez euros en metálico y adquirieron una deuda con la organización de 200 euros”, resaltó para agregar que no había ninguna excusa para no poder trabajar a estas personas comunitarias. La operación continúa abierta.
La investigación determinó que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que según la organización se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa. Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.
En ninguno de los casos que se han investigado los salarios llegaban al salario mínimo legal, y generalmente los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir.
La operación fue conocida y coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma (Soria) y la Fiscalía de la Audiencia Provincial.